Cada 18 de julio el país vuelve a escuchar el mismo repertorio de discursos sobre la defensa de la República, la democracia y el Estado de Derecho. Se multiplican las referencias a José Gervasio Artigas, a las libertades individuales y al orgullo institucional de una de las democracias más antiguas de América Latina. Sin embargo, terminado el ceremonial, la Constitución vuelve a ocupar el lugar que la política le ha reservado desde hace demasiado tiempo: el de un texto solemne al que se recurre para los homenajes, pero que con demasiada frecuencia se relativiza cuando exige decisiones incómodas.
La Constitución uruguaya no fue concebida como una declaración poética. Es el contrato que limita el poder del Estado y protege al ciudadano frente a los abusos, las omisiones y la arbitrariedad. Su razón de ser consiste en garantizar derechos, establecer responsabilidades y recordar que ningún gobierno está por encima de la ley.
Pero la distancia entre la letra constitucional y la realidad cotidiana resulta cada vez más difícil de ignorar.
El derecho a la protección de la salud pierde contenido cuando miles de usuarios enfrentan listas de espera interminables, servicios colapsados o dificultades para acceder a una atención oportuna. El derecho a la seguridad se resiente cuando la violencia y el delito condicionan la vida diaria de los ciudadanos. El derecho a la educación se debilita cuando persisten brechas que condenan a generaciones enteras a menores oportunidades. La igualdad ante la ley se vuelve una promesa incompleta cuando la capacidad de ejercer derechos depende, en los hechos, de la condición económica o del acceso a recursos.
No se trata de afirmar que la Constitución haya dejado de existir. El problema es más sutil y, precisamente por eso, más peligroso: la normalización de su incumplimiento parcial.
En Uruguay se ha instalado una cultura política donde muchas obligaciones constitucionales parecen transformarse en metas aspiracionales.
La Constitución, sin embargo, no distingue entre gobiernos de izquierda, de derecha o de centro. Sus obligaciones alcanzan a todos por igual. También su incumplimiento.
La degradación institucional rara vez comienza con grandes rupturas. Empieza cuando se acepta como normal aquello que debería escandalizar. Cuando las excepciones se convierten en regla. Cuando los ciudadanos dejan de exigir el cumplimiento de sus derechos porque asumen que reclamar resulta inútil. Esa resignación constituye uno de los mayores triunfos del fracaso político.
Si no hubiera fueros para los políticos, este país si sería una Suiza, pero roban tanto los políticos que así estamos
Lo arriba escrito es una verdad absoluta y que debería golpear como un ladrillazo en la cabeza de quienes piensan y actúan como si el Estado de Derecho y sus normas no existieran.
Los compromisos que la constitución exige no son negociables y quienes proceden en forma que contradice lo establecido no sólo permiten la delincuencia sino que son de hecho delincuentes esllos mismos.
La normalización del incumplimiento de lo establecido en la Carta Magna de esta república es lo que refleja las carencias de la sociedad que debe vivir bajo sus reglas.
Lo más importante es que los gobiernos de turno tomen inmediata conciencia de lo que incluye el ser y el estar en el gobierno, y cuanta más conciencia tengan y más presente esté en sus actos el texto constitucional, más justo y efectivo será el resultado de su gestión.