En el escenario político uruguayo, la discusión sobre el futuro de las empresas de servicios públicos ha alcanzado un punto álgido. Con la propuesta de Alejandro Sánchez de abrir estas empresas al mercado de inversiones de acciones, la defensa de las entidades estatales se ha vuelto más urgente que nunca. En este contexto, la prensa se ha convertido en un bastión para salvaguardar lo que consideran un patrimonio nacional.
Las empresas públicas de servicios en Uruguay, como UTE (Usinas y Trasmisiones Eléctricas) y ANTEL (Administración Nacional de Telecomunicaciones), han sido históricamente pilares del desarrollo social y económico del país. Su naturaleza pública ha garantizado no solo precios accesibles, sino también un acceso equitativo a servicios esenciales para todos los ciudadanos. La prensa, consciente de esta realidad, ha alzado la voz en defensa de estas instituciones.
Editoriales y artículos de opinión han enfatizado que la privatización o la apertura al mercado de acciones podría significar la pérdida de control estatal sobre sectores clave. Las experiencias de otros países que han privatizado sus servicios han sido citadas como advertencias sobre el aumento de tarifas y la reducción de la calidad del servicio.
La propuesta de abrir las empresas a inversiones externas recuerda la visión de José Mujica, quien, aunque promovió la participación estatal, también planteó la necesidad de adaptarse a un mundo cambiante. Sin embargo, la interpretación de Sánchez de esta visión ha generado controversia. Para muchos, su enfoque se aleja de los principios de justicia social y equidad que deben regir los servicios públicos.
La prensa ha subrayado que permitir la entrada de capitales privados podría llevar a un enfoque en el lucro en detrimento del bienestar del ciudadano. Los defensores de las empresas estatales argumentan que la misión de estos servicios no debe ser la rentabilidad, sino el servicio a la población.
Las encuestas muestran un fuerte apoyo de la ciudadanía hacia la permanencia de las empresas públicas en manos del Estado. Manifestaciones y foros comunitarios han proliferado, donde se discuten los riesgos de la privatización. La prensa ha cubierto estos eventos, dando voz a los ciudadanos que temen que un cambio en la gestión afecte su acceso a servicios básicos.
Los artículos resaltan la importancia de la participación ciudadana en este debate. Se plantea que los uruguayos tienen el derecho de decidir sobre el futuro de sus servicios públicos, y que cualquier iniciativa debe ser discutida a fondo con la población.
La defensa de las empresas de servicios públicos en Uruguay se ha convertido en un tema de gran relevancia. La prensa, actuando como guardiana de los intereses del pueblo, ha resaltado la importancia de mantener estas instituciones bajo control estatal. La propuesta de Alejandro Sánchez, aunque provocativa, ha encontrado una fuerte resistencia en un país que valora su patrimonio público.
Mientras el debate continúa, queda claro que la lucha por preservar lo público frente a los intereses del capital privado es un tema que moviliza a la sociedad uruguaya. La pregunta que queda en el aire es: ¿será posible encontrar un equilibrio entre modernización y justicia social en el manejo de los servicios públicos?
Hasta ahora las empresas públicas han sido un bastión de seguridad
No hemos tenido buenas experiencias con privados y no es culpa de los uruguayos
La fórmula para que las empresas públicas funcionen más dinámica y propiamente debe ser casi igual a la de una institución bancaria.
El dueño y administrador es y seguirá siendo el Estado, pero permitiendo un «ahorro» en las mismas en la forma de adquisición de acciones, de las cuales el Estado conservará ad perpetum el 55% de las mismas.
De la misma manera que un banco paga intereses, la empresa estatal pagará un dividendo. Ese dividendo saldrá de las ganancias de la empresa, no destinándose nunca más del 45% de esas ganancias al pago de los dividendos, y destinando el 55% restante a mejoras de servicios e infraestructura. De esta manera no habrá ningún «take over» por ningún «accionista mayoritario» ya que éste será siempre el Estado mismo. Y el número de acciones por individuo o familia o institución será limitado, evitando así la acumulación de acciones por un mismo individuo o entidad.
Es una modalidad que sin ser una «privatización» per se debe considerarse como una «participación pública activa» en la integración de capital hacia el funcionamiento del ente estatal.
La inyección de capital así obtenido mediante la participación privada podrá invertirse en todo lo que esté destinado al crecimiento de la empresa en estructura y al mejoramiento de los servicios al usuario.
El factor a destacar es que al igual que los bancos, las empresas estatales nunca tendrán como dueños a quienes «ahorren» en ellas. Los accionistas serán partícipes de las ganancias y si la empresa no genera ganancias suficientes pues no habrá dividendo alguno a pagar, por lo cual deberá haber un límite de rentabilidad, debajo del cual el ente no pagaría dividendos, esto por razones de mantener asegurada la viabilidad funcional de los servicios.
Es de destacar que la idea de privatizar totalmente las empresas estatales es mala por principio, pues una empresa privada no es una institución de caridad, sino todo lo contrario, siempre tiene fines de lucro, si no es así pues no tiene razón de existir. En cambio una empresa estatal tiene como finalidad la de prestar un servicio y cualquier beneficio positivo se debe reinvertir en la mejora y ampliación del servicio que presta por obligación y no en llenar los bolsillos de un «dueño» de empresa, siempre libre de hacer lo que quiera, desde criar telarañas en los billetes en su caja fuerte a comprarse un nuevo avión o un yate italiano…
El beneficio, sin duda alguna, sería beneficioso para ambas partes y apuntaría hacia una nueva etapa de crecimiento general, movilizando y rotando capitales inactivos, que todos sabemos que existen, alrededor y fuera del país.
También la inversión en una empresa estatal por parte del público traería más transparencia y haría su gestión más visible a los ojos de los usuarios (evitando robos tipo Sendic a Ancap y parecidos).
Las empresas existentes solidificarían su estructura y también, poqué no, tal vez permitirían resucitar empresas estatales «congeladas» que en el pasado tuvieron buena actuación pero por diversas causas financieras, económicas y delictivas pues quedaron al mínimo o ya no funcionan más.
Quién no quisiera ver otra vez una AFE recorriendo el país y uniendo cada rincón a otro, brindando un servicio competente, costeable, puntual y prolijo a industrias y pasajeros, o una Pluna volando a través de países y continentes, o una Antel con su propia red de satélites comunicando en voz e imagen alrededor del mundo…
Pues sí, soñar no cuesta nada y ni Richard Branson ni Elon Musk estarían interesados en ser ser «socios minoritarios» en estas empresas, pero tal vez muchos de nosotros sí, y por algún lado hay que empezar.
Hasta ahora funcionan con cierta seguridad
En caso contrario sería distinto