El juez del Tribunal Supremo de Perú Juan Carlos Checkley ha ordenado decretar siete días de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo mientras se lleva a cabo la investigación en su contra por un supuesto delito de rebelión, después de que anunciara la disolución del Congreso.
El magistrado accede así a la petición de la Fiscalía que argumentó que la medida era necesaria para seguir con las investigaciones orientadas hacia, por ejemplo, identificar qué otros funcionarios habrían participado en la decisión de Castillo de poner fin al Congreso, establecer un gobierno de excepción y convocar nuevas elecciones legislativas. Castillo fue detenido el miércoles tras ser destituido por el Congreso después de que este anunciara su disolución. Según ha confirmado el propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el expresidente peruano fue interceptado cuando pretendía dirigirse hacia la Embajada de México en Lima.
Tras prestar declaración en la sede de la Prefectura de Lima, Castillo ha sido trasladado a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), en el distrito de Ate, en Lima, centro penitenciario en el que se encuentra también el expresidente Alberto Fujimori.
Tras su destitución y posterior detención, y tal como marca la Constitución, ha sido asumido por la que era hasta entonces la vicepresidenta, Dina Boluarte.
Solicitud de asilo
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado que Pedro Castillo contactó con ellos para pedir asilo político en la Embajada mexicana en Lima, sin embargo, fue interceptado y detenido por las autoridades, que le han acusado de un presunto delito de rebelión tras anunciar la disolución del Congreso y el establecimiento de un gobierno de excepción. López Obrador ha señalado que le avisaron de que Castillo se dirigía hacia la Embajada, pero ha lamentado que «seguramente ya tenían intervenido su teléfono», por lo que «ni siquiera pudo salir» y «lo detuvieron de inmediato».
«Al poco tiempo tomaron la Embajada con policías y también con ciudadanos», ha contado el mandatario, quien ha informado de que pidió al ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, para que hablara con el embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, para «que le abrieran la puerta, con apego a nuestra tradición de asilo». El presidente mexicano ha demandado a las autoridades peruanas que respeten los Derechos Humanos» de Castillo, que «actúe con legalidad verdadera» y «se proteja a su familia». Por otro lado, ha señalado que por el momento no romperán relaciones con Perú, si bien ha pedido «esperar unos días».
«Vamos a esperar unos días, creo que es lo más adecuado. No es nuestro propósito intervenir en asuntos intentos, lamentamos mucho eso sí, que estas cosas sucedan, porque sufre el pueblo», ha dicho en su matutina comparecencia ante la prensa. Al igual que han hecho otros líderes de la región, como el presidente colombiano, Gustavo Petro, López Obrador también ha alertado de que lo sucedido en Perú, ya se pudo ver en eventos similares en países como Brasil y Argentina.
«Es importante recoger la lección, porque esto se está aplicando en distintas partes, son golpes blandos, ya no es la intervención militar, es ir con el control de los medios de información que manejan los oligarcas de los países», ha dicho.
El objetivo de estas maniobras, ha denunciado, e «ir socavando a las autoridades legal y legítimamente constituidas, más si se trata de gente sufrida del pueblo, o que quiere hacer algo en beneficio del pueblo y no pertenece a las élites». «Cuanto más se desligue el comportamiento de las élites de los sentimientos del pueblo, mejor, porque muchas veces aquí y en cualquier parte, las decisiones de las élites no tienen nada que ver con los sentimientos y el beneficio de los pueblos», ha expresado López Obrador.
