El problema de la seguridad ciudadana tiende a complejizarse en la gran mayoría de los países de América Latina y ello obedece a que las modalidades de contención que se vienen aplicando, carecen de la eficacia necesaria.
Existe un enorme andamiaje internacional conformado por tratados y acuerdos consensuados y adoptados en los máximos órganos de acción multilateral. Estos, al ser homologados por los países miembros, se despliegan a través de una compleja red de instrumentos jurídicos y operativos para perseguir y desalentar la producción de drogas, su traslado desde los centros de producción hacia los lugares de consumo intermedio y final. En los puntos intermedios y finales es donde se llevan a cabo los procesos de comercialización con todos los riesgos e impactos negativos que ello significa para la ciudadanía y los entornos barriales. Finalmente se conforma una abigarrada red de instrumentos de control a nivel bancario, financiero y en el campo de la gestión escritural, orientado a detectar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos. Los elevados márgenes de ganancia que genera esta actividad ascienden, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUDD, a cifras que se ubican en el entorno de los 700 mil millones de dólares anuales a nivel global.
Pero la acción dominante tiene una lógica que tiende abordar el problema desde una perspectiva demasiado amplia, es decir, yendo desde lo más general hacia lo más particular y concreto.
Entonces las políticas se fijan a partir de grandes directivas generales, que luego a través de los particulares mecanismos y estructuras de cada nación, se van canalizando a través de la capilaridad institucional disponible. Este proceso se enfrenta a los problemas que significa el poder de soborno y corrupción que el narco delito genera desde abajo hacia arriba, trepando la cadena institucional y afectando órganos de represión policial, del aparato de justicia hasta llegar inclusive al financiamiento de campañas políticas.
La pregunta que habría que hacerse es que sucedería si se invierte la estrategia. Si el diagnóstico y la formulación de lineamientos de acción se realizara a partir del reconocimiento directo de los diversos problemas desde una perspectiva que jerarquice lo local. Y desde ese conocimiento íntimo y particular, alentar con recursos suficientes la capacidad de generar respuestas concretas. Entonces no se respondería solamente a tendencias estadísticas, sino a fenómenos particulares que afectan a niños, jóvenes y familias. Y esos problemas serían percibidos como dinámicas de inseguridad, de adicciones, como problemas de deserción escolar, falta de oportunidades, insuficiente infraestructura urbana y comunitaria. Se identificarían de manera precisa problemas de marginación y las debilidades de la presencia del Estado.
Se propone evaluar la convenienca de invertir la lógica de abordaje y darle mucho mayor énfasis a la capacidad de diagnóstico y generación de respuestas desde los ámbitos municipales y locales.
Se trata en esencia de no perder la riqueza de la diversidad que solo puede ser captada suministrando instrumentos y capacidades reales de decisión a los municipios.
¿Es posible jerarquizar lo local? ¿Tiene sentido asumir como válido que la excesiva centralización le quita especificidad a la comprensión de los problemas de los ciudadanos en su condición de vecinos? ¿Que las soluciones que se deben impulsar deben rescatar la naturaleza concreta de los problemas en su expresión local?
La lógica que se propone consiste en invertir los modelos prevalentes y darle a las instancias locales, es decir, a las alcaldías y los municipios la capacidad suficiente para diagnosticar sus problemas en materia de seguridad ciudadana. Y para que ello pueda tener operatividad, dotar a esas instancias en permanente interacción con sus comunidades y organizaciones civiles, de instrumentos de diagnóstico multisectoriales y herramientas de formulación y gestión de políticas.
De ese modo la prevención del delito y sus efectos colaterales como lo son la expansión de las adicciones en niños y jóvenes, el ausentismo y el fracaso escolar, la falta de instrumentos para incentivar a niños y jóvenes en actividades culturales y deportivas, la insuficiencia de programas de capacitación laboral articulados al mundo del trabajo, podrían abordarse desde sus realidades más concretas y específicas.
Jerarquizar lo local es un desafío necesario, pues significa tender redes de responsabilidad social y política a partir de la interacción directa con las comunidades y sus organizaciones.
Hoy la tecnología disponible permite el desarrollo de plataformas de interconexión que le den a las experiencias locales la posibilidad de fluir por canales de soporte mutuo e intercambio activo de experiencias.
Este aspecto le confiere al modelo transparencia y alienta una mayor democracia participativa. Al socializar las responsabilidades de diseño y gestión, se promueve el protagonismo de la acción local y ciudadana para comprende los problemas que afectan sus realidades y generar respuestas viables. La seguridad ciudadana es un ámbito en el que confluyen aspectos educativos, sanitarios, de equipamiento comunitario, tratamiento de adicciones y consumos problemáticos, asistencia y apoyo a las familias, políticas hacia jóvenes, tratamiento y prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria, entre otros aspectos.
Es un camino que vale la pena explorar de manera inmediata porque apunta a restaurar aspectos esenciales del ejercicio democrático, para promover la responsabilidad compartida en la gestión del desarrollo.