Lacalle Pou señala que no es el momento para impulsar a nivel parlamentario una ley por allanamiento nocturnos

Desde Alianza Nacional se estaba impulsando fuertemente una de las principales ideas de Jorge Larrañaga.

Casi tres años después de que la habilitación de los allanamientos nocturnos fueran desestimados en un plesbicito, el tema vuelve al tapete. El asunto fue impulsado por legisladores del propio Partido Nacional, pero el presidente les transmitió a los legisladores que no es momento de debatir este tema. El presidente de la República les solicitó postergar esta discusión, ya que se está muy cerca de un reciente referéndum. Desde el Ministerio del Interior y por algunos legisladores del Partido Nacional se entendía conveniente impulsar la aprobación de una modificación constitucional que permita tener esta herramienta jurídica, considerada por las autoridades policiales como la «bala de plata» necesaria para lograr el cierre aún más masivo de las bocas de pasta base. El artículo 11 de la Constitución, lo indica claramente: «El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley». Por esta razón la única forma de habilitar los allanamientos nocturnos sería con una modificación o anulación de este artículo. 

Quienes cuestionan el mismo indican que esta vigente desde 1830 y en él hay algunos elementos perimidos por el tiempo. Los más batllistas dicen que lo «sagrado» debía haberse eliminado ya en las reformas que comenzaron en 1918, para sacar el elemento religioso en un Estado laico y se habla de «consentimiento de su jefe», en masculino, cuando hoy día son cientos de miles las jefas de hogar. Otro tema no menor es el concepto de «la noche». para 1830, la noche comenzaba cuando se ponía el sol y terminaba cuando este salía. O sea las horas varían según las estaciones del año y en invierno puede ir «la noche» desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana.

Hay quienes opinan que en realidad los allanamientos nocturnos se pueden realizar mediante el artículo 85, dónde se indica que compete a la Asamblea General. En el punto 20, se señala: «Interpretar la Constitución, sin perjuicio de la facultad que corresponde a la Suprema Corte de Justicia». O sea, la Asamblea General podría interpretar el Artículo 11, para definir hacia que apunta y descartar que «un hogar» sea por ejemplo un lugar dónde se venden drogas.

Cambios propuestos

En 2019, el por entonces pre candidato a la Presidencia, Jorge Larrañaga, proponía una plesbicito en el cual se proponían cuatro temas: creación de una Guardia Nacional (militar) con efectivos de las Fuerzas Armadas del Uruguay, cumplimiento de las penas (prohibición de libertad anticipada para determinados delitos graves), cadena perpetua revisable y allanamientos nocturnos. La propuesta de reforma constitucional no fue aprobada, al haber recibido el respaldo del 46,83 % de la ciudadanía. Uruguay y Portugal son los únicos páises del mundo que bajo ninguna circusntancia se permiten este tipo de allanamientos.

Dentro del Partido Nacional se indica que la causa de la falta de respaldo popular fue por el artículo que hacía referencia a crear una Guardia Nacional y descartan que el tema de los allanamientos nocturnos influera en la baja votación. 

Ahora está nuevamente el anuncio de otro intento para cambiar el artículo 11. Este cambio constitucional tiene dos instancias: una parlamentario y otra de decisión ciudadana.

La semana pasada el senador nacionalista Carlos Camy puso nuevamente el tema sobre la mesa. Camy, de Alianza Nacional, era uno de los hombres de confianza de Larrañaga a nivel legislativo.

En el programa «Arriba Gente» (Canal 10) y al ser consultado sobre las prioridades del país, dijo que los allanamientos nocturnos «es una prioridad, es uno de los temas importantes que tiene por delante el Uruguay y lo vamos a impulsar». Camy recordó que el exministro Larrañaga, le había manifestado la importancia de contar con esta ley para una mayor efectividad en la lucha contra el narcotráfico.»Tengo redactado el proyecto de ley. Lamentablemente falleció Jorge Larrañaga, y después la propia dinámica de la política y la pandemia, llevó a que se fuera postergando», decía. Su idea pasa por impulsar este proyecto utilizando el literal B del artículo 331 de la Constitución, dónde se puede reformar la Constitución, con leyes que reúnan dos quintos de la Asamblea General. Esto deben ser refrendado por la población en la próxima elección que se realice, o sea en 2024.

«Herramienta fundamental»

Tras la propuesta de Camy el tema tomó un fuerte estado político. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que los allanamientos nocturnos son una «herramienta fundamental» para combatir principalmente el microtráfico. En una reciente visita al interior, manifestó no entender «cómo se puede cuestionar una herramienta que realmente es necesaria». Aunque aclaró «vamos a esperar a que el Parlamento tenga sus tiempos. Acabamos de salir de un referéndum y hemos estado muy enfrentados en esa instancia». Para el jerarca «está el tema sobre la mesa y se trata de una herramienta indispensable para que la policía pueda combatir a las bocas de drogas». Y en su entender para ganar la guerra al narcotráfico, este mecanismo es la clave.

El diputado colorado Ope Pasquet también se manifestó a favor de los allanamientos nocturnos, y calificó la normativa del artículo 11 como «“vetusta y anacrónica”. “Si hay una propuesta de enmienda constitucional yo la voto» dijo, aclarando que para cambiar la Constitución hay que impulsar una reforma de la misma. 

También opinaba el senador Sebastián Da Silva, quién se manifestó de acuerdo con analizar el tema, pero dijo que por el momento son otras las prioridades, como el combate a la inflación. “Si tú me decís ¿es la urgencia que tiene el senador Da Silva?, la respuesta es no. El senador Da Silva está más preocupado por otros temas mucho más cotidianos”, indicó en canal 5.

Pero horas después salía a terciar en el tema el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Se comunicó con legisladores de su sector político y les expresó que no era partidario, por el momento, de tratar este tema a nivel del palacio de las leyes. El canal VTV citó fuentes del Palacio Legislativo e indicó que el mensaje de Lacalle Pou es que se está muy cerca de un reciente referéndum que polarizó a la sociedad, por lo cual no era el momento de sacar a la palestra otro tema polémico.

Policía a favor, con reparos

También opinó sobre el tema el presidente de la Institución de Derechos Humanos (INDDHH), Juan Faroppa. Según su criterio no es necesaria la reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos. Este concepto es basándose en el artículo 85 de la Constitución.»El ejemplo que siempre pongo es el de los bomberos, si usted se le está incendiando su casa, no piden una orden constitucional» dijo. Acotó que cambios de este tipo se deben realizar «mediante una discusión seria. Manteniendo lo que se establece en la constitución se pueden hacer las distinciones de lo que puede ser un allanamiento, o de lo que puede ser un registro o un ingreso de morada en caso de extrema necesidad».

La posición del funcionariado policial es a favor de esta herramienta de combate contra el narcotráfico, aunque con reparos. La vicepresidenta del Sindicato Policial de Montevideo (Sifpom), Patricia Noy, dijo que «continuamente nuestros compañeros de la Dirección Nacional de Drogas nos dicen que serían una ayuda» los allanamientos nocturnos. Pero existe un elemento que no es menor: las condiciones para realizar un operativo de este tipo. Noy dijo a Telemundo (canal 12) que se necesitan «garantías para los efectivos y para la ciudadanía, por que no es lo mismo» que llevar adelante un allanamiento diurno. «De noche tenés visibilidad disminuida del peligro que puede haber alrededor», dijo. Para los allanamientos nocturnos se precisa un entrenamiento especial, cámaras GoPro (de filmación) y principalmente miras nocturnas. Realizar un operativo nocturno es uno de los procedimientos más peligrosos para la policía. 

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