La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, afirmó que concurrirá a la interpelación del 10 de diciembre con “toda la información que se requiera” en torno al contrato con el astillero español Cardama y la denuncia presentada por presuntas irregularidades en la construcción de las OPV (Patrulleras Oceánicas). La jerarca, sin embargo, dejó entrever malestar por la manera en que se fijó la fecha de la convocatoria: dijo haberse enterado por la prensa y señaló que, en el pasado, existía un canal de comunicación formal que esta vez no se respetó.
La ministra habló con los medios durante la inauguración de la nueva Unidad Especializada en Género del ministerio, pero buena parte de las consultas recayeron sobre el caso Cardama, la denuncia en curso y la futura comparecencia parlamentaria. Allí confirmó que se evalúa ampliar la denuncia penal a raíz de documentos recientemente divulgados y reiteró que, si existiera una instancia de negociación con el astillero, Uruguay debe asumir “un rol más protagonista”.
Expectativas para la interpelación
Lazo sostuvo que la interpelación es “absolutamente válida” desde el punto de vista del contralor parlamentario, y que responderá “todo lo que corresponda” sobre el objeto inicial de la convocatoria, esto es, la rescisión del contrato con Cardama. No obstante, advirtió que la dinámica de los hechos “llevó el tema por otro lugar”, en referencia a la aparición de documentos, el avance de la investigación penal y los intercambios posteriores con el astillero.
“Cuando se planteó la interpelación, el objeto era por qué el gobierno uruguayo toma la decisión de rescindir un contrato. Creo que ese objeto ya hoy no está sobre la mesa, porque han surgido elementos nuevos que tienen su propio canal”, señaló. Con ello apuntó a la división entre lo que compete al análisis político del contrato y lo que pertenece estrictamente a la investigación penal, liderada desde Presidencia.
Posible ampliación de la denuncia
Consultada sobre si el Ministerio de Defensa ampliará la denuncia, la ministra fue clara: “Amerita hacerlo”. Los nuevos documentos, dijo, aparecieron “no sé cómo, pero aparecen hoy”, dejando entrever su preocupación por la forma en que ciertos materiales se filtran a la prensa antes de llegar a las autoridades.
Lazo recordó que el equipo legal de Presidencia es quien dirige la acción judicial, pero confirmó que Defensa “trabaja en conjunto” y acompaña las actuaciones. La denuncia inicial se presentó por entender que existían elementos con “apariencia borrosa” que no podían ser ignorados. “Por un lado está la construcción de las patrulleras —un proyecto que continuó porque es una necesidad real para la Armada— y por otro lo que se encontró en la documentación. Eso corre por su propio canal”, dijo.
Negociación con Cardama y “nuevo rol” del Estado
En los últimos días, el astillero Cardama expresó públicamente su voluntad de reunirse con autoridades del gobierno uruguayo. Sin embargo, Lazo afirmó que no recibió ninguna comunicación formal al respecto y que, si existen planteos dentro de una instancia de negociación, estos deben gestionarse por los canales oficiales ya establecidos. “Parece como que estamos salteando situaciones que eran de orden protocolar”, advirtió.
La ministra sostuvo que, si se abre una nueva etapa de negociación con Cardama, Uruguay debe asumir “un rol mucho más protagonista”, tanto en el seguimiento del proceso como en el control de cómo se cumplen las obligaciones. “Nosotros pagamos por un servicio, por lo tanto tenemos derecho a opinar y a que se tome en cuenta qué queremos y qué necesitamos”, afirmó.
En ese contexto, defendió el trabajo de los veedores uruguayos en Vigo y rechazó cualquier cuestionamiento sobre su solvencia técnica. “Son nuestros representantes y les tenemos absoluta confianza. Desmerecer su trabajo es algo que no se me ocurriría”, dijo. Añadió que la sobriedad y la prudencia en las declaraciones públicas forman parte esencial del proceso de negociación.
La seguridad marítima y la necesidad de las OPV
Consultada sobre si los recientes hechos vinculados al narcotráfico refuerzan la necesidad de contar con las patrulleras, Lazo respondió que la urgencia no es nueva y que la discusión sobre las capacidades de vigilancia marítima de Uruguay lleva más de una década.
“Estoy leyendo actas de 2014, cuando el entonces legislador Luis Rosadilla planteaba la necesidad de contar con estos elementos”, señaló. A su juicio, la realidad del crimen organizado en la región hace aún más evidente la importancia de disponer de medios modernos para la vigilancia de fronteras, pero insistió en que la solución no depende solo de la flota. “Las patrulleras son una necesidad, sí, pero también lo es la capacitación permanente, el recambio generacional y la incorporación de tecnología para enfrentar amenazas como los ciberataques”, expresó.
Cambios en las formas y clima político
Lazo también reflexionó sobre lo que definió como un “cambio en las formas” de relacionamiento institucional. Aseguró que había un acuerdo previo con legisladores para encontrar el mejor momento para la interpelación, en consideración al tratamiento del Presupuesto Nacional en curso, pero que finalmente no fue consultada antes de fijarse la fecha.
“Nadie se comunicó conmigo oficialmente. Yo me enteré por la prensa”, dijo. Frente a ello, sostuvo que Uruguay tiene una tradición de comunicación formal entre poderes del Estado que no debería perderse.
Mirando hacia diciembre
A tres semanas de la interpelación, la ministra se prepara para un debate que, según anticipó, será amplio pero condicionado por los límites naturales de la investigación penal. “Voy a responder todo lo que tenga que ver con el objeto de la interpelación”, aseguró, aunque consideró que muchos de los planteos iniciales ahora coexisten con hechos posteriores que corren “por otra vía”.
Mientras tanto, la negociación con Cardama permanece en un plano discreto, la denuncia podría ampliarse en los próximos días y el Ministerio de Defensa busca encauzar el proceso dentro de un marco de institucionalidad y sobriedad que —según Lazo— debería ser la base de cualquier resolución.
Ampliación de la denuncia
El gobierno uruguayo incorporará esta semana nueva evidencia a la denuncia penal por el caso de las patrulleras oceánicas encargadas al astillero gallego Cardama. Se trata de un informe notarial español que concluye que el acta de manifestación presentada por la empresa —y utilizada para respaldar la garantía de fiel cumplimiento emitida por Eurocommerce Bank— es “absolutamente falsa”.
El documento, de 43 páginas, fue elaborado por el notario madrileño Ignacio Martínez-Gil y remitido a Uruguay el 8 de noviembre. Su contenido, al que accedió la prensa española, respalda de manera contundente las sospechas expresadas semanas atrás por el notario Luis Calabuig de Leyva, cuya supuesta firma aparecía en el acta presentada por Cardama. Calabuig había afirmado públicamente que era “posible” que su rúbrica fuera apócrifa y, al día siguiente, formalizó una denuncia policial en Madrid.
Martínez-Gil no escatima críticas al analizar las copias del acta entregadas por Cardama al Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Las describe como una “clara falsificación” realizada por alguien “absolutamente ignorante” de la normativa notarial española. Señala irregularidades que considera groseras, como la aparente extracción del último folio de una copia auténtica para luego adherirlo a un documento falso impreso en papel timbrado ordinario.
El informe también señala contradicciones temporales que considera “ontológicamente imposibles”: el acta tiene fecha del 25 de noviembre de 2024, pero las copias presentadas en Uruguay figuran como expedidas un día después, pese a que el documento afirma que ya existían otras copias emitidas el 14 y el 18 de noviembre. “No cabe expedir copia de un documento no otorgado y que todavía no existe”, afirma el profesional.
La garantía de fiel cumplimiento fue emitida por Eurocommerce Bank, una entidad británica sin actividad real, que recientemente fue retirada de los registros comerciales del Reino Unido. Esa garantía, por más de cuatro millones de euros, era indispensable para habilitar el pago de la primera cuota del contrato firmado en diciembre de 2024, valuado en unos ocho millones de euros.
El informe sostiene que el acta falsa buscaba “reforzar la apariencia de regularidad” de la operación y que el MDN está “plenamente legitimado” para requerir información al notario supuestamente autorizante. Esa documentación será incorporada por Presidencia y Defensa a la ampliación de la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos, a cargo del fiscal Alejandro Machado.
La investigación también tomará en cuenta advertencias previas realizadas por el estudio Delpiazzo Abogados durante la etapa de negociación con Cardama, cuando señaló inconsistencias en la documentación presentada por el astillero. Aún no está claro quiénes participaron en la maniobra, pero el informe abre una nueva línea de indagación sobre la autenticidad de los documentos que respaldaron la operación.
