La reciente reforma implementada por el Ministerio del Interior en el mes de abril, responde a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y fue también propuesta en el informe de diciembre de 2024 del Grupo de Trabajo sobre Ciudadanía Legal y Nacionalidad de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). La medida iguala la identificación de ciudadanos legales y naturales en Uruguay, al eliminar referencias al país de origen en los pasaportes y documentos oficiales.
Esto representa un avance significativo tras años de reclamos de organizaciones migrantes. Según explicó Leroy Gutiérrez, integrante de la agrupación Somos Todos Uruguayos, el problema radicaba en una antigua interpretación jurídica, “En Uruguay se interpretan como dos ideas separadas [ciudadanía y nacionalidad], mientras que en el Derecho Internacional de Derechos Humanos se entiende como sinónimos”. Esta concepción, basada en los postulados del constitucionalista Jiménez de Aréchaga en los años 40, generó una brecha que dejó a miles de personas sin un reconocimiento pleno. “Hay quienes piensan que los ciudadanos legales son eternamente extranjeros, porque los únicos que pueden ser nacionales son los ciudadanos naturales”, agregó.
A partir de esta medida, todos los pasaportes uruguayos – tanto de ciudadanos naturales como legales – consignan únicamente el código “URY” en el nuevo campo “Nacionalidad/Ciudadanía”. Además, se eliminó la mención al lugar de nacimiento, con el objetivo de evitar distinciones innecesarias.
La reforma corrige una situación que afecta a más de 20.000 personas con ciudadanía legal en Uruguay, quienes durante años vivieron en una especie de limbo jurídico, representando un avance significativo en materia de política migratoria y derechos humanos. Desde 2015, los pasaportes electrónicos emitidos a estos ciudadanos los clasificaban como extranjeros, lo que provocó rechazos en aeropuertos y controles migratorios en el exterior.
La denuncia fue impulsada con fuerza a partir de 2021 por la agrupación Somos Todos Uruguayos, y llegó incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2024.
En respuesta, el Estado reconoció la necesidad de revisar su normativa. Se conformó un grupo de trabajo interinstitucional coordinado por la INDDHH, del que participaron diversas organizaciones y autoridades: la agrupación Somos Todos Uruguayos, el Servicio Económico para la Dignidad Humana, la Asociación Civil Idas y Vueltas, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Director Nacional de Migración y miembros del Parlamento. Como observadores, también participaron el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones).
Sobre la base del análisis se recomendaron cuatro medidas clave: reformar los documentos de identificación, promulgar una ley interpretativa, aprobar una ley de nacionalidad y evaluar una reforma constitucional.
La Dra. Carmen Rodríguez, presidenta de la INDDHH, valoró el cambio como un avance relevante en derechos humanos “Uno de los temas que más planteaban era el de no poder viajar con documentación nacional. Eso implicaba una serie de dificultades que ahora no se están generando”, subrayó.
Rodríguez aclaró, que el informe no representa una posición institucional cerrada, sino un relevamiento de insumos para seguir avanzando en soluciones legislativas. “Tenemos otra serie de situaciones que no fueron solucionadas, como el acceso a la nacionalidad para las personas que caen en la apatridia. Y eso es un tema importantísimo que no está solucionado.” explicó.
Además de la incidencia de organizaciones como Somos Todos Uruguayos, la agrupación Tiempo de Avanzar también jugó un papel activo en el proceso. Su vocera, la Ing. Leydis Aguilera, ciudadana legal uruguaya nacida en Cuba, destaca que esta conquista no responde únicamente a un reclamo por documentación, sino a una búsqueda más profunda de reconocimiento.
Aguilera explicó que “No se trata del pasaporte en sí, ni de borrar nuestro país de origen. Es sentido de pertenencia y arraigo. La mayoría de los ciudadanos legales hemos echado raíces acá, trabajamos, votamos, contribuimos al país. No somos aves de paso, y por tanto no tiene sentido seguir siendo tratados como tales.”
Remarcó además que el derecho a la identidad y a la igualdad había estado vulnerado durante años, con consecuencias dolorosas en la vida cotidiana “He vivido personalmente situaciones de desamparo en aeropuertos, en las que me retuvieron por tener un documento que no era reconocido. Te separan de tu familia, te interrogan, perdés un vuelo. Sentís que no sos ni de acá ni de allá.”
Desde su colectivo, también fueron parte del diálogo con autoridades del Ministerio del Interior en el período anterior, lograron receptividad por parte de jerarcas como Luis Alberto Heber y Pablo Abdala, quienes en 2023 informaron que se avanzaría en la emisión de nuevos pasaportes.
A su vez, llama a la sociedad uruguaya a abrazar esta transformación con una mirada más amplia, “Uruguay no solo es el país que nos abrió las puertas. Es nuestra patria. Entonamos el himno con la misma devoción que quienes nacieron aquí. La migración no es solo un fenómeno social: es cultural, político y humano. Y quienes vivimos bajo este cielo celeste, somos todos uruguayos.
” relató.
El país da un paso hacia una ciudadanía sin distinciones, aunque persisten desafíos, continúa el trabajo en la plena garantía de derechos para todos sus ciudadanos.
