Cuando una noticia incómoda, cuando una investigación periodística revela irregularidades o cuando una opinión desafía el relato dominante, el debate rara vez comienza por analizar los hechos. El primer reflejo suele ser otro: desacreditar a quien los comunica. En Uruguay, demasiadas veces, preferimos matar al mensajero antes que escuchar el mensaje.
No es un fenómeno nuevo. Se ha repetido durante décadas con distintos protagonistas y en escenarios muy diversos. Cambian los nombres, cambian los gobiernos y cambian las circunstancias, pero la mecánica permanece intacta. Si una investigación pone en evidencia errores de gestión, la discusión deja de centrarse en la información publicada para desplazarse hacia el periodista, el medio de comunicación o las supuestas intenciones de quien decidió hacer pública esa información. La pregunta deja de ser «¿es cierto?» para convertirse en «¿quién lo dice y por qué lo dice?».
Ese desplazamiento no es inocente. Es una estrategia de poder. Cuando no resulta sencillo refutar los hechos, resulta mucho más conveniente cuestionar la credibilidad del emisor. Se siembra la duda sobre las motivaciones, se atribuyen intereses ocultos, se habla de operaciones políticas o económicas y, finalmente, el contenido termina perdiéndose en una discusión estéril sobre la identidad del mensajero.
La consecuencia es preocupante. Una democracia saludable necesita que las ideas puedan confrontarse libremente y que las denuncias sean investigadas por su mérito, no por la simpatía o antipatía que despierta quien las formula. Sin embargo, en Uruguay persiste una tendencia a personalizar el debate hasta vaciarlo de contenido. Se responde con etiquetas en lugar de argumentos y con descalificaciones en lugar de evidencia.
El periodismo independiente suele ser uno de los principales destinatarios de esa lógica. Cuando un medio publica información que afecta a un gobierno, una empresa, un sindicato o una organización influyente, rápidamente aparecen intentos por etiquetarlo como oficialista, opositor, militante o funcional a determinados intereses. La clasificación importa más que la información. El objetivo consiste en que el público deje de preguntarse si los hechos son verdaderos para comenzar a preguntarse quién financia al medio, qué intereses representa o cuál sería su agenda política.
Pero esa práctica tiene un costo enorme para la calidad institucional.
Las sociedades maduras no construyen su debate público sobre simpatías personales sino sobre evidencia verificable. La fortaleza de una democracia no reside en proteger a los gobiernos de las críticas, sino en garantizar que esas críticas puedan formularse libremente y que las instituciones respondan investigando los hechos cuando corresponda.
Matar al mensajero nunca elimina el problema que denuncia. Si un hospital funciona mal, desacreditar al periodista no mejora la atención médica. Si existe corrupción, atacar al medio que la revela no hace desaparecer los hechos. Si una política pública fracasa, descalificar a quien lo señala no transforma automáticamente el fracaso en éxito. La realidad conserva una característica incómoda para el poder: sigue existiendo aunque nadie quiera hablar de ella.
Las redes sociales han profundizado este fenómeno. La velocidad con la que circulan las opiniones favorece la polarización y convierte cualquier información en una batalla de identidades. Importa menos la consistencia de los datos que la pertenencia del emisor a uno u otro bando. El algoritmo premia la indignación y castiga la reflexión. En ese contexto, resulta mucho más sencillo organizar campañas de descrédito contra periodistas, académicos o ciudadanos que detenerse a examinar la consistencia de los argumentos que presentan.
Uruguay ha construido históricamente una reputación internacional basada en la fortaleza de sus instituciones, la libertad de prensa y la calidad de su convivencia democrática. Precisamente por eso debería aspirar a un debate público más exigente. Una sociedad segura de sí misma no teme a las preguntas incómodas. Tampoco necesita silenciar a quienes investigan o cuestionan al poder. Al contrario, entiende que la crítica responsable constituye un mecanismo indispensable para corregir errores y fortalecer la confianza ciudadana. Quizás haya llegado el momento de modificar esa vieja costumbre nacional. En lugar de preguntarnos quién trae la noticia, deberíamos preguntarnos si la noticia es cierta. En lugar de etiquetar al periodista, deberíamos examinar la documentación que presenta. En lugar de buscar culpables por haber informado, tendríamos que exigir respuestas a quienes administran los asuntos públicos.
Porque cuando una sociedad dedica más energía a destruir al mensajero que a comprender el mensaje, termina renunciando a una de las condiciones esenciales de toda democracia: la posibilidad de conocer la verdad, aunque resulte incómoda.
