La ANEP dejó sin efecto la Ordenanza de Carreras de Posgrado, aprobada en el período anterior, y que promovía y regulaba la formación de posgrados docentes por parte del Consejo de Formación en Educación (CFE). La norma, propuesta por el IPES que entonces yo dirigía, fijó estándares y procedimientos, fue aprobada por el CFE, homologada por ANEP y publicada en el Diario Oficial. El nuevo Consejo la derogó optando por convenios pagos con una universidad argentina y la realización de posgrados de UDELAR. Las nuevas autoridades gremiales del CFE promovieron la derogación a través de una revisión jurídica que, paradójicamente, reconoció la competencia de la ANEP para brindar esa formación, pero que igual derivó en anular la homologación de CODICEN argumentando problemas formales de distribución de atribuciones entre la ANEP y el CFE y no por falta de un sustento legal. Las observaciones podían haberse corregirse mediante ajustes puntuales, por lo que la decisión revela la voluntad política de anular la realización de posgrados propios del CFE a través del IPES.
La Ordenanza de Posgrados se había aprobada por el CFE anterior el 15 de noviembre de 2024, mediante la Resolución N.º 43 del Acta N.º 37 y se elevó al CODICEN para su homologación. Ella sustituía y modernizaba el obsoleto reglamento de posgrados del 2009, impulsando la realización de una oferta propia ajustada a criterios contemporáneos de calidad, créditos académicos, flexibilidad curricular, modalidades digitales, evaluación, investigación e internacionalización.
Regulaba diplomaturas, especializaciones, maestrías, doctorados y actividades posdoctorales, y creaba una Comisión Nacional de Posgrados, comités académicos y procedimientos comunes para aprobar y gestionar los programas. Era una política centrada en la posgraduarización de la formación docente como acontece a escala global y amparada tanto en la Ley General de Educación (LGE) y la propia LUC, como en las orientaciones de la UNESCO a través de la CINE. La propuesta recibió el aval de la Asesoría Jurídica del CFE y la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas del CODICEN. La Asesoría Letrada del CODICEN en su momento advirtió que la potestad de aprobar la Ordenanza correspondía al órgano rector, no directamente al CFE, pero consideró subsanable ese defecto formal mediante la homologación. Sostuvo claramente que el artículo 31 de la LGE habilitaba esta política para desarrollar posgrados en educación. El CODICEN homologó la Ordenanza por la Resolución N.º 2895/024, dispuso su publicación en el Diario Oficial y con ello en el IPES comenzamos a formular múltiples propuestas de maestrías y especializaciones que fueron elevados al CFE en su momento.
En 2025, el nuevo gobierno, dentro de su estrategia de “Demolición educativa”, promovió su derogación bajo su estrategia de promover la Universidad de la Educación (UNED) como requisito para ofertar posgrados, más allá de su falta de sustentación. Con esta decisión política, hubo cambió de criterio y el Informe N.º 108/25 de la Asesoría Letrada interpretó que, mientras la formación docente no adquiriera carácter universitario, el organismo no podía impartir diplomaturas, maestrías o doctorados que exigieran un título universitario previo. Sin sustento legal, afirmó que una institución que otorgaba títulos de grado no universitarios tampoco podía expedir títulos de posgrado universitarios y que los programas superiores solo podían instrumentarse mediante cotitulaciones, convenios o procedimientos de reconocimiento. Con ese fundamento, el CFE aprobó la Resolución N.º 57 del Acta N.º 33, de 19 de septiembre de 2025, solicitando al CODICEN dejar sin efecto la Ordenanza.
Sin embargo, la División Jurídica del CODICEN, en su Informe N.º 982/25, formuló una interpretación sustancialmente diferente y rechazó que el CFE debiera transformarse en una institución universitaria para ofrecer posgrados, señalando claramente que el artículo 31 de la Ley General de Educación atribuye a la ANEP la formación inicial, continua y de posgrado en educación y que desconocer esa facultad implicaría renunciar a una competencia legal. Su informe distinguió entre posgrados universitarios y no universitarios y observó que la Ordenanza no calificaba sus títulos como universitarios, y que nada impedía, por tanto, que el CFE regulara, ofertara y certificara una formación de posgrado no universitaria dentro de sus competencias.
Pese a ello, por razones formales – y seguramente políticas-, la División Jurídica recomendó retirar la homologación, argumentando que algunos artículos atribuían al CFE potestades que eran reservadas al CODICEN tales como aprobar y modificar planes de estudio, reconocer equivalencias, autorizar cotitulaciones y celebrar convenios. También objetó la insuficiente definición de los cargos, el financiamiento y las atribuciones del comités académico de Posgrados. En ese marco, el 10 de febrero de 2026, mediante la Resolución N.º 0097/026 del Acta N.º 2, el CODICEN dejó sin efecto la Resolución N.º 2895/024. No derogó la resolución originaria del CFE, sino que retiró la homologación y privó de eficacia a la Ordenanza. Fue una decisión política contraria a la Ley y a la propia autonomía del ente, orientada a favorecer la gestión de los posgrados educativos por la UDELAR y a sostener el argumento falaz de que se requiere la creación de la UNED para ofrecer posgrados en educación. La controversia no recaía sobre la competencia legal, sino sobre qué órgano debía ejercer esas potestades, cosa ilógica ya que el CFE depende del CODICEN. Confundir una distribución interna de atribuciones con una prohibición general de ofrecer posgrados fue una respuesta falaz y política, y a la vez perjudicial para los docentes.
