El pasado 24 de marzo volvió a ser una fecha de enorme densidad política y simbólica. A medio siglo del golpe de 1976, y pese a la distancia temporal, multitudes en todo el país se movilizaron —de forma organizada y espontánea— para reafirmar valores profundamente democráticos: el rechazo al autoritarismo y la defensa irrestricta de los derechos humanos.
Esa movilización también revela otra Argentina: una sociedad con reservas éticas y políticas que, de articularse, podrían constituir un contrapeso real frente a políticas que amplios sectores perciben como excluyentes, regresivas o directamente lesivas para la mayoría.
El golpe es pasado, pero también es presente. Si se lo reduce a su dimensión militar, es cierto que el rol político de las Fuerzas Armadas ha cambiado sustancialmente. Sin embargo, una mirada más amplia permite entenderlo como un momento clave dentro de una disputa histórica por el modelo de país.
En ese entonces, se enfrentaban dos proyectos: uno que aceptaba un lugar subordinado en la economía global, centrado en la exportación de materias primas y el endeudamiento; y otro que aspiraba a mayores niveles de desarrollo productivo, autonomía y bienestar social.
Las élites económicas optaron por el primero. Se definieron como parte de “Occidente”, lo que en los hechos implicó una inserción dependiente en el sistema internacional. Esa orientación persiste, aunque hoy con un campo popular debilitado en lo político, económico y cultural. Las sucesivas experiencias neoliberales consolidaron la desindustrialización, redujeron el papel del Estado y deterioraron capacidades educativas y culturales. La deuda externa, a su vez, funcionó como un mecanismo de disciplinamiento desde el exterior.
Desde 1976, el eje de la política argentina se ha desplazado. No hubo un simple péndulo entre modelos opuestos: las transformaciones impulsadas por las derechas —en muchos casos de carácter rupturista— modificaron de forma duradera la estructura social. Ni el radicalismo de Alfonsín ni los gobiernos kirchneristas lograron revertir esos cambios de fondo.
Persisten pilares centrales de ese orden, como la Ley de Reforma Financiera de 1977 o el peso estructural de la deuda externa. Para los gobiernos de orientación popular, estas herencias operan como restricciones; para los proyectos actuales, en cambio, funcionan como soportes.
A esto se suma una dificultad persistente en el campo nacional y popular: la escisión entre política y economía. Sin una comprensión integrada de ambas dimensiones, los éxitos electorales resultan insuficientes si no están acompañados de estrategias profundas de transformación estructural.
En los últimos días, la discusión sobre la modificación de la Ley de Glaciares expuso con crudeza los límites del sistema democrático. Bajo la forma de una “audiencia pública” restringida, se avanzó en decisiones que afectan recursos estratégicos como el agua, con escasa participación social efectiva.
El contraste es evidente: en una sociedad altamente conectada, sería posible promover instancias de consulta más amplias. Sin embargo, prevalecen mecanismos cerrados que facilitan decisiones alineadas con intereses corporativos.
El problema no es nuevo. A lo largo de estas décadas se han acumulado prácticas que distorsionan la representación: desde campañas basadas en promesas incumplidas hasta presiones económicas, mediáticas y judiciales que condicionan la voluntad popular.
Esto obliga a revisar críticamente qué se esperaba de la democracia y en qué medida ha derivado, en algunos aspectos, hacia formas de concentración del poder más cercanas a una plutocracia que a un sistema representativo pleno.
El terreno de la memoria también es escenario de conflicto. Determinados discursos buscan reinterpretar el pasado reciente, relativizando responsabilidades o introduciendo lecturas sesgadas.
La desinformación no es un fenómeno marginal, sino un componente central en la disputa política contemporánea. La circulación de versiones inexactas o directamente falsas no solo distorsiona el debate histórico, sino que impacta en la comprensión del presente.
En paralelo, la situación internacional atraviesa una fase de marcada inestabilidad. Las tensiones en Medio Oriente, con foco en Irán, ya están teniendo consecuencias económicas concretas: aumento en los precios de la energía, volatilidad en los mercados financieros y un riesgo creciente de desaceleración o recesión a escala global.
En este contexto, varios de los principales fondos de inversión del mundo han enfrentado retiros significativos de capital, una señal clara de desconfianza entre los inversores. A su vez, distintos indicadores económicos reflejan un escenario cada vez más incierto. Incluso referentes de peso dentro del sistema financiero advierten sobre posibles escenarios extremos, especialmente en torno al precio del petróleo y su impacto en la economía mundial.
Frente a este panorama, resulta inquietante la falta de respuestas a nivel nacional. La ausencia de políticas preventivas o de estrategias orientadas a mitigar los efectos externos deja a la economía expuesta. Esto implica que cualquier shock internacional puede trasladarse de manera directa a la vida cotidiana: mayores precios, deterioro del empleo y pérdida del poder adquisitivo.
En definitiva, en un mundo cada vez más interconectado y vulnerable a crisis externas, la inacción local no solo agrava los riesgos, sino que también amplifica sus consecuencias sobre la población.
La masividad y la vitalidad del 24 de marzo plantean un interrogante central: ¿puede esa energía social traducirse en una renovación de la política?
Las movilizaciones en defensa de los derechos humanos, del ambiente o de las condiciones de vida delinean, aunque de forma fragmentaria, un posible programa popular. Sin embargo, ese potencial requiere organización, conducción y proyecto.
En un mundo que atraviesa transformaciones profundas, incluso los actores más poderosos reconocen la magnitud de los desafíos. Frente a eso, resulta llamativa la falta de propuestas estratégicas desde sectores que aspiran a representar mayorías.
La “transfusión” a la que alude esta reflexión no es otra cosa que la necesidad de trasladar esa energía social a la esfera política, revitalizando un espacio que hoy aparece debilitado. Sin ese paso, la distancia entre la sociedad movilizada y la dirigencia seguirá ampliándose, con consecuencias difíciles de revertir.
