Mentiras, excesos y una Justicia en el medio

En tiempos de alta polarización, la relación entre política y Justicia vuelve a tensarse hasta niveles preocupantes. Lo que debería ser un equilibrio delicado entre poderes se transforma, cada vez más, en un terreno de disputa donde abundan los excesos discursivos, las acusaciones sin sustento y las intromisiones indebidas. El resultado es previsible: una creciente erosión de la confianza pública.

Por un lado, sectores de la oposición insisten en construir un relato donde el Poder Judicial aparece como una estructura cooptada, funcional a intereses políticos o directamente atravesada por prácticas “mafiosas”. En ese marco, figuras como Cristina Fernández de Kirchner han reiterado denuncias de persecución judicial, apuntando contra jueces y fiscales sin aportar pruebas concluyentes. El problema no es solo la gravedad de esas afirmaciones, sino su reiteración como estrategia política.

La llamada “causa de los cuadernos” se convirtió en el epicentro de este discurso. Allí, las acusaciones contra el accionar judicial se apoyan más en interpretaciones que en hechos verificables. Sin embargo, el expediente ha atravesado múltiples instancias, incluyendo revisiones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habilitó la continuidad del proceso. Esto no implica la inexistencia de errores o irregularidades —posibles en cualquier sistema judicial—, pero sí plantea un interrogante: ¿es verosímil sostener que todo el entramado judicial actúa bajo una lógica conspirativa?

El riesgo de este tipo de discursos es claro. Cuando se desacredita de forma sistemática a la Justicia sin fundamentos sólidos, se debilita uno de los pilares centrales del sistema democrático. La crítica es legítima y necesaria, pero pierde valor cuando se transforma en una herramienta de victimización o movilización política.

Por otro lado, el oficialismo tampoco contribuye a ordenar el escenario. Declaraciones del presidente Javier Milei anticipando fallos judiciales o expresando opiniones sobre causas en trámite cruzan una línea delicada: la de la independencia de poderes. La Constitución es clara al respecto, y cualquier señal en sentido contrario no hace más que alimentar sospechas y tensiones.

A esto se suman intervenciones de funcionarios como el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien en sus apariciones públicas ha deslizado posibles desenlaces judiciales en causas sensibles como el caso $LIBRA. Más allá de la intención, el efecto es problemático: se instala la percepción de que el Poder Ejecutivo no solo opina, sino que conoce —o pretende influir— en decisiones que corresponden exclusivamente al ámbito judicial.

Así, el escenario se vuelve paradójico. Mientras una parte de la oposición denuncia una Justicia parcial, el gobierno emite señales que pueden interpretarse como injerencia. Ambos extremos terminan alimentando el mismo problema: la desconfianza.

En un país atravesado por la incertidumbre económica y social, la solidez institucional debería ser un punto de apoyo, no un nuevo foco de conflicto. La Justicia, con sus limitaciones, sigue siendo el ámbito donde se dirimen responsabilidades y se garantiza el Estado de derecho. Convertirla en un campo de batalla política sólo contribuye a debilitarla.

Recuperar la confianza exige algo más que discursos. Requiere responsabilidad, prudencia y respeto por los límites que establece el sistema democrático. Ni las acusaciones sin pruebas ni las intromisiones indebidas son caminos viables. Porque cuando la política invade a la Justicia —o la deslegitima sin fundamentos—, lo que se resiente no es solo una institución, sino la credibilidad del sistema en su conjunto.