En los últimos años, México ha dado pasos históricos en materia de igualdad de género. Uno de los avances más significativos ha sido la consolidación de la paridad en todo: la Constitución mexicana establece la paridad obligatoria en los tres poderes del Estado y en todos los órdenes de gobierno. Esta transformación normativa ha tenido efectos concretos. Actualmente, más del 50% del Congreso de la Unión está integrado por mujeres, lo que convierte a México en uno de los países con mayor representación femenina en el mundo.
A ello se suma un hito que marca un antes y un después en nuestra historia política: por primera vez, tras más de 60 presidentes hombres, una mujer —Claudia Sheinbaum— encabeza el Poder Ejecutivo Federal. Su llegada a la Presidencia no es un hecho aislado, sino el resultado de décadas de lucha de mujeres que abrieron camino desde lo local, lo comunitario, lo académico y lo político. En palabras de la presidenta, “es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres”, subrayando que la llegada de una mujer a la Presidencia no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso colectivo: “no llego sola, llegamos todas.” Es también la expresión de una ciudadanía que entiende que la democracia se fortalece cuando refleja la diversidad de su sociedad.
Sin embargo, la igualdad no se agota en la representación. México ha avanzado hacia el concepto de igualdad sustantiva, que implica no sólo igualdad formal ante la ley, sino la eliminación de las brechas estructurales que limitan el pleno ejercicio de derechos. En noviembre de 2024 se aprobó una reforma constitucional que consagra la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia como principios fundamentales del Estado.
En el ámbito internacional, México ha sido pionero al adoptar en 2020 la primera Política Exterior Feminista del sur global, hoy consolidada como política de Estado. Esta política busca transversalizar la perspectiva de género en la acción diplomática, en la protección consular, en la cooperación internacional y en el multilateralismo. No se trata únicamente de un posicionamiento discursivo, sino de acciones concretas: actualización de protocolos para atender a víctimas de violencia de género en el exterior, fortalecimiento de la paridad en el Servicio Exterior Mexicano, impulso de iniciativas multilaterales para incorporar la perspectiva de género en agendas como paz y seguridad, comercio de armas, medio ambiente y sistemas agroalimentarios.
Asimismo, México ha promovido reformas como la llamada “Ley Olimpia”, que reconoce y sanciona la violencia digital, y ha acompañado procesos legislativos similares en otros países, compartiendo buenas prácticas y experiencias.
Estos avances no implican desconocer los desafíos que persisten. La violencia contra las mujeres, en México como en el resto del mundo, sigue siendo una realidad que exige políticas públicas integrales, prevención efectiva, acceso a la justicia y transformación cultural. Precisamente por ello, la agenda de género en México combina representación política, reformas legales, fortalecimiento institucional y cooperación internacional.
El mensaje es claro: la igualdad no es un tema sectorial, es un eje transversal del desarrollo democrático. Y cuando las mujeres habitan el poder, no sólo se amplían los espacios de decisión; se amplían también las preguntas, las prioridades y las soluciones posibles.
México continúa trabajando para que la igualdad sustantiva no sea una aspiración, sino una práctica cotidiana que garantice derechos, justicia y dignidad para todas.
