Milagro Sala volvió a violar la prisión domiciliaria.

La dirigente social jujeña Milagro Sala quedó internada en el Hospital platense de Gonnet luego de romper, una vez más, la prisión domiciliaria que cumple desde que quedó firme la condena a 15 años de prisión por distintos delitos. El episodio vuelve a colocar en primer plano el debate sobre los controles y privilegios vinculados a su situación judicial.

Sala —ex líder del movimiento Tupac Amaru— fue hallada culpable, entre otros cargos, por fraude en perjuicio del Estado y señalada como jefa de una asociación ilícita. La Justicia determinó que desvió fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales y que, para sostener el esquema, se ejercían presiones, amenazas e intimidaciones sobre beneficiarios y cooperativistas.

De acuerdo con información a la que accedió el Diario la R Argentina  , Sala permaneció varias horas en la guardia del Hospital de Gonnet durante el fin de semana, antes de ser trasladada al sector correspondiente, donde quedó finalmente alojada el lunes. El punto que reavivó la polémica es que la decisión de presentarse en el centro asistencial no fue previamente solicitada ni autorizada por el tribunal, lo que implica una nueva violación a la prisión domiciliaria.

La dirigente había logrado cumplir la medida fuera de Jujuy y radicarse en La Plata. La Justicia le había concedido el beneficio con monitoreo electrónico, y ella fijó domicilio en una vivienda de la localidad de Villa Elvira, por la que pagaba alrededor de 600 mil pesos mensuales. Sin embargo, debió abandonar el lugar al vencer el contrato de alquiler y ante la negativa del propietario a renovarlo.

En un escrito presentado ante el juez, Sala explicó que atravesaba una situación de “inestabilidad habitacional grave”, ya que el dueño del inmueble intimó a la devolución inmediata de la propiedad bajo amenaza de iniciar un proceso de desalojo. Argumentó que la circunstancia era ajena a su voluntad y que complicaba el cumplimiento de la medida judicial.

Pese a esa presentación, inició la mudanza sin autorización y, antes de retirarse, organizó en el patio de la vivienda una fiesta de cumpleaños para su hija. La secuencia fue interpretada por las autoridades como una doble infracción: cambio de domicilio sin permiso y realización de un evento social que interfiere con el régimen de control establecido.

La internación en Gonnet se suma a esta lista de incumplimientos y obliga a la Justicia a volver a evaluar el alcance de los permisos especiales que se le otorgan. En los tribunales preocupa que cada excepción —ya sea por motivos médicos o logísticos— termine siendo utilizada de manera discrecional y quede fuera del radar del seguimiento judicial.

En paralelo, el caso abre un dilema político y social. Para sus defensores, Sala es víctima de persecución y sus problemas de salud ameritan un trato diferenciado. Para sus críticos, en cambio, la sucesión de episodios confirma un patrón de desacato y privilegios injustificados frente a otros condenados que deben cumplir con reglas mucho más estrictas.

Mientras tanto, el Hospital de Gonnet mantiene la reserva habitual sobre el parte médico y coordina con el Servicio Penitenciario y el juzgado los protocolos de custodia. El expediente sigue en movimiento: resta definir si esta nueva violación de la domiciliaria derivará en sanciones adicionales o incluso en la revisión del beneficio.

Lo cierto es que, a casi una década del inicio de las causas que derivaron en su condena, el nombre de Milagro Sala continúa generando tensión entre Justicia, política y opinión pública. Y cada episodio —como el de esta internación no autorizada— vuelve a interpelar una pregunta de fondo: cómo equilibrar derechos, controles y responsabilidades cuando se trata de condenados con alto impacto público.