El plan se divide en cuatro categorías principales: sistemas de información, prevención social y comunitaria, prevención policial y prevención terciaria para aquellos que ya han cometido delitos.
Una de las medidas propuestas es establecer un sistema de información mediante encuestas nacionales anuales de victimización elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para recopilar información sobre delitos más allá de las denuncias formales.
Además, el Ministerio del Interior y el INE trabajarán juntos para garantizar la transparencia en las estadísticas criminales y se buscaría la implementación de una política de datos abiertos.
En cuanto a la prevención social y comunitaria, se busca una seguridad menos enfocada en la policía y más en la colaboración de otros ministerios y organismos estatales. Esto incluiría la creación de un gabinete de seguridad integral para trabajar en proyectos de seguridad local con consejos barriales y un programa piloto de centros de atención integral. El objetivo es abordar problemáticas específicas en barrios con poblaciones vulnerables.
Otras medidas incluyen la atención a la violencia doméstica y de género, la prevención de homicidios a través de líderes barriales y la atención en salud mental para policías.
El plan también busca consolidar una «Policía comunitaria orientada a problemas» y capacitar a la policía en el trabajo con poblaciones vulnerables mediante un seminario coordinado con el Ministerio de Desarrollo Social y la Junta Nacional de Drogas.
Se propone la creación de una medida de prevención del ciberdelito y se está evaluando la creación de un Ministerio de Justicia a largo plazo. Además, se busca una reforma del sistema penitenciario con la creación de una secretaría técnica y otra ejecutiva.
Se buscará reforzar la atención a penados con uso problemático de drogas y mejorar el sistema de penas alternativas.
