El presidente de la República, Yamandú Orsi, desestimó el proyecto de ley presentado por el senador colorado Pedro Bordaberry, denominado “Reconciliación, verdad y nunca más”, que propone una serie de medidas vinculadas al abordaje institucional de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).
En rueda de prensa consignada por Subrayado, Orsi señaló que conoce la iniciativa, pero consideró que no es necesario avanzar en un régimen especial. “Yo creo en el Poder Judicial. Creo que tiene las herramientas para resolver el problema ese que se plantea en el proyecto”, afirmó el mandatario.
En ese sentido, puso como ejemplo decisiones ya adoptadas por la Justicia en casos concretos. “Hay un ejemplo emblemático: el propio Gavazzo terminó en prisión domiciliaria por problemas de salud. Se tiene que resolver desde el Poder Judicial y desde los jueces”, sostuvo.
El proyecto impulsado por Bordaberry consta de 12 artículos y propone, entre otros puntos, la creación de una Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más, con el cometido de recabar, sistematizar y ordenar información sobre hechos ocurridos entre 1973 y 1985, con el objetivo de promover un diálogo orientado a la reconciliación nacional.
Según el texto, la comisión colaboraría con organismos públicos y privados, realizaría recomendaciones institucionales para fortalecer la convivencia democrática y contribuiría al esclarecimiento del paradero de personas detenidas desaparecidas. Estaría integrada por cinco miembros honorarios designados por el Poder Ejecutivo, procurando representatividad política y perfiles con idoneidad profesional, solvencia ética e independencia.
La iniciativa también prevé la creación de un Archivo Nacional de la Verdad, como sección del Archivo General de la Nación, encargado de la conservación, organización y digitalización de documentación vinculada al pasado reciente.
Asimismo, el proyecto habilita la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a militares mayores de 75 años condenados por delitos cometidos hasta 1985, siempre que se acrediten condiciones de salud que justifiquen la medida y previa intervención judicial y del Ministerio Público.
En la exposición de motivos, Bordaberry argumenta que persisten tareas pendientes en materia de acceso a la verdad y que existe una falta de un régimen claro y humanitario para personas de edad avanzada condenadas por hechos anteriores a 1985. Sin embargo, para Orsi, estas situaciones deben continuar resolviéndose en el ámbito judicial, sin la necesidad de un nuevo marco legislativo específico.
