Ortuño afirmó que el gobierno actuó “sin animosidad ni revanchismos” al cancelar Arazatí

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, aclaró que la decisión de cancelar el proyecto Neptuno se hizo “sin animosidad” ni “revanchismos” sino en función de la necesidad de garantizar el abastecimiento de agua potable a la población que este proyecto no aseguraba. El ministro aseveró que las obras previstas en Aguas Corrientes “serán el conjunto de obras más importante de la historia reciente del país para asegurar el abastecimiento de agua potable” durante la interpelación promovida por el diputado colorado Walter Cervini.Al cierre de esta edición, tras varias interrupciones por cuartos intermedios, continuaba el debate en la Cámara de Representantes. En la lista de oradores, había más de cuarenta legisladores anotados para hacer uso de la palabra por lo que la sesión se extendería hasta bien entrada la madrugada.

El miembro interpelante defendió el proyecto que preveía obras en la zona de Arazatí, en San José, porque consideró que implicaba tener una fuente de agua alternativa al río Santa Lucía para abastecer al área metropolitana, en caso de que se repita un fenómeno de sequía como el de  2023.

Para el legislador colorado, la toma “alternativa no se hace en el Río de la Plata por capricho, sino porque es la quinta cuenca en tamaño a nivel mundial”, ya que -según puntualizó- tiene “3.100.000 kilómetros de cuenca” de donde se puede “extraer agua bruta para potabilizar”.

En tal sentido, el legislador manifestó que “en Colonia ya se toma agua del río de la Plata sin problemas”, así como también en Buenos Aires, ciudad que “no sintió” la sequía de 2023 “porque tenía de dónde tomar agua”.

Cervini trasladó al ministro un total de 47 preguntas y cuestionamientos que abarcan desde los detalles técnicos y económicos del proyecto Casupá y la planta potabilizadora en Aguas Corrientes, hasta la evaluación ambiental, la gestión de áreas protegidas, la expropiación de tierras, la coordinación con OSE y las autoridades locales, y los estudios sobre costos, riesgos y contingencias asociadas.

También se indaga sobre la cancelación del proyecto Neptuno, la justificación de cambios en licitaciones y precalificaciones de empresas, y la articulación de las obras con las metas ambientales y los compromisos internacionales del país.

En su extensa intervención, Ortuño presentó abundante documentación así como dictámenes técnicos, opiniones de consultores externos y estudios de expertos favorables, desde 1970 en adelante, al proyecto Casupá, así como pronunciamientos de la propia OSE, incluso bajo el gobierno anterior, todos en la misma dirección.

“Hicimos bien en cancelar el proyecto Neptuno Arazatí que cuenta con una profusa cantidad de cuestionamiento técnicos, políticos y ambientales”, afirmó, iniciativa sobre la cual también planteó graves cuestionamientos. No obstante, aclaró que la decisión adoptada por el gobierno se hizo “sin ningún tipo de animosidad, sin ningún tipo de revanchismos sino en función de las prioridades y de la necesidad para garantizar el abastecimiento de agua potable el objetivo que definido por el gobierno que es lo que nos mueve”. Ortuño sumó además opiniones  de seis de los siete candidatos a intendente en las últimas elecciones para el departamento de San José pertenecientes a tres partidos políticos de la oposición en contra del proyecto Neptuno Arazatí y una carta con la visión contraria de más de un centenar de organizaciones sociales.

“Venimos convencidos y seguros de que el gobierno adoptó la mejor solución para el país y para la población en la medida que asegura el abastecimiento de agua potable en tiempos normales y de sequía como un servicio público brindado por OSE como derecho humano fundamental para más de 1,8 millones de personas que viven en el área metropolitana y la Costa de oro”, afirmó en su intervención.

Ortuño aseguró que el proyecto Neptuno-Arazatí “no aseguraba el abastecimiento de agua potable a la población” pero además “no estaba respaldado en la evidencia científica y lo más fuerte no está respaldado en la realidad que vivimos” en alusión a la crisis hídrica que padeció el país en 2023.

Además, el secretario de Estado sostuvo que se trata de una “política pública robusta que permite asegurar el suministro de agua a la población”, a la vez que reafirmó: “Tenemos la satisfacción de decir que con la decisión adoptada por el gobierno el abastecimiento de agua potable para más de 1.800 000 uruguayas y uruguayos estará asegurado”.

Ortuño señaló que Aguas Corrientes es la “única que tiene capacidad de abastecer” la demanda de agua potable, que promedia 600.000 metros cúbicos por día. No obstante, indicó que, según estudios técnicos, la perspectiva para 2045 es que la demanda del área metropolitana aumente a 850.000 metros cúbicos diarios.

Por otro lado, el jerarca, para fundamentar la decisión de desestimar al Río de la Plata como fuente de agua bruta, utilizó informes científicos que respaldan el cambio de planes. Entre ellos, citó un informe de la Organización Panamericana de la Salud, realizado en 1970, que señala el “inconveniente” derivado la intrusión salina en el río.

“El problema de la salinidad del Río de la Plata, como problema para ser fuente para el abastecimiento de agua potable de la población, está diagnosticado desde hace 55 años en el país y es una de las razones por las que una y otra vez Uruguay ha descartado esta alternativa como prioridad”, señaló Ortuño.

Ortuño también aseguró  que hubo una “decisión política” del gobierno anterior para cancelar el proyecto Casupá que, incluso, contaba con el financiamiento para su construcción por parte de la Corporación Andina de Fomento.

En conferencia de prensa, alrededor de las 20 horas, tras una larga intervención del ministro, el Frente Amplio anunció su respaldo al ministro y consideró satisfactorias las explicaciones que a esa altura había brindado el secretario de Estado. El diputado Mariano Tucci destacó la contundencia  de la exposición de Ortuño en la defensa de la decisión que ha tomado el gobierno nacional en torno a la cancelación del proyecto Arazatí –Neptuno que además responde, dijo, a lo que a gente resolvió en las urnas. Por su parte, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, aseguró que el conjunto de obras que se van a construir para asegurar el abastecimiento de agua potable hacia 2045 “nunca se había hecho antes en OSE para el área metropolitana”. Agregó que esa obra la va a hacer una empresa pública que tiene una situación financiera crítica porque al problema estructural financiero que tiene se le agregan los problemas generados por falta de financiamiento específico para dos grandes emprendimientos como es el plan de saneamiento universal y el emprendimiento Arazatí que implicaba el pago por disponibilidad de entre 46 y 48 millones de dólares anuales que no estaban previstos en ninguna instancia presupuestal. Para poder acometer todos los desafíos que nos estamos planteando con un enfoque sistémico era necesario renegociar el proyecto Arazatí porque entre otras cosas tenía un costo imposible de asumir si se querían hacer otras obras prioritarias como es una reserva de agua dulce en la cuenca del Santa Lucía que es la que nos va a proteger y permitir eventos de sequía además de los eventos técnicos negativos que se encontraban en el caso del Río de la Plata estaban los elementos económicos que también jugaban un papel fundamental. Hemos demostrado con números cómo la renegociación ha permitido bajar costos y por lo tanto encarar un conjunto de obras con un enfoque sistémico que asegure el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana”.  Sobre el final Ortuño mencionó un tema vinculado a la soberanía que tiene que ver con la característica del Río de la Plata de que su gestión ambiental no solo depende del Uruguay, depende de la gestión ambiental de 5 países, entre los cuales está Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Agregó que “esto constituye un elemento relevante porque puede implicar que acciones soberanas de otros estados pueden incidir en la realidad del Río de la Plata”. En ese sentido, se refirió por ejemplo a la concreción de las obras de saneamiento de Buenos Aires y los dos emisarios subacuáticos que vertirán 5 millones de metros cúbicos por día de aguas residuales al Río de la Plata.