La oposición peruana ha expresado en varias ocasiones su preocupación ante de la posibilidad de que la mandataria, que está siendo investigada por su presunta implicación en las muertes de manifestantes durante los últimos meses, aproveche un viaje oficial para pedir asilo.
Boluarte, sin embargo, ya ha viajado al extranjero desde que tomó posesión del cargo en medio de la conflictiva situación tras el cese de su predecesor, Pedro Castillo. Fue a Brasil, para participar en la IV reunión de mandatarios en el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), evento que lideró su par Luiz Inácio Lula da Silva.
«No ha habido ni riesgo ni fuga, como es de público conocimiento», aseveró el primer ministro peruano, Alberto Otárola. «Sobre las opiniones de los líderes políticos y bloques parlamentarios, nosotros respetamos la posición de todos ellos», ha añadido.
Por contra, el sector de izquierda del Congreso ha avisado que pedirá una moción de censura por vacancia debido a este viaje al entender que, si bien el Parlamento le dio permiso para salir del país, la votación no fue mayoritaria, lo cual significa que muchos parlamentarios no estuvieron convencidos de la conveniencia de la propuesta.
De acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución, «cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente es encargado del despacho» y en su defecto, lo ocuparía el segundo.
Una nueva cláusula decreta que «de no contar con vicepresidentes en ejercicio, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho de forma remota, empleando las tecnologías digitales correspondientes para tal efecto».
La crisis política y social que vive Perú desde primeros de enero de 2023 tras la caída en desgracia de Castillo, así como las numerosas críticas que ha recibido la administración de Boluarte por la represión mortal de las protestas, así como la incapacidad legal, ha impedido que la nueva presidenta acuda a varias de las cumbres regionales que se han celebrado en los últimos meses.
