Que está sucediendo en Irán

Desde hace más de dos semanas, un grupo de comerciantes del histórico bazar de Teherán inició una serie de protestas contra el aumento sostenido de los precios, la inestabilidad del mercado y la acelerada devaluación de la moneda nacional. Lo que comenzó como una expresión sectorial de malestar económico fue reconocido desde el primer momento por el propio gobierno iraní y, con el correr de los días, se extendió a distintos puntos de la capital y a otras ciudades del país.

Durante este período inicial, las manifestaciones se desarrollaron en un clima mayoritariamente pacífico. Las fuerzas de seguridad y la policía se hicieron presentes en los lugares de concentración con el objetivo declarado de garantizar la seguridad de los manifestantes y de la población en general. En esa etapa no se registró una represión sistemática ni una orden de dispersión violenta, y las autoridades incluso habilitaron canales formales de diálogo para que los reclamos económicos pudieran ser escuchados.

Si bien en algunos puntos aislados se produjeron incidentes, ni los manifestantes ni el Estado parecían buscar una confrontación abierta. En paralelo, sin embargo, medios israelíes y actores políticos externos comenzaron a difundir llamados a provocar disturbios, alentando explícitamente a la población a salir a las calles para forzar un cambio de régimen. Incluso circularon amenazas sobre la posibilidad de afectar el espacio aéreo iraní como parte de una ofensiva de presión política. Estos mensajes, no obstante, no lograron una adhesión significativa entre la población.

El punto de inflexión se produjo el miércoles, cuando Reza Pahlavi —hijo del último sha de Irán, derrocado en 1979 y actualmente residente en Estados Unidos— convocó públicamente a la población a movilizarse a las 20:00. A partir de ese momento, junto a las protestas legítimas, comenzaron a aparecer acciones violentas protagonizadas por grupos infiltrados y operadores entrenados, que no formaban parte de las manifestaciones originales.

Estos grupos atacaron directamente a las fuerzas de seguridad, que hasta entonces tenían órdenes de no abrir fuego y de limitarse a observar y proteger a los manifestantes para que sus demandas económicas pudieran canalizarse. En ese contexto, varios agentes fueron asesinados, lo que marcó un cambio abrupto en la naturaleza del conflicto.

Los disturbios se extendieron rápidamente y derivaron en incendios de contenedores de basura, motocicletas, automóviles, mercados y mezquitas, además de daños a bienes públicos y privados. También se registraron víctimas civiles, incluidos niños, y circularon imágenes de menores heridos o muertos. En algunas zonas, grupos armados comenzaron a disparar, lo que convirtió la situación en un escenario de alto riesgo para la población.

Frente a este escenario, las autoridades declararon que la seguridad nacional estaba amenazada y advirtieron sobre la presencia de núcleos terroristas y fuerzas mercenarias vinculadas a intereses extranjeros. Se pidió a los manifestantes pacíficos que se mantuvieran alejados de los grupos violentos, mientras el Estado endurecía sus medidas para recuperar el control del orden público.

Dado que los grupos responsables de los disturbios coordinaban sus acciones a través de internet, el gobierno decidió restringir el acceso a la red. Se suspendieron redes sociales y servicios de mensajería, tanto extranjeros como nacionales, aunque se mantuvieron operativos los servicios esenciales: transporte, plataformas de pago, tiendas en línea, televisión por internet y otros sistemas básicos, permitiendo que la vida cotidiana continuara funcionando.

En la actualidad, las protestas pacíficas persisten durante el día en algunas zonas, mientras que por las noches continúan los episodios de sabotaje y violencia. La población permanece en una tensa espera, con la expectativa de que la situación se estabilice y el país pueda retomar la normalidad.