Este análisis pone de manifiesto cómo el programa nacional, implementado desde julio de 2024, ha sido crucial para la aprobación de proyectos que superan los 15.700 millones de dólares en sectores de alta inversión, como la energía y la minería. El régimen otorga a las grandes corporaciones beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales, garantizando una estabilidad normativa de 30 años, lo que les permite reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 25%, eliminar aranceles para bienes de capital, disminuir gradualmente los derechos de exportación y disponer libremente de las divisas generadas por sus propios proyectos.
El informe subraya que estas condiciones han consolidado al RIGI como uno de los pilares del gobierno de Javier Milei para atraer inversiones extranjeras a largo plazo. Sin embargo, Focus Market plantea una interrogante fundamental: ¿cómo se puede fomentar el crecimiento de la inversión privada local en un contexto donde las PyMEs —que representan el 60% del empleo formal— no pueden acceder a los mismos incentivos? Con un entorno caracterizado por una alta presión tributaria, una burocracia compleja y dificultades para obtener financiamiento, las empresas locales enfrentan costos operativos significativamente más altos. Según el informe, la presión fiscal efectiva para el sector PyME asciende al 45%, y abrir una empresa puede requerir más de 4.400 horas de trámites administrativos, además de otras 2.156 horas anuales dedicadas a mantener la formalidad. Aunque más de 62.000 PyMEs lograron financiamiento en 2025 a través de SGR y programas públicos, el acceso sigue siendo insuficiente en comparación con las más de 600.000 empresas registradas en el país.
La disparidad entre el marco preferencial para las grandes corporaciones globales y el esquema restrictivo para las PyMEs locales crea lo que Focus Market denomina una “desventaja estructural”, con efectos regionales evidentes. En este sentido, el informe realiza un análisis específico sobre la Provincia de Buenos Aires, donde el impacto del RIGI nacional y la posterior creación de una versión local muestran resultados mixtos. Inicialmente, la provincia se opuso a adherir al régimen nacional propuesto por la Ley Bases, argumentando que favorecía actividades extractivas sin valor agregado territorial. Sin embargo, en noviembre de 2024, decidió establecer su propio esquema: el Régimen de Fomento para Inversiones Estratégicas, conocido como RIGI bonaerense. Este sistema provincial, que exige requisitos más amplios y montos mínimos de inversión desde 5 millones de dólares, busca atraer proyectos que generen empleo registrado, fomenten la innovación tecnológica, utilicen proveedores locales y tengan potencial exportador.
Un año después de su implementación, el RIGI bonaerense ha mostrado avances concretos, aunque de menor escala en comparación con los incentivos nacionales. Según datos oficiales y anuncios preliminares, el régimen provincial ha permitido el desarrollo de proyectos estratégicos por un monto entre 750 y 800 millones de dólares. Entre estos, se destaca el parque eólico de PCR y Acindar en Olavarría, que ha recibido una inversión de 255 millones de dólares y tiene una potencia instalada de 180 MW, generando cerca de mil empleos durante su construcción. También resalta la nueva acería de Sidersa en San Nicolás, con una inversión cercana a los 300 millones de dólares destinada a ampliar su capacidad productiva con tecnología de bajas emisiones, creando cientos de puestos de trabajo directos e indirectos. Además, avanza el proyecto de la primera planta de Combustible Sustentable de Aviación en Bahía Blanca, con una inversión aproximada de 200 millones de dólares, que se alinea con la estrategia provincial de promover la bioenergía, la sostenibilidad y la exportación de productos de alto valor agregado.
A pesar de que estos proyectos muestran un impacto inicial positivo en términos de generación de empleo y encadenamientos productivos con proveedores locales, la magnitud del RIGI bonaerense contrasta con la pérdida de oportunidades derivadas de no adherir al régimen nacional. El caso más relevante es la megaplanta de Gas Natural Licuado de YPF-Petronas, una inversión potencial de 30.000 millones de dólares que se había contemplado para el polo petroquímico de Bahía Blanca, pero que finalmente fue reubicada en Río Negro, provincia que sí se incorporó al RIGI nacional. Especialistas estiman que la diferencia en costos fiscales y financieros entre adherir o no al régimen nacional superó los 560 millones de dólares para la compañía, un factor determinante en la decisión de ubicación del proyecto. Según Focus Market, esta situación refleja una paradoja: mientras el RIGI logra atraer grandes inversiones al país, provincias como Buenos Aires quedan en parte excluidas debido a diferencias regulatorias entre el modelo federal y los marcos locales.
El informe también señala que la Provincia enfrenta un desafío adicional: su propio entramado de PyMEs, el más grande del país, carece de un esquema de incentivos equivalente al RIGI nacional. Aunque los proyectos provinciales requieren un porcentaje mínimo de proveedores bonaerenses —del 50% para inversiones superiores a 50 millones de dólares—, las empresas locales siguen enfrentando los mismos obstáculos en términos de financiamiento, carga impositiva y burocracia que se describen a nivel nacional. Esta combinación limita la capacidad de las PyMEs para integrarse efectivamente en las nuevas cadenas de valor impulsadas por los proyectos estratégicos establecidos en la región.
Además, el impacto fiscal del RIGI bonaerense genera tensiones en la administración provincial. Los beneficios tributarios, que incluyen reducciones de entre el 20% y el 30% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario durante varios años, representan una renuncia fiscal considerable en un contexto donde la provincia enfrenta restricciones presupuestarias y presión sobre el gasto. Aunque el gobierno provincial sostiene que la pérdida inicial de recaudación se compensará con incrementos en exportaciones, tecnología y empleo registrado, organismos especializados advierten que ese equilibrio podría tardar más de lo esperado.
La propuesta de un “RIGI PyME”, asociada por Focus Market con el proyecto de ley RIMI presentado en noviembre de 2024, surge como una posible solución para reducir la brecha entre grandes y pequeñas empresas en Buenos Aires. El informe argumenta que la provincia podría beneficiarse especialmente de un régimen de este tipo, dado que concentra más del 40% del producto industrial del país y depende en gran medida de la dinamización del mercado interno. A pesar de que el RIMI aún no ha sido tratado en el Congreso, Focus Market considera que la falta de incentivos equivalentes profundiza la desigualdad estructural entre las inversiones extranjeras de gran escala y las capacidades reales de las empresas locales.
En resumen, el primer año del RIGI bonaerense presenta un escenario dual. Por un lado, se han captado inversiones significativas en energía renovable, siderurgia y bioeconomía, sectores que se alinean con la visión provincial de agregar valor y modernizar la tecnología. Por otro lado, la provincia se ha visto excluida de uno de los proyectos industriales más importantes de la década y enfrenta dificultades para integrar a su entramado de PyMEs en esta nueva ola de inversiones. El informe concluye que, sin una política nacional y provincial coordinada que iguale oportunidades y reduzca la distancia entre regímenes, la brecha entre los capitales globales y las empresas locales seguirá ampliándose, condicionando el desarrollo económico de la Provincia de Buenos Aires y su capacidad para competir por inversiones estratégicas en el futuro.
MUCHOS ARTÍCULOS DE LA POLITICA ARGENTA QUE A NADIE LE IMPORTA.