Rescisión del contrato de Cardama desata una tormenta política en Uruguay

El gobierno de Uruguay, bajo la presidencia de Yamandú Orsi, rescindió de forma unilateral el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques patrulleros oceánicos para la Armada Nacional. La noticia se hizo oficial tras un anuncio en el Consejo de Ministros y una conferencia de prensa del propio presidente Orsi.

La decisión se tomó bajo la interpretación de que la compañía, con sede en Vigo (Galicia), no cumplió con los avances en la construcción de la primera embarcación. El contrato se firmó en diciembre de 2023 (durante el gobierno anterior de Luis Lacalle Pou) por unos 92 millones de dólares. Sin embargo, desde octubre de 2025 el actual gobierno anunció que detectó irregularidades graves, especialmente en las garantías bancarias y de cumplimiento que debía presentar Cardama, las cuales se presentaron tarde, fueron rechazadas o resultaron insuficientes.

El gobierno uruguayo habló de posibles indicios de fraude o estafa al Estado, inició acciones judiciales civiles, penales y suspendió pagos. La intención de ir a juicio es recuperar el dinero, y además ya busca otro proveedor para los buques. El tema generó una fuerte polémica política entre el gobierno y la oposición, que cuestiona la forma y el momento de la rescisión. Las declaraciones públicas y en redes sociales (especialmente en X) evidenciaron una marcada polarización entre ambos bandos.

La primera en pronunciarse fue Sandra Lazo, actual ministra de Defensa Nacional, quien participó en la conferencia junto a Orsi. Aseguró que “en esta administración habrá patrulleras oceánicas” y que ya se exploran alternativas. Además, defendió la decisión como necesaria ante las irregularidades detectadas.

En la misma línea, Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia, detalló durante la conferencia de prensa los problemas vinculados a las garantías y afirmó que el Estado cumplió con todas sus obligaciones. Posteriormente escribió en X: “Uruguay va a tener patrulleras oceánicas. Las necesita. Y las vamos a tener con un constructor confiable, con reglas claras y con todas las garantías legales, técnicas y de seguridad. Vamos a seguir defendiendo el patrimonio de los uruguayos”.

Blanca Rodríguez, senadora del Frente Amplio, también se pronunció en redes sociales: “Sobran las razones para la rescisión del contrato con Cardama: las de defensa del Estado y las de defensa de la transparencia en la gestión. Entre una empresa privada extranjera que ha sido contumaz en la falsedad de sus garantías y el Uruguay, tenemos claro de qué lado estamos”, escribió en X.

Asimismo, el senador frenteamplista Sebastián Sabini publicó un hilo en X en el que detalló las causas de la rescisión, señalando irregularidades en las garantías, incumplimientos técnicos, entre otros aspectos: “La primera razón es que no se pudo ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, la garantía era trucha. Cardama fue incapaz de presentar una garantía real antes, durante y después de la firma del contrato”.

Continuó: “Tampoco se pudo ejecutar la garantía de reembolso. Alguien (tendremos que determinar quién) aceptó, en lugar del seguro, un contrato de términos y condiciones. Desidia y poco apego. Dos hechos muy graves”. Y agregó: “Sólo se ha construido el 43% y se han montado 16 bloques. A esta altura debería estar resuelto el 70%. Hay errores constructivos graves: escaleras, circulación interna y desviaciones en la unión de bloques que pueden comprometer la continuidad geométrica y la integridad estructural”.

Finalmente, apuntó contra el gobierno anterior: “Hay responsables políticos y administrativos; se tomaron malas decisiones y hay mucha oscuridad en ellas. Sin dudas, el Parlamento tiene un rol que desempeñar en todo esto para defender los intereses del Estado, los recursos y nuestro mar territorial”.

Lado de la oposición

El Partido Nacional (PN) fue el primero en pronunciarse como bloque, rechazando “enfáticamente” la decisión del gobierno de rescindir el contrato. En el comunicado aseguró que el Frente Amplio, lejos del “interés nacional”, busca destruir el “legado” del gobierno de la Coalición Republicana.

Al planteo se sumó Javier García, actual senador nacionalista y exministro de Defensa durante el gobierno anterior, quien fue de los primeros en cuestionar la decisión: “La rescisión estaba tomada desde el inicio y responde a una sola razón: política”. Agregó que “el objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou”, escribió en X, y mencionó además intentos similares con el puerto, el proyecto Neptuno y el saneamiento en el interior, lo que calificó como un “ataque” a la gestión anterior.

En esa misma línea, Álvaro Delgado, presidente del directorio del PN y exsecretario de Presidencia, calificó la decisión como una “enorme irresponsabilidad del gobierno, actuando con saña política”. Advirtió que expone a Uruguay a un juicio internacional millonario, deja al país sin patrulleras necesarias y que “si se pierde el juicio, lo paga la gente”. También expresó su respaldo a la gestión anterior en Defensa.

Por su parte, Armando Castaingdebat, exsubsecretario de Defensa, sostuvo en entrevistas que las prórrogas otorgadas a Cardama fueron decisiones políticas del entonces ministro García y que el presidente Lacalle Pou “estaba al tanto de todo”. Asimismo, criticó al gobierno actual por cuestionar lo actuado en su gestión.

Mientras tanto, Mario Cardama, director del astillero, rompió el silencio y afirmó que Uruguay “ha procedido de manera muy incorrecta”, y que la empresa evalúa medidas legales. Aseguró que el contrato siempre se manejó con “criterios empresariales”. “Y eso no va a cambiar ahora, de modo que no nos vamos a dejar apurar por nadie”, sostuvo. “Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía razón”, concluyó.