Retiran los cambios sobre libertad anticipada de la reforma del Código del Proceso Penal

El gobierno decidió desistir de la propuesta que modificaba el régimen de libertad anticipada en el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal. La iniciativa, que había sido aprobada en el Consejo de Ministros y enviada al Parlamento el 26 de marzo, buscaba restituir la posibilidad de que jueces evaluaran este beneficio para delitos que el gobierno anterior había excluido, aunque con requisitos más estrictos. Tras fuertes críticas de la oposición y cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, especialmente por el posible impacto en condenados por crímenes de lesa humanidad, el Ejecutivo optó por retirar los artículos controvertidos.

La decisión fue comunicada oficialmente tras una reunión entre el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y representantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Crysol. En esa instancia, el gobierno transmitió su intención de eliminar del proyecto los artículos que ampliaban el acceso a la libertad anticipada para ciertos delitos graves.

El artículo 298 del proyecto original establecía condiciones para otorgar la libertad anticipada. Entre ellas estaban cumplir la mitad o tres cuartas partes de la pena, según el tipo de condena, y se aplicaba a delitos como violación, abuso sexual, secuestro, homicidio agravado, rapiña y extorsión, entre otros. La reforma buscaba revertir las exclusiones introducidas con la LUC. La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, había estimado que, de aprobarse, podrían beneficiarse menos de 400 personas. Sin embargo, estas cifras generaron un intenso debate público y político. El presidente Orsi señaló que, si la modificación generaba riesgo o incomodidad, “hay que sacar o corregir lo que sea considerado un riesgo”.

“Ya salió de la discusión”

La senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP), Bettiana Díaz, explicó la postura de la bancada del Frente Amplio. Tras la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, y el posterior debate, la senadora señaló que el artículo “ya salió de la discusión” y que la bancada acordó con el gobierno no votarlo.

Díaz afirmó “en la mañana había trascendido los dichos de la directora del INR, pero ya de alguna forma este artículo salió de la discusión como se le trasladó en la tarde a las organizaciones de familiares. Por tanto, este es un debate que hoy ya no está sobre la mesa.”

La legisladora enfatizó que no se trataba de una liberación masiva de presos, como afirmaron algunos sectores de la oposición. Respecto a las estimaciones de la directora del INR, Díaz dijo “no corresponde que el gobierno sea el que anda estimando los números porque es una decisión de la justicia y en este país hay independencia de poderes. Entonces, lo que estime Juanche es una estimación de Juanche”.

La senadora defendió el enfoque técnico de la propuesta original, que surgió de un grupo de trabajo integrado por el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensa Pública, la Academia y el Colegio de Abogados. Según su visión, los mecanismos de reducción de pena por estudio o trabajo, la suspensión condicional del proceso y una evaluación rigurosa de riesgo y posibilidades de reinserción no son solo “liberatorios”, sino estímulos para la rehabilitación.

Además, cuestionó el modelo actual de encarcelamiento masivo. Díaz dijo “tenemos más personas presas que nunca en la historia de Uruguay. Sin embargo, eso no ha resultado en una sensación de más seguridad. Las personas egresan en una peor situación, van a la calle y hoy tenemos otros problemas de convivencia. A menor tiempo adentro, obviamente para las personas que tienen un cierto perfil para poder rehabilitarse, mejores resultados en términos de reincidencia”.

Sobre las acusaciones de que el ministro Negro habría “mentido” en la interpelación sobre que el Frente Amplio planteaba liberar presos, según dijo el senador colorado Pedro Bordaberry,  Bettiana Díaz fue enfática.

“El único ministro del Interior que yo recuerdo que mintió en el Parlamento fue el que tuvo que renunciar, fue Heber en el caso Marset» y acotó sobre Bordaberry que «es una impericia estar cobrando un sueldo de legislador, de responsabilidad de gobierno hace 40 años y decir que el gobierno quiere liberar presos. Realmente es de una falta de respeto a la inteligencia de la población. Estas son decisiones de la justicia.”

La senadora Bettiana Díaz aclaró que, aunque se retire este punto, el Frente Amplio está abierto a discutir medidas alternativas, como el proyecto de justicia terapéutica presentado por la oposición.