Rivera Elgue: “El contrato con Cardama fue auditado y tenía garantías”

El exsubsecretario de Defensa Nacional, Rivera Elgue, ofreció su versión sobre el proceso de contratación del astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV), un acuerdo que ha derivado en cuestionamientos políticos, técnicos y judiciales. En entrevistas concedidas a Canal 5 Noticias y radio Sarandí, Elgue defendió la transparencia del procedimiento y sostuvo que el contrato “fue auditado por el Tribunal de Cuentas y elaborado con las máximas garantías para cuidar el dinero de los uruguayos”. Por otra parte dijo que no le sorprendió la decisión del gobierno iniciara el proceso de rescisión del contrato porque “el Frente Amplio desde que se inició este proceso ha manifestado estar en contra de este procedimiento de compra”. Sí le sorprendió las presuntas irregularidades constatadas en torno a la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama. Recordó que renunció al ministerio el 8 de agosto de 2024 y hasta ese momento se trabajó “buscando una garantía que respaldara al Estado y creo que se siguió trabajando así, pero me parece que hablar de eso no es conveniente porque está en la justicia”.

Elgue explicó que el proceso original se remonta a diciembre de 2021, cuando el Ministerio de Defensa lanzó el primer llamado a licitación para la adquisición de las embarcaciones. Esa convocatoria —según dijo— exigía características de alto nivel, como armamento de 76 mm y un sistema logístico integrado por cinco años, lo que elevó los costos más allá del presupuesto disponible. “Los precios superaban las capacidades del Estado”, señaló.

Tras la cancelación de la licitación, el ministerio evaluó opciones alternativas, incluyendo buques noruegos, que fueron descartados por razones técnicas. En abril de 2023 surgió la propuesta del astillero Cardama, que fue analizada en detalle por una delegación oficial integrada por Elgue y un capitán de la Armada. “Yo me entero por el ministro que había una propuesta de Cardama. Fuimos a Vigo, en visita oficial, con más de 80 preguntas elaboradas por los servicios técnicos y los almirantes. Estuvimos un día y medio en el astillero, revisando cada aspecto del proyecto”, relató.

Consultado sobre la experiencia de Cardama en la construcción de este tipo de naves, Elgue sostuvo que las OPV “no son buques de guerra”, sino embarcaciones con prestaciones mixtas, civiles y militares. Recalcó además que la supervisión técnica estaría a cargo de la sociedad de clasificación Lloyd’s Register, responsable de garantizar la calidad del proceso. “Esa era la principal garantía técnica del contrato”, dijo.

El exsubsecretario defendió también el marco legal del procedimiento, al señalar que “el Tribunal de Cuentas auditó el expediente y no formuló observaciones”. Agregó que el contrato incluyó cláusulas de penalización y de doble garantía, una de las cuales “no es habitual en los contratos del Estado” y fue incorporada a su iniciativa.

Sin embargo, reconoció que las garantías iniciales presentadas por la empresa “no reunían las condiciones” y que su preocupación fue si “rescindir el contrato era peor que corregir el procedimiento”. En ese punto, atribuyó parte de la responsabilidad al gobierno actual por la falta de control tras el cambio de administración. “Desde marzo a septiembre no hubo observadores de la Armada en el astillero, pese a que el contrato lo establecía”, afirmó.

Elgue también negó haber tenido vínculos con Alberto Iglesias y afirmó que el representante de Cardama en Uruguay era “Gerardo Moreira, capitán de fragata retirado, el broker, quien participó en las reuniones técnicas y en la negociación del contrato”. También rechazó versiones sobre supuestas presiones de Estados Unidos para evitar un acuerdo con astilleros chinos. “No recibimos ninguna presión por el tema de las OPV”, aclaró. Elgue manifestó que una semana después de recibida la propuesta de Cardama se invitó a todos los astilleros que habían comprado los pliegos de la licitación para que participaran. “Las condiciones eran bien laxas para que tuvieran la oportunidad de hacer su mejor propuesta”, afirmó.

Finalmente, defendió la actuación de Cabildo Abierto en el proceso y sostuvo que el partido “estuvo permanentemente informado”. “Le di al general Manini todos los detalles del procedimiento. Salgo a hablar porque esto no solo me involucra a mí, sino también al partido al que representaba”, explicó.

Elgue llamó a “tener prudencia y paciencia” ante las investigaciones en curso, y remarcó que “el Estado es uno solo, y su responsabilidad es continua en el tiempo”. Según dijo, su prioridad fue garantizar que el contrato “protegiera los recursos públicos”, aunque admitió que “la situación posterior muestra que no hubo la misma buena fe” tras el cambio de autoridades, el pasado 1º de marzo. “Yo creo que los contratos se hacen de buena fe, no puede ser que desde marzo hasta setiembre no estuvieran presentes los observadores de la Armada más cuando teníamos que seguir al detalle la construcción, porque tampoco es cierto que los pagos son automáticos, pueden una carta de crédito tiene forma de ser suspendida o cancelados por diferencias con el contrato”, indicó. “El no mandar observadores pero sí realizar pagos me parece que es una omisión importante” por parte del actual gobierno, destacó el subsecretario. “Si el contrato y el procedimiento fue tan desprolijo se  tendría que haber revisado en marzo y ahí haber controlado esa garantía”, agregó.