El gobierno de Orsi debe revisar una estrategia que confunde presencia mediática con capacidad de convencer. La publicidad estatal exige transparencia y resultados.
La segunda vuelta exige más que advertencias sobre el bolsonarismo. Lula debe explicar qué corregirá, cómo responderá al malestar cotidiano y para qué quiere otro mandato.
Los emprendimientos y su impacto ambiental reclaman controles efectivos y explicaciones de la administración del intendente de Canelones Francisco Legnani.
El caso Gonzalo Gómez exige una rendición de cuentas de toda la Junta Departamental de Montevideo. La transparencia debe alcanzar a cada bancada y a cada peso destinado a pagar asesores.
La fortaleza institucional convive con dificultades para completar la educación, una infancia castigada por la pobreza y una elevada tasa de suicidio. El prestigio democrático exige respuestas concretas.
El resultado brasileño vuelve a poner sobre la mesa el crecimiento electoral de las derechas en América Latina.
El reconocimiento de pagos a un asesor sin tareas asignadas exige investigar las contrataciones y los mecanismos de supervisión de la Junta Departamental de Montevideo. La revisión debe alcanzar a todas las bancadas y establecer responsabilidades mediante documentos.
La condena del exasesor, el reconocimiento de que cobraba sin tareas y las nuevas investigaciones sobre circuitos de lavado exigen respuestas que van más allá de una licencia o de una comisión partidaria.
El financiamiento electoral uruguayo exige una discusión que los partidos no pueden seguir postergando: el origen del dinero, los gastos que efectivamente se declaran y los mecanismos de control.
El poder del crimen organizado exige investigar sus vínculos con las instituciones. La dirigencia política debe abrir sus mecanismos de financiamiento, contratación y control al escrutinio público.
