El asesinato de Washington “Bocha” Risotto, en enero de 2012, quedó como un símbolo del ingreso del sicariato a la alarma pública.
Cuando la evasiva se acepta como respuesta y la discusión política pierde de vista la vida de la gente, el periodismo debe recuperar su capacidad de incomodar. Enojarse exige investigar más, preguntar mejor y sostener los reclamos hasta obtener explicaciones.
El gobierno de Orsi debe revisar una estrategia que confunde presencia mediática con capacidad de convencer. La publicidad estatal exige transparencia y resultados.
La segunda vuelta exige más que advertencias sobre el bolsonarismo. Lula debe explicar qué corregirá, cómo responderá al malestar cotidiano y para qué quiere otro mandato.
Los emprendimientos y su impacto ambiental reclaman controles efectivos y explicaciones de la administración del intendente de Canelones Francisco Legnani.
El caso Gonzalo Gómez exige una rendición de cuentas de toda la Junta Departamental de Montevideo. La transparencia debe alcanzar a cada bancada y a cada peso destinado a pagar asesores.
La fortaleza institucional convive con dificultades para completar la educación, una infancia castigada por la pobreza y una elevada tasa de suicidio. El prestigio democrático exige respuestas concretas.
El resultado brasileño vuelve a poner sobre la mesa el crecimiento electoral de las derechas en América Latina.
El reconocimiento de pagos a un asesor sin tareas asignadas exige investigar las contrataciones y los mecanismos de supervisión de la Junta Departamental de Montevideo. La revisión debe alcanzar a todas las bancadas y establecer responsabilidades mediante documentos.
La condena del exasesor, el reconocimiento de que cobraba sin tareas y las nuevas investigaciones sobre circuitos de lavado exigen respuestas que van más allá de una licencia o de una comisión partidaria.