Bajo el lema “Resiliencia inteligente: Construyendo un ecosistema cibernético que evoluciona y se adapta”, se realizó un Simposio sobre Ciberseguridad impulsado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Montevideo. El mismo tiene como público objetivo profesionales de la ciberseguridad, actores políticos y especialistas en incidentes cibernéticos, con el fin de fomentar el diálogo interinstitucional y la importancia estratégica de la ciberseguridad en la región.
La Sección de Ciberseguridad del Comité Interamericano contra el Terrorismo (Cicte) de la citada entidad internacional, fue la encargada de su desarrollo en colaboración con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), convocando a más de 300 expertos en diferentes eventos se desarrollarán entre a jornada de ayer y la de hoy.
En la oportunidad, también se llevó a cabo la Iniciativa Regional para la Educación y la Capacitación en Ciberseguridad, con la finalidad de brindar un espacio para que representantes de los sectores educativo, gubernamental, industrial y de organizaciones sin fines de lucro exploren formas de desarrollar un plan de estudios para la ciberseguridad actual y futura.
La apertura del evento estuvo a cargo de Guillermo Moncayo, secretario ejecutivo adjunto de Cicte y Daniel Mordecki, director ejecutivo de Agesic. Moncayo explicó que, durante los últimos veinte años, la estrategia regional ha fortalecido la posición de América Latina y el Caribe en materia de ciberseguridad, impulsando su capacidad para competir y avanzar en el desarrollo digital. Asimismo, aseguró que la región se encuentra ante el desafío de integrar políticas públicas que consoliden infraestructuras seguras y resilientes, promoviendo la cooperación entre gobiernos, empresas y la ciudadanía.
También remarcó que la tecnología avanza a un ritmo mucho más rápido que las leyes y regulaciones, lo que obliga a los gobiernos y las instituciones a adaptarse con flexibilidad. En este contexto, la cooperación y la confianza mutua entre los países, las empresas y la ciudadanía se vuelven fundamentales para enfrentar los nuevos desafíos digitales. Agregó que solo a través del trabajo conjunto es posible proteger a las personas, sus derechos y los sistemas tecnológicos que sostienen el funcionamiento de nuestras sociedades.
Por su parte, Mordecki expresó que “la transformación digital llevó a que el delito también sea digital, lo que impone crear políticas específicas y acciones para mitigar, prevenir y perseguir a los delincuentes”. En ese sentido, recordó que hace 20 años comenzó la transformación digital, que conlleva beneficios y dificultades. Como ejemplo, mencionó que las estafas aumentaron 2.000% en Uruguay en los últimos 10 años y que en la primera mitad de 2025 fueron contenidos más de 17.000 incidentes digitales.
El crecimiento sostenido de las estafas no solo se refleja en la tasa de denuncias, sino también en su posición relativa respecto a otros delitos. Mientras que en 2013 las estafas se ubicaban en el décimo lugar entre los delitos más denunciados del país, en 2024 ascendieron al tercer lugar del ranking general.
“Eso nos impone la creación de políticas específicas y acciones para mitigar, prevenir y perseguir a los delincuentes. Los Estados tienen que interactuar, coordinar y actuar en forma conjunta”, analizó.
