En toda democracia consolidada, el poder ejecutivo debe estar sometido al escrutinio judicial, y sus líderes, obligados a rendir cuentas. Cuando este principio se quiebra —ya sea por reformas legislativas ad hoc, retórica victimizante o complicidades geopolíticas—, la impunidad se institucionaliza y la democracia se convierte en una cáscara vacía. El caso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, acusado de corrupción y ahora públicamente defendido por Donald Trump, ilustra este peligro con precisión quirúrgica.
- Netanyahu: de estadista a acusado
Max Weber definió el poder como la capacidad de imponer voluntades «incluso contra toda resistencia». Netanyahu, en el poder desde 2009 (con un paréntesis en 2021-2022), ha convertido esta premisa en un manual de supervivencia política. Su liderazgo, que alguna vez se sustentó en la seguridad nacional y el crecimiento económico, ahora se ve ensombrecido por tres causas judiciales que revelan un esquema sistémico:
- Caso 1000: Recepción de obsequios de lujo (incluyendo champán, puros y joyas por $260,000) de empresarios a cambio de favores fiscales.
- Caso 2000: Intento de pactar cobertura favorable con el diario Yedioth Ahronotha cambio de limitar la circulación de su competidor.
- Caso 4000(el más grave): Beneficios regulatorios a la empresa Bezeq por valor de $500 millones, a cambio de cobertura positiva en el portal Walla!.
El juicio, iniciado en mayo de 2020, ha sido aplazado más de una docena de veces —invocando motivos que van desde la pandemia hasta la actual guerra en Gaza—. Como advirtió el ex fiscal general Avichai Mandelblit: «Cuando las emergencias se vuelven rutina, la justicia se convierte en teatro».
- La arquitectura de la impunidad
Netanyahu no actúa en soledad. Ha tejido una estructura de protección con tres pilares clave:
- Reformas judiciales
En 2023, impulsó una ley para reducir la capacidad del Tribunal Supremo de revocar decisiones gubernamentales. El académico Yaniv Roznai (IDC Herzliya) la calificó como «un bypass a la democracia israelí». - Retórica de victimización
Ha caracterizado el proceso judicial como una «persecución de izquierdistas y medios corruptos», una narrativa que Donald Trump replicó al calificarlo de «juicio político»(Truth Social, 3/6/2024). - Conflicto como cortina de humo
La ofensiva en Gaza —que, según el Ministerio de Salud administrado por Hamás, ha dejado más de 56,000 muertos— le ha permitido suspender audiencias judiciales invocando un «estado de guerra» y reforzar la cohesión nacional en torno a su figura como «líder en tiempos de crisis».
III. Trump y el manual del autócrata
La exigencia de indulto de Trump no es un desliz retórico: es parte de un guion compartido.
Durante su presidencia, indultó a aliados como Roger Stone (obstrucción a la justicia) y Steve Bannon (fraude).
Su apoyo a Netanyahu fortalece su base evangélica (clave dentro del Partido Republicano) y reafirma su alianza con el lobby sionista.
Viktor Orbán en Hungría —estrecho aliado de ambos— reformó su sistema judicial en 2022 para controlarlo. Trump no solo admira ese modelo, ahora lo exporta.
Como documentó Anne Applebaum en El ocaso de la democracia:
«Los autócratas ya no actúan solos. Forman redes que se protegen mutuamente».
Esta red de impunidad transnacional tiene consecuencias concretas.
El caso Netanyahu-Trump trasciende a ambos personajes. Es un síntoma de un patrón global donde líderes erosionan sistemáticamente los controles democráticos.
La Corte Penal Internacional aún no investiga crímenes de guerra en Gaza, pese a las evidencias.
Medios como Haaretz enfrentan campañas de desprestigio por exponer estas redes.
Las protestas masivas en Israel (2023) demostraron que la resistencia existe, pero sigue siendo frágil.
En palabras del filósofo Timothy Snyder:
«La democracia no es un estado, es un acto de voluntad colectiva».
Hoy, esa voluntad está sitiada. La impunidad ya no es una falla del sistema: es su antítesis programada. Si no se confronta con mecanismos concretos —desde sanciones internacionales hasta presión ciudadana—, se normalizará como el cimiento de un nuevo orden global: uno donde las leyes son decorativas y el poder, un privilegio irrevocable.
Que el presidente de un país exija la absolución del presidente de otro país es vergonzoso. No extraña de un desequilibrado como Trump -en cualquier momento se plegará el cuzquito Milei-, pero es un bochorno a nivel universal que un mandatario se arrogue el derecho de decidir quién va preso y quién no en una país extranjero. Con ese criterio, hubieran avisado antes y Penadés podría andar suelto, ya que está. Y sin duda, acá ne el apisito habrá obsecuentes que le den la razón.