Introducción
En 2013, Uruguay hizo historia al regular el mercado de cannabis, desafiando el paradigma prohibicionista global. Sin embargo, esa audacia pionera convive hoy con un sistema penal que sigue operando bajo la lógica represiva de los años 90. Mientras el gobierno actual se autodenomina «progresista», las cárceles uruguayas alcanzan récords de hacinamiento (16.500 personas, 460 cada 100.000 hab.), alimentadas por leyes como la 17.016 (1998) y la LUC (2020), que criminalizan la pobreza y profundizan la exclusión.
Este no es un problema de seguridad, sino de coherencia política. No se puede hablar de derechos humanos mientras el Estado prioriza el encarcelamiento masivo sobre políticas sanitarias y sociales. Si el compromiso con la justicia social aspira a ser más que un eslogan, debe atreverse a reformar un modelo penal que ya fracasó en todo el continente.
- Las leyes que llenan las cárceles (y no combaten el narcotráfico)
- a) Ley 17.016 (1998): el manual del punitivismo
Su falla original es que trató igual a un pequeño vendedor callejero que a un capo del crimen organizado (hasta 18 años de prisión).
Prevalece un principio de arbitrariedad judicial, pues dejó al «consumo personal» sujeto a la «convicción moral del juez», criminalizando a jóvenes de barrios pobres.
El resultado está a la vista: las cárceles se llenaron de eslabones débiles (mujeres, «mulas», consumidores), mientras las redes criminales siguen operando.
- b) LUC (2020): el retroceso garantista
Por su intermedio se eliminaron alternativas a la prisión para delitos de drogas, incluso para no violentos.
Se desmanteló esl sistema de supresión de beneficios y el trabajo o el estudio ya no reducen penas, eliminando incentivos para la reinserción.
Produce un efecto perverso, consistente en más presos, más violencia intramuros, menos recursos para investigar delitos complejos.
El 62% de las personas presas por drogas en Uruguay son primarias y no violentas (INDDHH, 2024).
- Las consecuencias de persistir en el error
Las cárceles son escuelas del crimen. El hacinamiento y la falta de programas de rehabilitación aumentan la reincidencia.
Asistimos a un fracaso sanitario. Se gasta en prisiones lo que podría invertirse en prevención y reducción de daños.
El modelo genera una sensación de seguridad ficticia pues el 70% de los uruguayos percibe mayor inseguridad pese al aumento de los encarcelamientos (Latinobarómetro, 2025).
- Cinco reformas urgentes para ser consecuentes con un modelo de justicia social efectivo.
Si el gobierno quiere honrar su discurso de derechos humanos, debe:
- Derogar los artículos más duros de la Ley 17.016, diferenciando claramente entre crimen organizado, microtráfico y consumo.
- Revisar la LUC: Restituir beneficios penitenciarios y medidas alternativas para delitos no violentos.
- Despenalizar el consumo: Adoptar un enfoque de salud pública, como ya hizo Portugal, reduciendo un 50% las muertes por sobredosis.
- Inversión en territorios vulnerables: Programas de empleo juvenil y tratamiento voluntario de adicciones, con base en evidencia.
- Comisión independiente: Evaluar el impacto de las políticas de drogas en derechos humanos y seguridad, con participación de la sociedad civil.
- Es necesario actuar
El prohibicionismo es un dogma político, no una solución. Mientras Uruguay siga tratando el consumo de drogas como un delito y no como un problema de salud pública, estará replicando el manual fracasado de la «guerra contra las drogas» que devastó a México y Colombia.
Al gobierno del Frente Amplio le queda una elección que es la oportunidad histórica de liderar una reforma penal que priorice la justicia social sobre el castigo. El mayor riesgo político es perder credibilidad si insiste en un modelo que criminaliza a sus votantes más jóvenes y pobres.
La pregunta no es si Uruguay puede cambiar, sino si tiene la voluntad de hacerlo. Los recursos existen, las evidencias sobran. Se necesita el coraje político. Como dijo José Pepe Mujica: «El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Para transformar la sociedad, hay que atreverse a mirar de frente los problemas y actuar con humanidad».
Y así estamos gracias a el desafío a ese paradigma prohibicionista: repletos de imbéciles drogados hasta las patas tirados en calles, plazas, zaguanes y cuanto recoveco hay en la ciudad.
Ahora, con seguridad, apostando a «la fácil», completarán alguno de esos espacios en los que aún quede lugar con delincuentes «recuperables».
La doctrina progre, es que la pobreza da derechos a delinquir y pasarse las leyes por las bolas, y que todo es culpa del sistema capitalista que aplican los delincuentes de arriba, que serían el equivalente al patron. Los delincuentes de abajo son el equivalente al obrero y son sagrados , deberían delinquir no mas de 40 horas por semana y no ser responsables de sus actos…