Uruguay quedó electo para presidir el Comité de Discapacidad de la OEA

Uruguay está reestructurando sus políticas públicas de discapacidad hacia un enfoque de derechos humanos, impulsando el Primer Plan Nacional (2025-2030) y creando el Instituto Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La reunión del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS) se realizó en Montevideo.
La reunión del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS) se realizó en Montevideo.

Según dio a conocer la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social, la reunión del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS) se realizó en Montevideo. En el marco de ese encuentro, Uruguay presentó la experiencia “Institucionalización de una política pública en discapacidad en Uruguay”. La instancia convocó a representantes de los Estados parte con el objetivo de intercambiar experiencias y analizar los avances en la implementación de la Convención Interamericana.

La presentación estuvo a cargo de Federico Lezama, director del Instituto Nacional de Discapacidad. Expuso los principales lineamientos de la estrategia que Uruguay impulsa para consolidar una política pública integral en discapacidad con horizonte al año 2030. Durante su exposición, señaló la necesidad de avanzar hacia políticas públicas basadas en el enfoque de derechos, que superen respuestas fragmentadas y permitan garantizar trayectorias de vida integrales para las personas con discapacidad. Por otro lado, subrayó, además, el valor de disponer de información y datos de calidad para identificar brechas y orientar la toma de decisiones.

La instancia convocó a representantes de los Estados parte con el objetivo de intercambiar experiencias y analizar los avances en la implementación de la Convención Interamericana.
La instancia convocó a representantes de los Estados parte con el objetivo de intercambiar experiencias y analizar los avances en la implementación de la Convención Interamericana.

Por otra parte, entre los avances presentados se mencionó la creación del Instituto Nacional de Discapacidad. Además del proceso de elaboración del primer Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta herramienta está concebida para ordenar y fortalecer las acciones del Estado en áreas como accesibilidad, educación, salud, empleo y vida independiente. También, en la misma jornada se presentó la evaluación del informe de Uruguay sobre la implementación de la Convención.

Junto a esto, en la relatoría se reconocieron los avances del país en el desarrollo de políticas públicas y en el fortalecimiento de la institucionalidad en discapacidad, y se formularon recomendaciones orientadas a profundizar las acciones para garantizar el ejercicio pleno de derechos. Durante la reunión regional se llevó a cabo la elección de nuevas autoridades del CEDDIS. Antonia Irazábal, experta titular de Uruguay ante el comité, fue electa presidenta. El CEDDIS constituye el mecanismo regional encargado de monitorear el cumplimiento de la Convención y de promover el intercambio de buenas prácticas entre los Estados parte.

Junto a esto, en el marco de los avances en políticas públicas en discapacidad, el Gobierno renovará Uruguay Impulsa, programa de oportunidades para el empleo y la capacitación. En su primera edición, el programa brindó apoyo a 5.200 personas. Uruguay Impulsa conecta dos políticas que previamente no dialogaban: la del trabajo protegido con el Instituto Nacional de Formación Profesional (Inefop). El programa fue creado por la Ley n.° 20.417 con el objetivo de proporcionar ingresos temporarios a personas sin empleo formal. Así como desarrollar capacidades laborales básicas a través de la experiencia directa en el trabajo y habilidades específicas mediante capacitaciones a cargo del Inefop.

La carga horaria prevista fue de seis horas diarias, con una frecuencia semanal de cinco días. Se estableció la salvedad de que las madres con hijos de hasta tres años pudieran trabajar cuatro horas. Para percibir la misma retribución que el resto. La capacitación ocupó el 20 % del tiempo total previsto. El 65 % de la financiación estuvo a cargo del Gobierno nacional. Junto a esto el 19 % lo aportó Inefop y el 16 % restante los gobiernos departamentales. Esta iniciativa tiene como antecedente los programas Oportunidades Laborales y Jornales Solidarios, aplicados en 2021 durante la pandemia de Covid‑19. Este enfoque busca superar la fragmentación histórica, promoviendo la inclusión laboral, educativa y accesibilidad física con participación activa de la sociedad civil

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