Uruguay se destaca en América Latina por su alto ingreso per cápita y por sus bajos niveles de desigualdad y pobreza. En términos relativos, su clase media es la más grande de América y el Caribe, y representa a más del 60% de su población.
A continuación de la crisis de 2002, una sólida gestión macroeconómica y condiciones externas favorables respaldaron un período prolongado de expansión económica. Sin embargo, el crecimiento ha experimentado una desaceleración desde 2015, en un contexto de normalización de los precios de los productos básicos (commodities), la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, y choques climáticos como la sequía severa que afectó al país entre octubre de 2022 y agosto de 2023. A pesar del contexto desfavorable, Uruguay mantuvo una gestión fiscal prudente anclada en la regla fiscal, y presenta los márgenes soberanos más bajos de la región.
En 2023, la economía creció 0,7%, en gran parte debido a la disminución en la producción agropecuaria provocada por la sequía. La economía se recuperó en 2024, alcanzando una expansión del 3,1%. Dicho crecimiento estuvo impulsado por las exportaciones y por el consumo privado, respaldado por mejoras en el mercado laboral y una inflación dentro del rango meta del Banco Central de Uruguay.
A pesar de su estabilidad económica y social, persisten importantes disparidades, explicadas por limitaciones estructurales que dificultan el cierre de las brechas de desarrollo. Actualmente, se estima que el 6% de la población vive en situación de pobreza, utilizando la línea internacional de pobreza de US$6,85 por persona por día. Sin embargo, entre los niños, adolescentes, y la población afrodescendiente esta tasa se duplica. La desigualdad de ingresos no se ha reducido en los últimos años, manteniéndose el índice de Gini alrededor de 40 puntos. Aunque este nivel se encuentra entre los más bajos de América Latina, sigue siendo alto en comparación con otros países fuera de la región.
Una educación con resultados comparativamente bajos para el nivel de ingresos del país, una integración global limitada, y la exposición a choques climáticos se encuentran entre los desafíos más relevantes del país.
Gobierno digital
El Proyecto de Mejora de Servicios de Gobierno Electrónico (PROMESEG) mejoró significativamente la conectividad y el acceso a la educación remota en zonas rurales. Más de 1.200 escuelas se beneficiaron con clases virtuales, incluyendo materias como inglés, lo que ayudó a cerrar la brecha educativa. Además, entre 2018 y 2023, más de 175.000 personas accedieron a trámites en línea a través de múltiples canales de atención al ciudadano.
En 2023, gracias a los logros de PROMESEG, se aprobó un nuevo préstamo por US$16 millones para seguir avanzando en la transformación digital del Estado. El proyecto actual se enfoca en fortalecer la gestión financiera pública, incorporar el análisis de datos y criterios climáticos en la planificación presupuestal, y mejorar la protección al consumidor y la competencia en los mercados.
En mayo de 2024 se otorgó una garantía parcial de crédito de hasta US$67 millones para facilitar el financiamiento del ferry eléctrico más grande del mundo, propiedad de Buquebus. Esta operación es la primera “operación azul” de IFC en Uruguay y la primera en el sector del transporte marítimo y eléctrico a nivel mundial.
Uruguay ha demostrado ser un líder en el desarrollo de instrumentos financieros para hacer frente al cambio climático. Un ejemplo clave en esta trayectoria es la aprobación del primer préstamo que vincula las condiciones de financiamiento de un préstamo del Banco Mundial con el cumplimiento de ambiciosas metas ambientales. Este mecanismo podría significar la reducción de hasta US $12,5 millones en el pago de intereses si Uruguay logra una disminución verificable en la intensidad de las emisiones de gas metano del sector ganadero.
