Lo que desde la sede de Zúrich se concibió como el movimiento comercial más audaz en la historia del organismo rector ha derivado en un estrepitoso colapso institucional. En un lapso de apenas unos días, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se vio obligado a archivar de forma definitiva su propuesta para privatizar parcialmente los activos más codiciados del fútbol mundial, cediendo ante la amenaza directa de un boicot liderado por las principales potencias europeas.
Sin embargo, el repliegue no aplacó la crisis: la UEFA inició una embestida legal de proporciones inéditas que exige cuentas claras y pone en riesgo la continuidad del dirigente suizo. La chispa que encendió el conflicto fue la presentación formal del proyecto para constituir una filial mercantil denominada FIFA Forward Enterprise (FFE). La iniciativa proponía vender entre un 20% y un 30% de los derechos comerciales, televisivos y operativos de las competencias más valiosas del planeta, incluyendo la Copa Mundial masculina, el torneo femenino y el reestructurado Mundial de Clubes.
El plan buscaba la incorporación de fondos de inversión privados de alto perfil, destacándose entre las negociaciones la firma norteamericana Thrive Capital. Para allanar el camino y asegurar una rápida ratificación en la Asamblea, la cúpula directiva ofreció a las 211 asociaciones miembro pagos directos garantizados que oscilaban entre los 20 y los 53 millones de dólares por voto favorable, prometiendo una era de recursos ilimitados para el desarrollo de la infraestructura deportiva global.
Sin embargo, las especificaciones éticas y financieras que salieron a la luz destruyeron la viabilidad del proyecto de inmediato. Documentos filtrados y reportes periodísticos revelaron que la arquitectura corporativa de FIFA Forward Enterprise reservaba para el propio Infantino el cargo de director ejecutivo con un estipendio anual de hasta 30 millones de dólares más bonos por rendimiento operativo.
Semejante compensación representaba un incremento de más del 500% en comparación con su salario oficial al frente del organismo rector (4,6 millones en 2025). La desproporción desató indignación entre dirigentes de distintas latitudes, reabriendo el debate sobre los límites entre la administración del patrimonio deportivo y el beneficio corporativo personal.
La respuesta de los entes continentales no tardó en llegar con una dureza institucional sin antecedentes. Bajo el liderazgo de la UEFA y con la adhesión de sectores de la CONCACAF y la AFC, la conducción europea calificó la maniobra como un acuerdo opaco concebido a espaldas de la familia del fútbol. Ante la firme advertencia del bloque europeo de retirar a todas sus selecciones nacionales de los torneos organizados bajo esta modalidad privada, la FIFA se vio contra las cuerdas y emitió un comunicado oficial anunciando el retiro definitivo de la propuesta para evitar una fractura de desenlace impredecible.
A pesar de la marcha atrás, la batalla política se trasladó al terreno legal. En una notificación formal enviada a Zúrich, la UEFA intimó a la directiva de la FIFA a resguardar y congelar la totalidad de los documentos, correos electrónicos, borradores de contratos y registros de comunicaciones vinculados al proyecto FFE, advirtiendo de forma explícita que no tolerará la destrucción de pruebas de cara a eventuales acciones judiciales y denuncias ante entes reguladores. Con federaciones históricas retirando su respaldo político a la reelección de Infantino para el ciclo 2027-2031, la dirigencia del fútbol mundial ingresa en una etapa de profunda inestabilidad e incertidumbre sobre el futuro de su liderazgo.
