Hay silencios que pasan inadvertidos. Y hay otros que terminan convirtiéndose en noticia.
En el Ministerio de Ambiente, la relación entre la cartera que conduce Edgardo Ortuño y buena parte de la prensa comienza a transformarse en un asunto en sí mismo. No por la ausencia de comunicación institucional —el ministerio difunde actividades, anuncios y resultados de gestión— sino por la dificultad creciente para obtener respuestas cuando las preguntas se apartan del discurso oficial.
El problema aparece con mayor nitidez cuando surge una controversia.
En esos casos, la comunicación parece concentrarse en determinados medios y periodistas, mientras otros deben insistir para conseguir una respuesta, una entrevista o simplemente información que debería estar disponible para cualquier ciudadano.
No se trata de exigir privilegios. Mucho menos de reclamar exclusividades.
Se trata de una cuestión básica: un Ministerio es una institución del Estado y no puede establecer una categoría de medios según su cercanía política o editorial.
La diferencia entre comunicación y transparencia aparece justamente allí.
Comunicar es contar lo que se quiere contar. Transparentar es responder también aquello que incomoda.Ahí aparece el silencio.Y el silencio, en política, rara vez es neutral.
Ortuño puede tener sus preferencias periodísticas. Puede sentirse más cómodo con determinados entrevistadores. Puede elegir los espacios donde considera que su gestión será mejor explicada. Todo eso forma parte de su libertad personal.
Pero cuando se ocupa un cargo público, la lógica cambia.Un ministro no representa solamente a quienes votaron por su partido. Tampoco administra información para sus aliados.
Administra información pública.Y la prensa, incluso la que incomoda, cumple una función esencial: preguntar aquello que otros no preguntan.
El Gobierno tiene derecho a defenderse. Los funcionarios tienen derecho a explicar sus decisiones. El Ministerio tiene derecho a corregir información que considere equivocada.
Lo que no debería ocurrir es que la respuesta dependa de quién pregunta.
Porque una democracia saludable no se mide solamente por la cantidad de conferencias de prensa o comunicados publicados. También se mide por la capacidad de sus funcionarios para enfrentar las preguntas difíciles.
