Este sábado 26 de setiembre se cumplieron 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa del Estado de Guerrero en México. La fecha reabre una pregunta que las familias sostienen desde 2014: qué pasó con los jóvenes y por qué el Estado mexicano aún no ha establecido su destino.
Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Fernández, uno de los estudiantes desaparecidos habló con Diario La R sobre aquella noche, los archivos militares que reclaman desde hace años y las líneas de investigación que todavía permanecen abiertas.
“Estamos ciegos como al principio”, dice González al reclamar información sobre documentos y conversaciones que todavía no han sido entregados.
En paralelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el informe sobre las nuevas líneas de investigación sobre el caso serán presentados el próximo lunes.
La noche en Iguala: “un calvario”
La tarde del 26 de setiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa salió de su escuela con un objetivo: conseguir autobuses para dirigirse a la Ciudad de México y participar de la marcha del 2 de octubre, fecha que se conmemora la masacre de Tlatelolco de 1968. La obtención de vehículos formaba parte de los preparativos que realizan los normalistas para movilizarse junto a estudiantes de otras escuelas rurales.
González reconstruye aquella jornada desde la perspectiva de un padre que, en ese momento, desconocía que su hijo estaba a punto de desaparecer. Relata que “los muchachos optaron por ir a conseguir autobuses, no sé cuál fue el motivo, por el cual fueron a un lugar a donde estaba prohibido: Iguala, Guerrero”. Allí “desafortunadamente fueron atacados por policías ministeriales, policías federales, municipales, estatales, o sea por las Fuerzas Armadas del Estado”.
Según la reconstrucción realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), habían tenido dificultades para conseguir autobuses en Chilpancingo y alrededor de las 17 horas comenzaron a recaudar fondos y tomar vehículos en las inmediaciones de Iguala. El objetivo, según los expertos, era obtener transporte para la movilización y no ingresar al centro de la ciudad.
En esa secuencia fueron incorporándose distintos autobuses. Los normalistas ya contaban con dos unidades de la empresa Estrella de Oro, identificadas como 1568 y 1531. En las inmediaciones de la central de Iguala se produjo luego la toma de un autobús Costa Line, el 2513. El GIEI reconstruyó que entre cinco y siete estudiantes subieron a esa unidad y que el chofer los encerró dentro del vehículo. Los jóvenes llamaron entonces a sus compañeros para pedir ayuda.
Otros estudiantes llegaron a la terminal en los dos autobuses Estrella de Oro que tenían y, en ese momento, tomaron tres unidades más. De acuerdo con el GIEI, finalmente fueron cinco los autobuses que salieron de la estación por diferentes rutas con la intención de abandonar Iguala y regresar hacia Ayotzinapa.
La salida de los vehículos, sin embargo, dio paso a una sucesión de ataques que se extendió durante varias horas. El GIEI identificó nueve escenarios y episodios distintos de violencia ocurridos entre aproximadamente las 21:40 del 26 de setiembre y las 2 de la madrugada del día siguiente. En esos hechos fueron asesinadas seis personas, otras resultaron heridas y 43 estudiantes permanecen desaparecidos. Cerca de 120 personas fueron objeto de disparos o persecuciones durante aquella noche.
Los padres de los estudiantes fueron informados de los acontecimientos alrededor de la 6 de la mañana del 27 de setiembre, González recuerda esa llamada como el inicio de “un calvario tremendo”. “Nos tuvimos que trasladar a Guerrero y desde ahí empezamos a la búsqueda de los muchachos”, relata. Para él y para las demás familias, aquella madrugada marcó el comienzo de una búsqueda que, doce años después, todavía continúa.
Archivos militares
“En el curso del camino, con pruebas en las manos, ya vemos que se van muchas líneas para el Ejército mexicano, pero ahí es el tope”, afirma González. Para las familias, uno de los principales reclamos sigue siendo la apertura de los 800 folios que atribuyen al Ejército.
“Presidentes pasan, presidenta está”, sostiene Mario, quien cuestiona que ningún gobierno haya dado una respuesta definitiva sobre esos documentos.
Según relata, en las reuniones que mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum con las familias existe disposición a hablar sobre la apertura de esos documentos, pero luego, públicamente, la posición cambia.
Su cuestionamiento alcanza a las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos. Sostiene que la Comisión de Derechos Humanos debería actuar como un organismo autónomo y defensor de las víctimas, pero afirma que, en el caso Ayotzinapa, terminó asumiendo una posición de “abogado del ejército”.
“Creo que estamos tremendamente copados de impunidad y son cosas que no sabemos cómo abrirlas”, lamenta.
González también menciona a la Marina y su actuación posterior a los ataques. “La Marina que participó días posteriores al ataque en manipulación en el basurero de Cocula”, afirma, y cuestiona que, pese a la existencia de videos y otras pruebas, sus integrantes no hayan sido llamados a declarar en los términos que las familias reclaman.
Lo que dejó el GIEI y el EAAF
Para González, el trabajo del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ocupa un lugar central en la búsqueda. “Los expertos argentinos y el GIEI se ganan nuestro corazón y nuestra confianza”.
Explica que las familias les pidieron desde el comienzo que no cedieran ante presiones y que actuaran pensando en las víctimas. Según González, esa confianza se consolidó porque el trabajo de los peritos argentinos evitó que las familias aceptaran identificaciones que consideraban dudosas. “Han sido uno de los equipos que gracias a ellos no hemos caído”, sostiene.
Por su parte, el trabajo del GIEI modificó el conocimiento público sobre el caso. Su primer informe cuestionó la posibilidad de que los 43 estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero. El segundo documentó la manipulación del escenario del río San Juan y el tercero profundizó en el seguimiento de los normalistas.
El resumen del Informe Ayotzinapa III señala que las autoridades militares y de inteligencia conocían las actividades del crimen organizado en la zona y también seguían desde años antes las actividades de los estudiantes. El documento sostiene que las dos líneas de inteligencia se cruzaron durante la noche de la desaparición.
Una investigación abierta
En agosto de 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa sostuvo que la desaparición de los 43 constituyó un crimen de Estado, con participación de integrantes de la organización criminal “Guerreros Unidos” y agentes de distintas instituciones. También afirmó que no había indicios de que los estudiantes estuvieran con vida y que la investigación debía continuar para determinar responsabilidades y localizar a los jóvenes.
En agosto de 2026, la Fiscalía General de la República informó avances de un nuevo modelo de investigación y comunicó la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, a quien imputó por desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia. La Fiscalía explicó que el nuevo trabajo incluyó un “reanálisis profundo, exhaustivo y detallado” de actuaciones existentes y abrió líneas a partir de testimonios y otros elementos.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en agosto que antes del 26 de setiembre se haría pública información sobre las nuevas líneas. Explicó que el análisis de registros telefónicos de aquella noche había permitido abrir investigaciones sobre personas que no habían sido involucradas anteriormente.
El paso del tiempo
Doce años modificaron la vida de los padres. Algunos murieron sin conocer el destino de sus hijos. “No somos padres diferentes ni extraordinarios, simplemente somos padres dolidos buscando a un hijo”, afirma González y agrega que “lo único que nos mueve de verdad es el amor hacia nuestros hijos”.
El GIEI ha señalado que en las desapariciones la falta de esclarecimiento prolonga la herida de las familias. Por eso la exigencia de verdad no aparece separada de la búsqueda: conocer qué ocurrió con los estudiantes sigue siendo el punto de partida para cualquier forma de justicia.
González no habla de una lucha terminada. A los estudiantes que vienen detrás les pide algo sencillo: “no olvidar”. “Ser estudiante no es un pecado”, sostiene. Y agrega que los jóvenes tienen derecho a manifestarse y a participar en la vida pública sin que eso los convierta en objetivos de violencia.
A 12 años de aquella noche de Iguala, esa búsqueda continúa entre expedientes, archivos militares, análisis telefónicos, investigaciones judiciales, memoria familiar y un país esperando respuestas del paradero de 43 estudiantes.
Gobierno presentará el lunes el nuevo informe del caso Ayotzinapa
Durante la conferencia de prensa matutina del viernes 25 de setiembre, Sheinbaum confirmó que el nuevo informe oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas se dará a conocer el próximo lunes, 28 de septiembre. Al explicar el ajuste en la agenda, la mandataria detalló que “había demasiadas actividades”, argumentando así la decisión de mover la presentación para no interferir con las movilizaciones conmemorativas.
Respecto al contenido del reporte, adelantó que se detallarán los avances logrados en coordinación con la Fiscalía General de la República a partir de nuevas vías de indagatoria: “Lo que hicimos con la FGR fue realizar otras líneas de investigación a partir del uso de teléfonos usados esa noche”. Asimismo, la presidenta confirmó que el informe incluirá el reporte de nuevas detenciones y enfatizó que las familias de los jóvenes ya están al tanto de estos hallazgos.
