El Poder Ejecutivo resolvió avanzar con una nueva causal jubilatoria que permitirá a los trabajadores uruguayos retirarse a partir de los 60 años, siempre que acrediten al menos 30 años de aportes. El proyecto de ley, aprobado para su envío al Parlamento durante el Consejo de Ministros celebrado este lunes 12 de octubre, busca habilitar una alternativa voluntaria dentro del sistema previsional y atender especialmente la situación de quienes tienen menores ingresos o enfrentan dificultades para mantenerse en actividad hasta la edad ordinaria de retiro.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció la decisión en una conferencia de prensa posterior a la reunión ministerial y sostuvo que la iniciativa responde a un compromiso asumido durante la campaña electoral y a los acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Social. También recordó que la posibilidad de jubilarse antes de los 65 años fue uno de los asuntos que generó mayor discusión durante la aprobación de la Ley 20.130, que introdujo modificaciones en el sistema de seguridad social.
“Esto es una ley general, para todos los uruguayos, cada uno decidirá el momento de jubilarse”, afirmó Sánchez. La propuesta no establecerá una obligación de retirarse a los 60 años, sino que incorporará una opción para quienes reúnan las condiciones exigidas y consideren conveniente acceder a la jubilación anticipada.
El anuncio abre una nueva etapa en la discusión sobre la reforma previsional, ahora centrada en la posibilidad de flexibilizar las condiciones de acceso al retiro sin comprometer, según el gobierno, la sostenibilidad financiera del sistema. El proyecto deberá recorrer el trámite legislativo y conseguir los apoyos necesarios en un Parlamento en el que el Frente Amplio no cuenta con mayoría propia en la Cámara de Diputados.
Una alternativa para quienes tienen 30 años de aportes
El requisito central previsto en la iniciativa es contar con 30 años de aportes y haber cumplido 60 años de edad. De acuerdo con lo anunciado por Sánchez, el mecanismo alcanzará a trabajadores comprendidos en el Banco de Previsión Social (BPS) y a quienes están vinculados al sistema de ahorro individual administrado por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). El secretario de Presidencia también señaló que la propuesta podría extenderse a las cajas paraestatales, aunque su incorporación dependerá de las condiciones que se establezcan para esos organismos. El alcance concreto en cada subsistema deberá quedar definido en el texto legal y en las disposiciones correspondientes.
Uno de los principales aspectos destacados por el gobierno es la prioridad que se pretende otorgar a las personas con menores ingresos. Sánchez afirmó que el 30% de las jubilaciones más bajas podrá acceder al retiro a los 60 años en condiciones iguales o mejores que las que regían antes de la entrada en vigor de la Ley 20.130.
“El 30% de las jubilaciones más bajas va a poder jubilarse a los 60 años en iguales o mejores condiciones de las que se establecían en los haberes jubilatorios previo a la ley 20.130”, señaló.
La definición coloca el nivel de ingresos como un elemento central del diseño de la nueva causal. La intención es que la alternativa de retiro anticipado no represente necesariamente una pérdida de protección para quienes reciben las prestaciones más bajas, uno de los sectores que el Poder Ejecutivo identifica como prioritario. Sin embargo, los detalles de aplicación dependerán de la redacción definitiva del proyecto. Será necesario conocer las condiciones específicas de acceso, la forma en que se determinarán los beneficiarios comprendidos en ese 30% y los criterios que se utilizarán para calcular las prestaciones de quienes opten por jubilarse antes de los 65 años.
El gobierno plantea la nueva causal como una opción que permitirá a cada trabajador evaluar su situación personal y laboral. Quienes reúnan los requisitos podrán solicitar la jubilación a partir de los 60 años o permanecer en actividad para acceder más adelante a una prestación superior.
Según explicó Sánchez, el diseño contempla condiciones iguales o mejores para determinados grupos que opten por el retiro anticipado y, al mismo tiempo, incentivos para quienes posterguen su jubilación hasta los 65 años o más. La intención es que cada año adicional de actividad pueda traducirse en un haber jubilatorio más elevado.
El planteo procura contemplar trayectorias laborales diferentes. Para algunos trabajadores, continuar en actividad puede resultar conveniente desde el punto de vista económico; para otros, las condiciones del empleo, la pérdida de oportunidades laborales o las exigencias de determinadas tareas pueden volver más difícil prolongar la vida laboral hasta los 65 años.
Sánchez utilizó como ejemplo la situación de una persona que pierde su empleo a los 62 años y que, aun contando con tres décadas de aportes, debe esperar hasta los 65 para acceder a la jubilación bajo las condiciones vigentes. En ese contexto, consideró que la nueva causal permitiría ofrecer una alternativa de protección ante las dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo.
El jerarca vinculó este problema con las transformaciones tecnológicas y los cambios que atraviesa el mundo laboral. La modificación de las ocupaciones, las nuevas exigencias de formación y las dificultades que pueden enfrentar determinados trabajadores en las últimas etapas de su vida activa forman parte de los argumentos con los que el Gobierno fundamenta la necesidad de revisar las condiciones de acceso al retiro.
La propuesta, no obstante, no supone que todos los trabajadores deban jubilarse a los 60 años ni que necesariamente obtengan el mismo beneficio. La prestación dependerá de las reglas que finalmente establezca la ley y de las condiciones particulares de cada persona.
No se comprometerá la sostenibilidad
Uno de los puntos centrales de la discusión será el impacto financiero de la nueva causal sobre el sistema previsional. La posibilidad de adelantar la edad de retiro puede incidir tanto en el momento en que comienzan a pagarse las prestaciones como en el período durante el cual los trabajadores realizan aportes.
Sánchez aseguró que los beneficios previstos en la iniciativa se alcanzarán sin afectar la sostenibilidad del sistema de seguridad social. “Estos beneficios se logran sin que se erosione la sustentabilidad del sistema”, afirmó.
La afirmación anticipa uno de los argumentos que el Poder Ejecutivo deberá desarrollar durante el tratamiento parlamentario: cómo se financiará la flexibilización de las condiciones de acceso a la jubilación y de qué manera se compatibilizará con el equilibrio de las cuentas previsionales.
El debate también estará relacionado con los objetivos de la reforma aprobada en 2023, que modificó las condiciones de acceso a las prestaciones y estableció cambios en el sistema de seguridad social. La nueva propuesta pretende introducir una alternativa para determinados trabajadores sin dejar de lado, según el gobierno, los criterios de sostenibilidad financiera.
El texto que se remitirá al Parlamento será relevante para precisar los mecanismos de cálculo de las prestaciones, las condiciones aplicables a los distintos subsistemas y las eventuales diferencias entre quienes se jubilen anticipadamente y quienes decidan continuar trabajando.
Por el momento, el anuncio del Poder Ejecutivo establece los lineamientos generales de la iniciativa, pero no permite determinar todos los efectos que tendrá sobre cada categoría de trabajadores. Esos aspectos deberán analizarse a partir del articulado definitivo y durante la discusión legislativa.
Negociaciones parlamentarias
El gobierno pretende que el proyecto sea tratado durante los próximos meses y que obtenga aprobación parlamentaria antes de que finalice 2026. “Este proyecto va a tener el debate parlamentario, esperemos que cuente con los votos necesarios antes de fin de año”, sostuvo Sánchez.
La aprobación requerirá negociaciones políticas, especialmente en la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio no dispone de mayoría propia. El oficialismo deberá buscar acuerdos con sectores de la oposición para reunir los votos necesarios.
En ese escenario, la Coalición Republicana tendrá un papel relevante en la discusión, mientras que Cabildo Abierto podría volver a convertirse en un actor decisivo si las posiciones de los principales bloques no permiten alcanzar una mayoría suficiente. La posibilidad de acuerdos dependerá del contenido definitivo del proyecto y de las condiciones que planteen los distintos partidos.
Ciencia y Tecnología y reducción de la pobreza
Por otra parte, el Consejo de Ministros recibió al secretario de Ciencia y Valorización del Conocimiento, David González, quien se expresó acerca de los avances del Plan de Ciencia y Tecnología que se encuentra en elaboración. Se procura que la ciencia contribuya a resolver los desafíos nacionales en distintas áreas. La hoja de ruta definitiva será presentada en mayo del próximo año.
A su vez, se analizaron los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al primer semestre del año, según los cuales la pobreza registró una tendencia a la baja. En general, disminuyó del 17,7% al 14,8%, señaló Sánchez, lo que significa que unos 95.000 uruguayos la superaron. En cuanto a la pobreza infantil, se redujo del 32,4% al 24,9%. El jerarca atribuyó esta mejora al incremento de los ingresos familiares, impulsado por el aumento de las jubilaciones y pensiones, la priorización de salarios sumergidos en los Consejos de Salarios, el aumento del empleo femenino y la inversión en obra pública.
