La inauguración del sicariato en Uruguay no es una historia nueva.

Más que el primer crimen por encargo, representó un quiebre en la percepción de la violencia organizada y sus desafíos para el Estado.

La noche en que asesinaron a Washington “Bocha” Risotto quedó como una referencia de la violencia criminal en Uruguay. Una ejecución en plena calle, sin robo y con una advertencia antes de los disparos expuso una lógica brutal: matar como forma de imponer una decisión y cerrar una disputa.

El 2 de enero de 2012, dos hombres con los rostros cubiertos se acercaron al representante de futbolistas en Ejido y Bermúdez, en Montevideo. Según la información policial recogida entonces, le dijeron “Llegó tu hora” y le dispararon ocho veces. Huyeron caminando y dejaron sus pertenencias. La Policía descartó que se tratara de un robo.

Hablar de la “inauguración del sicariato” exige precisar el sentido de la expresión. No existe en las fuentes consultadas una base suficiente para afirmar que ese fue el primer asesinato por encargo ocurrido en el país. La investigación académica Relatos de muerte señala que algunos datan el fenómeno contemporáneo en el homicidio de Risotto, aunque advierte sobre los límites de esa interpretación. Aquí, la inauguración se refiere a un hito de visibilidad y alarma pública.

El crimen provocó preocupación policial por su violencia y sus características mafiosas. Ese impacto planteaba un desafío que desbordaba el esclarecimiento de un homicidio: investigar una modalidad en la que el ejecutor puede ser apenas un eslabón de una cadena de decisiones, intereses y recursos.

Frente a esa realidad, la expresión “ajuste de cuentas” resulta insuficiente cuando se utiliza para clausurar la discusión. Puede describir una hipótesis policial, pero no explica por sí sola quién ordenó matar, qué estructura permitió hacerlo ni cómo evitar que vuelva a ocurrir. Mucho menos puede convertirse en una manera de restarle importancia a la víctima.

Una sociedad comienza a ceder terreno cuando acepta que ciertas muertes son un asunto exclusivo de delincuentes. Los antecedentes de una persona no suspenden sus derechos ni reducen la obligación de investigar. Cada ejecución sin esclarecimiento deja abiertas preguntas sobre la capacidad del Estado para garantizar justicia.

El sicariato convierte la muerte en un servicio y permite que alguien pretenda resolver sus conflictos mediante un tercero armado. Su amenaza alcanza también a los vecinos, a los testigos y a quienes pueden quedar atrapados en una disputa que no eligieron.

La respuesta debe llegar a toda la cadena criminal. Identificar al tirador es fundamental; descubrir a quien encarga, financia o facilita el asesinato también lo es. Para eso hacen falta investigación sostenida, protección de testigos, seguimiento del dinero y coordinación institucional. La prevención requiere, además, disputar el reclutamiento de jóvenes con oportunidades concretas.

Recordar a Risotto como un símbolo de la inauguración del sicariato en Uruguay obliga a mirar aquella alarma con responsabilidad. La discusión no puede agotarse en quién gobernaba cuando ocurrió el crimen ni en la conveniencia partidaria de cada episodio. Debe concentrarse en qué capacidades construye el país para impedir que las organizaciones criminales impongan sus propias sentencias.

La obligación de una democracia es inequívoca: ninguna banda puede decidir qué vida termina, y ningún asesinato puede ser tratado como una muerte que importa menos.