La Comisión de Constitución y Legislación del Senado evalúa acelerar el proceso de tres juicios políticos y una solicitud de pérdida de la categoría de edil. Las solicitudes para que la Cámara Alta realicen los procesos administrativos han partido de las Juntas Departamentales de Soriano, Colonia y Lavalleja.
Días atrás la referida comisión nombró a su presidente para este año, cargó que será ejercido por el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. A su vez, se analizaron los temas más importantes a tratar este año. El orden acordado como prioritario sería, en primer lugar, el de la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. Posteriormente, el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, en tercer término las incompatibilidades para funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional y posteriormente un proyecto de ley sobre el proceso de extradición. El Frente Amplio solicitó hasta después de Semana de Turismo para poder estudiar este orden y eventualmente solicitar algún cambio.
Pero en la primera sesión de la comisión surgió el tema de tres juicios políticos pendientes, y la destitución de un edil. Todos datan del año pasado y son a solicitud de las juntas departamentales. Lo primero que se planteó por parte de los senadores es como debía actuar el Poder Legislativo en cada uno de los casos, ya que se trata de situaciones totalmente diferentes.
Quizá el más sonado tiene relación con el ex Alcalde de Florencio Sánchez (Colonia), Alfredo Sánchez autodefinido como «El hombre de las mil gauchadas». Sánchez fue detenido en setiembre de 2021 siendo acusado de delitos contra la administración pública y asociación para delinquir. La operación “Corruptio” había comenzado en 2018 y terminó con nueve detenidos, entre ellos el Alcalde y su hijo, Pablo Sánchez, quién era edil en la Junta Departamental de Colonia. Para este también se ha solicitado el juicio político.
El artículo 102 de la Constitución señala que, «a la Cámara de Senadores corresponde abrir un juicio político a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, en su caso, y pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos, por dos tercios de votos del total de sus componentes». En estos dos casos y hasta noviembre del año pasado, la Junta Departamental de Colonia no había informado que el Alcalde y su hijo, hubieran presentado renuncia a sus cargos. Por esta razón, el juicio político sería procedente.
Otro caso es del edil Javier Urrusty. En febrero de 2021 una investigación de la Junta Departamental de Lavalleja reveló que el curul había hecho un mal uso de los vales de combustible. El mencionado y la edila Mabel Labraga presentaron en la Junta las boletas de sus gastos de combustible, el cual es proporcionado por la Junta Departamental. En la declaración se indicaba que cada uno había conducido en sus vehículos desde José Pedro Varela hasta Minas. En la declaración jurada se debe especificar kilometraje recorrido y cantidad de litros de combustible a reintegrar. Ante dudas, ya que se había visto a Urrusty bajar del auto de Labraga, se constituyó una comisión investigadora, la cual determinó que el edil y la edila viajaron juntos, en el auto de la curul, y que fue Urrusty quién pidió el traslado.
Por lo tanto, pasó gastos de combustible que no había realizado.
Frente a esto, el edil renunció, pero igualmente la Junta Departamental decidió efectuar una denuncia penal y un juicio político. En este caso la duda es si el juicio es procedente, ya que el curul no ocupa más su cargo, y lo más probable es el archivo de la solicitud. La cuarta solicitud es que se analice la pérdida de la calidad de edil, solicitado contra Israel Acuña de Soriano. En octubre del año pasado se hacía el Congreso Nacional de Ediles en Paysandú. Los ediles de Soriano estaban hospedados en un hotel y fue ahí dónde Acuña sacó una foto a una compañera de bancada mientras esta se estaba duchando. La edila se dio cuenta y procedió a denunciar los hechos frente a sus colegas. Acuña dijo que todo «fue una broma» y que nunca llegó a tomar ninguna foto. Antes de que fuera expulsado del Partido Nacional, el curul anunció su alejamiento de esa fuerza política, pero se mantuvo en su calidad de edil. Por esta razón, la Junta Departamental de Soriano decidió solicitarle al Senado que aplique el artículo 296 de la Constitución. Este indica que «Los Intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes de dicha Junta por los motivos previstos en el artículo 93. La Cámara de Senadores podrá separarlos de sus destinos por dos tercios de votos del total de sus componentes». El artículo 93 indica que se podrá acusar «por violación de la Constitución u otros delitos graves». La duda que surge ahora es sí, el hecho constituye un «delito grave».
En caso de entender que el edil puede ser juzgado por el Senado, basándose en el artículo 296, el mismo sería citado para realice su defensa. Entre los legisladores de la Comisión existe coincidencia en solicitar información a la División Estudios Legislativos, en especial en los casos de Acuña y el alcalde y el edil de Colonia, para saber los alcances que jurídicamente tiene el Senado.
El senador Charles Carrera dijo que «no podemos tener cuatro o cinco carpetas pendientes, porque eso desprestigia al sistema político y a esta comisión, que es una de las más importantes –con todo el respeto a las demás– de este Cuerpo».
