El asesinato de Jonathan Correa a manos de su padre conmocionó a la sociedad uruguaya y puso en evidencia una falla profunda en el sistema estatal: no se trata solo de que existan leyes o dispositivos, sino de cómo el Estado organiza, comparte y gestiona información para proteger a quienes más lo necesitan.
Para la diputada del Partido Colorado, integrante de la Comisión Especial de Seguimiento de las Garantías del Ejercicio de los Derechos de las Infancias y Adolescentes del Parlamento, Elianne Castro, la tragedia no es un hecho inexplicable, sino la manifestación extrema de un sistema fragmentado que no logra integrar la información que ya se produce en distintos organismos.
Castro describió a detalle cómo el Estado uruguayo recaba datos sobre la vida de las familias, los niños, las situaciones de vulneración y de riesgo, pero no logra conectarlos de manera que permitan una acción coordinada y oportuna.
A partir de su experiencia profesional en la gestión pública, su trabajo legislativo y vivencias en el territorio, la diputada propone una reforma de enfoque que coloque la integración de información y la coordinación institucional en el centro de cualquier política pública que pretenda proteger a la infancia en Uruguay.
Un Estado fragmentado
Cuando Castro habla de la estructura estatal uruguaya, utiliza la palabra “divorcio” como una metáfora insistente. Entiende que cada organismo del Estado actúa con su propia base de datos, procedimientos y criterios, sin que exista un sistema que cruce información para identificar situaciones de riesgo que afecten a niñas, niños y adolescentes.
“En Uruguay está todo divorciado, todo. No hay vínculo entre las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, y entre las organizaciones del Estado es un absoluto divorcio”, afirma. Esa desconexión genera consecuencias: cada institución ve una parte de una misma realidad, pero ninguna ve el conjunto completo. Para Castro, esto explica por qué, en el caso de Jonathan, hubo catorce señales de alerta previas que no lograron articularse en una respuesta protectora eficaz.
Antes de asumir una banca, Castro desempeñó tareas en el Ministerio de Educación y Cultura durante 18 años. Allí, tuvo la oportunidad de gestionar una base de datos muy detallada de familias en situación de vulnerabilidad extrema para el otorgamiento de becas de la mano de Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento). Aquella base incluía cédula, composición familiar, contacto y una serie de datos socioeconómicos. “Nosotros teníamos toda la información de cada integrante del núcleo familiar, teníamos todo”, recuerda. Sin embargo, esa base no era accesible para otros entes como el Banco de Previsión Social (BPS), Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y por eso la información no pudo utilizarse para proteger mejor a quienes estaban en riesgo.
Detectar sin dar seguimiento
Castro considera que una de las pocas luces en la oscuridad institucional es que Uruguay cuenta con cobertura educativa casi universal hasta los 14 años, lo que permite que muchas situaciones de violencia sean identificadas por docentes y equipos educativos. “Tenemos casi un 100% de escolarización hasta los 14 años, y los centros educativos están detectando casos de violencia”, reconoce.
Pero ese reconocimiento viene acompañado de una frustración debido a que esa detección no se transforma en seguimiento ni en respuesta efectiva. Según la diputada, las escuelas hacen su trabajo, alertan a las instituciones correspondientes, pero luego no tienen forma de saber qué ocurrió con esas alertas, ni si el niño o la niña recibió protección real. La falta de retroalimentación convierte a la detección en un trámite que se pierde en la burocracia institucional sin seguimiento.
Esa paradoja -que la violencia sea vista y denunciada, pero que esa denuncia quede sin consecuencias reales- es uno de los aspectos más dolorosos para Castro. “Tenemos lugares donde se ve que hay un chico que está sufriendo violencia… lo identificamos. El tema es lo que viene después, no funciona”. Esta separación entre los que observan y los que pueden actuar es, para ella, el gran obstáculo que impide que Uruguay avance en materia de protección de la infancia.
La justicia y la falta de sensibilización estructural
Además de la fragmentación de datos, Castro apunta a un problema de enfoque dentro de las instituciones que toman decisiones críticas: la falta de sensibilización hacia la realidad de la infancia. “La justicia falla porque quienes están en la justicia no están sensibilizados”, agrega. Esta ausencia de una mirada especializada y atenta a las dinámicas de violencia infantil explica, en parte, por qué denuncias previas -como las presentadas por la madre de Jonathan- no fueron articuladas con una protección efectiva de los niños involucrados.
La diputada detalla que, en muchos casos, quienes deberían profundizar en los contextos familiares y evaluar riesgos no poseen las herramientas ni la formación para hacerlo. Incluso cuando existen antecedentes de violencia doméstica, la conexión para evaluar qué está ocurriendo con los hijos queda muchas veces ausente. “Tenemos todos los dispositivos, la normativa está, pero no hay integración”, insiste, subrayando que no es la falta de ley lo que falla, sino cómo esa ley se aplica sin criterios integrales ni sensibilización efectiva en la práctica diaria de juzgados, comisarías o servicios sociales.
Más allá de las normas: el gran desafío de la gestión integral
La propuesta central de Castro es crear un sistema nacional de datos integrados que conecte a todos los organismos, desde educación y salud hasta justicia y seguridad social. Dicho sistema permitiría que la información recolectada en un área no quede aislada, sino que se cruce para generar alertas, seguimiento y respuesta oportuna.
Para la diputada, la clave de este sistema es que no solo almacene datos, sino que los combine de manera que identifique patrones de riesgo y active protocolos automáticos cuando estos patrones surgen. Imaginar este tipo de sistema no se trata de una utopía. Castro explicó que Uruguay ya tiene experiencia en desarrollos tecnológicos de este tipo en otras áreas del Estado, y que no hay barreras técnicas para implementarlo. El desafío, según ella, es la voluntad política y la orientación institucional hacia la protección de la infancia como prioridad.
“Lo que no se mide, no se gestiona. Si vos no sabés qué es lo que tenés, no sabés cómo tenés que gestionar”, dijo. Por lo tanto, sin datos que se conecten, sin seguimiento real y sin protocolos interoperables, las políticas públicas seguirán siendo fragmentarias y reactivas, en lugar de preventivas y efectivas.
La vivienda, la pobreza estructural y la integralidad de las políticas
Además de los datos, Castro analiza cómo la pobreza estructural y la precariedad social alimentan un ciclo de vulneración que atraviesa a las familias más desfavorecidas. Para ella, la institucionalización como respuesta primaria no es la solución, sino que debe acompañarse de políticas que atiendan la raíz de la vulnerabilidad: acceso a vivienda, servicios básicos, oportunidades educativas y apoyo socioeconómico sostenido.
“La falta de vivienda digna, de oportunidades, de condiciones básicas de existencia también es parte del mismo sistema”, explicó. Señaló que cuando una familia no tiene adónde ir, cuando carece de redes de apoyo, cuando sus hijos están expuestos a violencia o contextos de riesgo permanente, la respuesta estatal no puede limitarse a advertir un problema, sino que debe incluir soluciones estructurales que transformen la realidad de esas vidas.
La diputada insiste en que Uruguay no carece de recursos, sino de un enfoque que priorice cómo y dónde se invierten esos recursos. Sin datos que permitan hacer una evaluación real de las necesidades y sin coordinación entre instituciones, lo que se invierte muchas veces no llega a quienes más lo necesitan o se dispersa sin impacto real.
Educación, justicia, salud y política social
Para finalizar, Castro llama a una revisión de cómo el Estado piensa las políticas de infancia: no como un conjunto de dispositivos aislados, sino como una política pública integrada, coordinada y guiada por información real y cruzada. El desafío, dijo, no es sólo técnico, sino cultural, para lograr pasar de una lógica institucional fragmentada a una que coloque realmente a la infancia en el centro, con mecanismos que permitan detectar riesgos, acompañar procesos y generar respuestas articuladas entre los entes del Estado.
“Tenemos los dispositivos. Lo que falta es que funcionen juntos, que la información circule, que las alertas no se pierdan en buzones institucionales, que haya seguimiento real. Eso es lo que necesitamos: un Estado que conecte lo que ya existe para proteger vidas.”
Para Castro, solo así se podrá transformar el dolor de casos como el de Jonathan en políticas públicas que verdaderamente protejan a los niños y niñas de nuestro país, no solo en papel, sino en la vida concreta de cada familia.
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Mandar a la cárcel a todos los que evidentemente estuvieron en contacto con la situación y decidieron no hacer nada. La información está ahí, Identificar a los funcionarios públicos es fácil. Lo sé por conocimiento de causa. Después que se ocupen de los padres. No tiene la culpa el chancho sino quien le rasca el lomo