El Comité de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura emitió un documento en donde instó a Uruguay a tipificar el delito de tortura de acuerdo con el artículo Nº 1 de la Convención contra ese cruel acto. El Comité, compuesto por 10 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención, entregó sus conclusiones del cuarto informe periódico sobre Uruguay, y reconoció el diálogo constructivo mantenido con la delegación del Estado parte y la información que aportó durante el examen.
En el balance positivo, explicó la ONU “la evaluación del Comité valoró que Uruguay haya ratificado o se haya adherido a todos los instrumentos fundamentales de derechos humanos y sus protocolos facultativos y celebró la adopción de diversas medidas legislativas”.
El Comité consideró que Uruguay ha de adoptar “medidas eficaces” que garanticen que todos los detenidos “gocen, en la ley y en la práctica, de todas las salvaguardias fundamentales” contempladas por las normas internacionales desde el primer momento en que se vean privados de su libertad.
En particular, el examen enumeró además el derecho a ser asistidos sin demora por un abogado, a requerir y tener acceso inmediato a un médico independiente y, de ser posible, de su elección, aparte de cualquier examen médico que pueda realizarse a petición de las autoridades y también destacó el derecho a ser informados de las razones de su detención y de la naturaleza de los cargos que se les imputan en un idioma que comprendan; a que se registre su detención. El derecho a informar con prontitud de su detención a un familiar o a un tercero, y a ser llevados ante un juez sin demora, está dentro de la lista de las garantías que el Estado debe otorgar.
Otras exigencias que Uruguay tendrá que cumplir es “la garantía de la grabación audiovisual de los interrogatorios que se realicen a las personas privadas de libertad” y también “almacenar esas grabaciones en un lugar seguro y bajo el control de los órganos de vigilancia, y que éstas estén a disposición de los investigadores, los detenidos y los abogados”.
Condiciones en centros penitenciarios
El órgano emplazó a Uruguay a “continuar avanzando en la mejora de las condiciones de reclusión y reducir la sobreocupación en los establecimientos penitenciarios”. Para lograrlo recomienda aplicar medidas que no comporten la privación de libertad y “garantizar el respeto de los plazos límite establecidos para la imposición de la detención preventiva”.
En particular, la ONU pide adoptar medidas urgentes para corregir las deficiencias en los centros penitenciarios, especialmente en el “suministro de agua en las celdas, la falta de camas, los problemas de calefacción e iluminación y el mal estado de las instalaciones eléctricas”. También se deberán permitir actividades al aire libre, como ejercicio físico, rehabilitación e iniciativas psicosociales. Del mismo modo, en todos los centros de prevención de libertad se deberá garantizar la estricta separación entre los reclusos preventivos y los condenados.
El Comité contra la Tortura expresó su preocupación por el incremento en el número de muertes registradas en las cárceles durante el período examinado, que fue de un 79% en 2021. Además, el examen observa un número muy alto de muertes “por falta de asistencia y tratamiento médico” en las personas con problemas de salud mental y pide investigar “de forma imparcial por un órgano independiente” todos los fallecimientos durante la privación de libertad.
En materia de violencia de género, el Comité indica que el Estado debe “velar por que todos los casos de violencia de género, especialmente aquellos en que haya habido acciones u omisiones de autoridades u otras entidades que den lugar a la responsabilidad internacional del Estado parte con arreglo a la Convención”. “Estos incidentes han de investigarse exhaustivamente, se ha de enjuiciar a los presuntos autores y sancionarlos cuando sean condenados, reparar a las víctimas o sus familiares, y recopilar y publicar datos estadísticos en este ámbito”, señalan desde la ONU. También sugiere garantizar que las víctimas de la violencia de género reciban la atención médica, el apoyo psicológico y la asistencia jurídica que necesitan, incluido el acceso a refugios adecuados.
Con relación a la reparación, el Comité recordó a Uruguay que, en virtud del artículo Nº 14 de la Convención, está obligado a “garantizar a las víctimas de tortura una reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada”. El Estado parte deberá recopilar de forma sistemática la información relativa a medidas de reparación otorgadas por los tribunales nacionales a víctimas de torturas y malos tratos y respecto de la ejecución de dichas medidas.
