La Cámara de Senadores dio un paso relevante en materia de derechos de la infancia al aprobar el proyecto de ley que crea el Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia, una figura que busca reforzar el control institucional y la protección de los menores en Uruguay. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, ahora deberá ser considerada en la Cámara de Diputados, donde se anticipa una discusión intensa, ya que el Frente Amplio no tiene mayoría.
El proyecto apunta a la creación de una institución independiente, con el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo en su función de contralor del cumplimiento de normas nacionales e internacionales vinculadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, tendrá facultades de supervisión sobre organismos que gestionan centros de enseñanza, protección y cuidado.
La senadora Blanca Rodríguez, una de las principales impulsoras de la iniciativa, subrayó que se trata de una herramienta “exclusivamente dedicada a la infancia y adolescencia”, en un contexto donde —según afirmó— la institucionalidad vigente resulta insuficiente.
“La realidad nos muestra que los derechos muchas veces no se cumplen. Tenemos violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia digital, situaciones que evidencian la vulnerabilidad de los niños en nuestro país”, señaló.
Una figura con potestades activas
El nuevo comisionado no se limitaría a una función observadora. El proyecto le otorga herramientas concretas de actuación, como la posibilidad de presentar denuncias penales, interponer recursos judiciales —incluido el habeas corpus— y acceder a información sensible como historias clínicas o trayectorias educativas para investigar situaciones de vulneración de derechos. También podrá inspeccionar centros públicos y privados, recibir denuncias y formular recomendaciones tanto en materia legislativa como en políticas públicas.
Para Rodríguez, este enfoque responde a la necesidad de contar con un “guardián de los derechos de los niños”, capaz de actuar con independencia del Poder Ejecutivo y de intervenir cuando las respuestas institucionales llegan tarde o son insuficientes. “La idea es que haya alguien por encima de los protocolos y de las estructuras actuales, que se concentre exclusivamente en que los derechos de los niños se cumplan”, explicó.
El impulso del proyecto se apoya en datos que reflejan la situación crítica de la infancia en Uruguay. Según cifras mencionadas durante el debate, cerca del 30% de los niños menores de seis años vive en situación de pobreza.
A esto se suman miles de situaciones de violencia reportadas cada año. Solo en 2025 se registraron más de 9.000 casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, una cifra que, según los legisladores, representa apenas una parte del problema real, dado que muchas situaciones no se denuncian.
“Los datos muestran que los niños están desprotegidos. Y las instituciones actuales, que fueron creadas en otro contexto histórico, no siempre logran dar respuesta a las problemáticas actuales”, sostuvo Rodríguez. En ese sentido, la creación del comisionado se inscribe en una tendencia internacional. Más de 50 países cuentan con figuras similares, incluyendo Suecia, Inglaterra y Nueva Zelanda, donde han demostrado ser instrumentos efectivos para fortalecer la protección de la infancia.
Debate político y cuestionamientos
Pese al respaldo del oficialismo, la iniciativa generó reparos en la oposición, que cuestionó tanto su contenido como el proceso de aprobación.
Uno de los principales argumentos es la posible superposición de funciones con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), organismo que ya tiene competencias en la protección de derechos, incluyendo mecanismos específicos para la infancia.
Además, legisladores opositores plantearon que el proyecto debió volver a comisión para profundizar el análisis y alcanzar mayores consensos.
El senador colorado Andrés Ojeda fue uno de los más críticos. A través de redes sociales, afirmó que lo aprobado no constituye una política de Estado, sino la creación de un cargo.
Según Ojeda, la iniciativa avanzó “sin acuerdo con la oposición”, sin garantizar los votos necesarios para la designación del futuro comisionado y “contra la opinión monolítica” de la INDDHH.
A su entender, el proyecto podría resultar incluso perjudicial si no logra articularse adecuadamente con la institucionalidad existente.
La defensa del oficialismo
Desde el Frente Amplio, en tanto, se rechazan estas críticas y se sostiene que el proyecto fue ampliamente discutido en comisión, con participación de diversas instituciones.
Rodríguez señaló que organismos como el INAU, incluido su directorio con representación opositora, y UNICEF se manifestaron a favor de la creación de la figura.
Además, consideró que el argumento de superposición no se sostiene frente a la realidad: “Lo que vemos todos los días es que la institucionalidad no da abasto. Tenemos casos gravísimos que evidencian fallas en el sistema”.
La senadora también hizo un llamado a la coherencia política, recordando que distintos partidos han planteado en sus programas la necesidad de priorizar la infancia.
“Nos resulta difícil entender que se rechace una herramienta que apunta justamente a fortalecer el control y la protección de los derechos de los niños”, afirmó. Con la aprobación en el Senado, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde el oficialismo deberá buscar apoyos adicionales para asegurar su sanción definitiva.
El Senado convoca a aportar información sobre detenidos desaparecidos
La Cámara de Senadores aprobó una declaración de carácter grave y urgente mediante la cual convoca a toda persona que disponga de información relevante sobre detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado a brindarla de forma confidencial.
El llamado se canaliza a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en el marco de una política de Estado orientada a la verdad, la justicia y la reparación.
A cincuenta años de los hechos, el Parlamento reafirma que la búsqueda de las personas desaparecidas sigue siendo una deuda pendiente y un compromiso ético de toda la sociedad.
Las autoridades destacaron que cada dato, por mínimo que sea, puede resultar clave para avanzar en el esclarecimiento de los casos, y subrayaron la importancia de garantizar mecanismos seguros para quienes deseen aportar información.
La iniciativa fue respaldada por legisladores de distintos partidos, en una señal de consenso en torno a la necesidad de continuar profundizando las políticas de memoria y derechos humanos.
