El tema de los suicidios dentro de las fuerzas policiales en Uruguay es considerado por autoridades, sindicatos y especialistas en salud mental como una problemática grave, con una frecuencia más alta que en la población general y sujeta a múltiples factores complejos. Según el Sindicato Policial Nacional (SI.POL.NAL), el número de compañeros que se quitaron la vida es “alarmante”: en 2020 fueron cuatro policías; en 2021 la cifra ascendió a 16; un año después se registraron 21 casos; 32 en 2023; 16 en 2024 y alrededor de 15 en 2025.
En los pocos meses que van de 2026 ya se han reportado varios casos en todo el país. La situación parece no encontrar una solución definitiva y, tras la última pérdida ocurrida a finales de febrero, el sindicato de la Guardia Republicana comunicó en X que ese suicidio representa el décimo octavo caso en 14 meses. “Detrás de cada número hay una historia, una familia y un uniforme que se apaga en silencio. El estrés, la presión y la falta de respuestas por parte del Ministerio del Interior siguen pasando factura”, expresó la Unión de Policías de la Guardia Republicana (Uni.Pol.GR).
Especialistas aseguran que la situación obedece a múltiples factores. El propio Ministerio del Interior señaló tiempo atrás que aproximadamente el 33 % de los casos reportados entre 2019 y 2023 están relacionados con “problemas amorosos” o dificultades en relaciones personales. En cerca del 28 % de los casos, las circunstancias que llevaron al suicidio no pudieron establecerse claramente o quedaron sin una motivación explícita.
Cerca del 11 % de los casos se vinculan a enfermedades físicas o mentales, lo que incluye trastornos psicológicos no tratados o padecimientos crónicos que afectan el bienestar general. Además, se identificaron otros motivos como problemas intrafamiliares (7 %) y violencia doméstica (5 %).
El problema de los suicidios policiales en Uruguay no se limita a un grupo específico: a nivel nacional, el suicidio sigue siendo una prioridad de salud pública, con tasas elevadas en la población general y esfuerzos estatales de prevención activos. El gobierno ha reconocido oficialmente la problemática en las fuerzas policiales y ha implementado diversas acciones institucionales, especialmente desde el Ministerio del Interior.
En febrero de este año se realizó una nueva instancia de abordaje con la segunda charla anual sobre riesgo de suicidio dirigida al personal policial en Maldonado, en el marco de una agenda de sensibilización y prevención dentro de la fuerza.
Sin embargo, los sindicatos exigen medidas más profundas “que, de una vez por todas, tomen el tema de la salud mental con la seriedad que se requiere”. “Exigimos una concientización inmediata y un sistema efectivo de prevención para casos donde se necesita una contención real. No son cifras, no son sólo ‘un número’: son vidas que se pierden y familias que se destrozan”, sostienen.
Los expertos subrayan que estos motivos no son independientes del contexto laboral y social en el que vive cada persona y que un suicidio rara vez puede reducirse a un solo factor, sino que suele responder a una acumulación de tensiones personales, emocionales y estructurales. Mientras tanto, algunos policías hablan de una situación de “abandono”, señalan pérdidas de ingresos por certificaciones vinculadas al estrés y reclaman al ministro Carlos Negro señales claras y respuestas concretas frente a una crisis que continúa golpeando a la institución.
