Mientras la política se concentra en disputas partidarias e ideológicas, la mayoría de los uruguayos sigue esperando respuestas a los problemas que realmente condicionan su vida cotidiana: el costo de vida, la inseguridad, la salud, el empleo y la vivienda.
La distancia entre las prioridades de la ciudadanía y las de quienes gobiernan puede convertirse en uno de los principales desafíos de la democracia uruguaya.
Las últimas experiencias electorales en distintas democracias muestran un fenómeno que trasciende fronteras e ideologías: los gobiernos suelen comenzar a perder respaldo cuando dejan de interpretar las preocupaciones cotidianas de la mayoría de la población. No siempre fracasan por una gran crisis institucional o por un hecho puntual; muchas veces se desgastan porque la ciudadanía siente que quienes toman decisiones dejaron de hablar de sus problemas reales.
Uruguay no es ajeno a ese riesgo.
El país atraviesa profundas transformaciones sociales, económicas y demográficas. La sociedad uruguaya es hoy más urbana, más envejecida, más conectada al mundo, con una amplia clase media y una ciudadanía que demanda respuestas concretas antes que discursos grandilocuentes. Sin embargo, buena parte del debate político continúa girando alrededor de disputas ideológicas, enfrentamientos partidarios o temas que difícilmente ocupan el primer lugar entre las preocupaciones de quienes llegan a fin de mes haciendo cuentas.
Cuando un trabajador se pregunta si podrá mantener su empleo, cuando un jubilado observa cómo aumentan los costos de medicamentos o cuando una familia busca una vivienda accesible, difícilmente su prioridad pasa por los grandes relatos ideológicos. La política suele olvidar que las elecciones se ganan y se pierden mucho más en la economía doméstica que en los discursos parlamentarios.
Las encuestas de opinión vienen mostrando desde hace años cuáles son las principales inquietudes de los uruguayos: seguridad pública, costo de vida, empleo, acceso a la salud, educación y funcionamiento del Estado. Sin embargo, el sistema político frecuentemente dedica semanas enteras a discusiones que, aunque legítimas, tienen un impacto muy limitado sobre la vida cotidiana.
Ese desfasaje genera una sensación de distancia que termina erosionando la confianza.
La ciudadanía ya no evalúa únicamente las buenas intenciones de un gobierno. Exige resultados. Quiere saber si el hospital funciona, si consigue una consulta médica en tiempo razonable, si la escuela ofrece calidad educativa, si las calles son seguras y si el salario alcanza para sostener el nivel de vida.
La experiencia internacional demuestra que los gobiernos suelen cometer un error recurrente: creen que la ciudadanía vota a partir de grandes construcciones ideológicas. En realidad, la mayoría vota desde la experiencia cotidiana.
Uruguay tampoco escapa a esa lógica.
Mientras la discusión pública muchas veces se concentra en enfrentamientos entre oficialismo y oposición, miles de pequeños empresarios luchan por sostener sus comercios, productores enfrentan mayores costos de producción, jóvenes emigran buscando mejores oportunidades y trabajadores independientes deben adaptarse a un mercado laboral cada vez más exigente.
El desafío no consiste únicamente en administrar el Estado, sino en interpretar correctamente una sociedad que cambia a gran velocidad. La política deberá preguntarse menos qué temas considera importantes y más cuáles son los problemas que ocupan la mesa de cada hogar uruguayo.
Porque, al final, las democracias rara vez se transforman por los grandes discursos. Se transforman cuando millones de ciudadanos sienten que dejaron de ser escuchados.
Este fenómeno de disparidad entre las necesidades del pueblo en general y las actuaciones del gobierno, tan bien descripta en este artículo del Sr Blanco Sommaruga, no es una rara avis en el planeta.
Hemos tenido la experiencia personal de preguntar en cerca de 30 países a gente normal, de clase trabajadora profesional y manual cuáles eran sus aspiraciones personales, qué esperaban poder lograr en sus vidas. Las respuestas fueron prácticamente unánimes: tener un buen trabajo con una buena paga, una salud asistida por el estado, una enseñanza de calidad gratuita para sus hijos, unas 3 semanas de vacaciones, un cachilito y un ranchito en la costa o en la montaña, y una jubilación suficiente como para no disminuir su poder adquisitivo.
En algunos lugares tenían unas cosas pero no otras. Me llamó la atencuón que los países con trabajadores de menor poder adquisitivo, que pagaban menos impuestos eran los que ofrecían mayores prestaciones sociales a cargo del estado. En los países de la Europa oriental, ya democratizados al estilo occidental fue donde pudimos apreciar servicios de salud tal vez no más avanzados pero sí mas personalizados y dedicados, también una educación más amplia en cuanto a la diversidad de materias tratadas en los diferentes niveles escolares y académicos. Este fenómeno a nivel de salud, por ejemplo en lnglaterra, ha ido sufriendo un enorme deterioro en cuanto a la calidad y disponibilidad de los servicios en el NHS (National Health Service) prestado por el estado en forma gratuita. Hace poco más de 20 años el servicio era total y cubría todas las ramas y especialidades. Hoy en día la gran mayoría de los servicios son prestados por compañías privadas que «venden» los servicios al NHS. Ello ha traído una enorme disminución en la calidad y el volumen de las prestaciones, y ello se ve reflejado en las listas de espera donde antes un paciente recibía tratamiento dentro de los 5 días y ahora las esperas van desde 2 a 6 meses. Los ejemplos son innúmeros en diferentes países, y no hablemos de la educación, donde alguien que quiera ir a la universidad debe desembolsar sumas astronómicas.
A todo esto vemos las actitudes de diferentes gobiernos en diferentes países y nada choca más de frente con las necesidades o aspiraciones de los ciudadanos que mencionamos más arriba.
Mientras que las demandas ciudadanas son casi unánimes, en los diferentes foros políticos no vemos una palabra en cuanto a destinar parte del desembolso fiscal en por ejemplo, subsidiar las tarifas de colegios y universidades. Hay por supuesto honrosas excepciones, como en Suecia donde la universidad es gratuita. Pero los ecos parlamentarios a ambos lados del Atlántico norte sólo repiten y hablan de las diferencias entre los bloques geopolíticos, sus áreas de influencia y qué hay que hacer y cuánto va a costar el contrarrestar esa influencia.
Los gobiernos no hablan con sus pueblos, sólo hablan al espejo que los refleja mientras miran con indiferencia a través de las cortinas de su despacho a las multitudes reclamando sus derechos y con pancartas de «no a las guerras». Pero todo es inútil, al final la dura realidad es que los gobiernos harán lo que sea por seguir unos intereses que mucho distan de ser los de sus pueblos.
Y siguiendo los ejemplos centenarios de los ex-amos colonialistas, estas nuevas repúblicas del nuevo mundo parecen tener gobiernos cada vez más «alineados» a políticas no generadas en sus casas legislativas y cada vez más en contra del deseo de sus ciudadanos.
Así que Uruguay no parece ser una excepción, sino que más bien sigue la tendencia, que parece ser cada vez más uniforne, de separar caminos entre su andar y el de sus ciudadanos.