El 10 de diciembre de 2021, a las 7.50 horas, una explosión destruía un laboratorio de Fármaco Uruguayo, una de las principales proveedoras del sistema de salud, tanto para ASSE como para el sistema mutual.
En un comunicado, Fármaco Uruguayo informó que presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Flagrancia de 2º turno a cargo de la Dra. Patricia Rodríguez.
Agregó que «luego de más de 80 días de una intensa y exhaustiva investigación técnica que, contó con soporte de profesionales externos y expertos del exterior, que arribó a una conclusión terminante: el siniestro fue provocado por una sumatoria de errores de procedimiento de los operarios a cargo de la operación, cuya acumulación y persistencia son indicios de un accionar malicioso».
Según le empresa, «las evidencias acumuladas son abundantes: grabaciones en video, registros digitales de la operación de los equipos, registros de presión, temperatura y tiempo, análisis de las partes recuperadas del equipamiento y testimonios de varias personas, etc». Agregó que el siniestro «puso en riesgo la integridad física de 60 personas y provoco daños materiales por una cuantía millonaria en dólares, que aún no está determinada».
Afirmó que «el preparador a cargo de la operación el día del siniestro, tiene una antigüedad en la ejecución de este proceso de 4 años, y ha recibido múltiples instancias de capacitación en el manejo y operación en este sistema de fabricación, además de acceso a los planes desarrollados por la Dirección General de Bomberos y la constancia de haber sido capacitado». Agregó que al momento del siniestro Fármaco Uruguayo «cumplía con la normativa vigente en materia de seguridad para la industria Farmacéutica y tenía vigentes todas las habilitaciones requeridas (Habilitación de Bomberos, Dinama), además de tener el Certificado de Buenas Practicas de Manufactura emitido por el MSP de Uruguay». Por otra parte, señala que «a pesar de que la planta industrial está cerrada desde el 10 de diciembre se pudo asegurar el abastecimiento al sistema de salud de los principales productos con el apoyo de la red regional Medifarma» y que actualmente «se está trabajando intensamente con el plan de reacondicionamiento de la infraestructura y la incorporación de nueva tecnología de producción. Aun no hay fecha prevista para la reapertura». Además, indicó que puso en conocimiento a las autoridades pertinentes «toda la información recabada, y colocado a disposiciónn de la Fiscalía General de la Nación todos los antecedentes para que este hecho pueda ser investigado por la Justicia competente».
Trabajadores denuncian
Por su parte, los trabajadores señalan que al momento de la explosión «más de treinta personas que estaban trabajando en ese momento fueron víctimas de la explosión» quienes «sufrieron lesiones y debieron ser asistidos en el BSE». – Las víctimas, agrega la denuncia, «con el patrocinio del Dr.
López Goldaracena, han presentado denuncia penal por varios delitos de RESPONSABLIDAD PENAL EMPRESARIAL (art. 1 de la Ley 19.196), en concurrencia con delito de LESIONES GRAVES (art.317 del Código Penal)». En el escrito, al que tuvo acceso Diario La R, se señala que «los testimonios de las víctimas narran el horror padecido por la explosión agravado por el hecho de que las salidas de emergencia estaban obstruidas y que los trabajadores no conocían ningún plan de evacuación» . Se agrega que, previo al hecho, «incluso desde años anteriores, la empresa había sido advertida por sus trabajadores, reiteradamente, por obstrucciones en vías de escape» y también «se le había exigido protocolo para accidentes y simulacros de evacuación pero hizo caso omiso». Asimismo, en varias reuniones de la comisión bipartita de seguridad laboral entre representantes de los trabajadores y la empresa (pre pandemia) los trabajadores insistieron y denunciaron diversos aspectos vinculados con el bloqueo de las salidas en caso de emergencia y exigieron que se realizaran simulacros de evacuación. Nada realizó la empresa». Las actas de las comisiones bipartitas fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía. «Sin perjuicio de la responsabilidad de la empresa en la explosión, estaban obstruidas las vías de escape y no había un plan de evacuación, lo que significa que la empresa violó de normas de seguridad en el trabajo que puso en peligro concreto la vida y salud de los trabajadores también luego de ocurrida la explosión». «La denuncia penal solicitó que se indaguen la responsabilidad de los responsables de la empresa, tanto por la explosión como por las salidas obstruidas y la ausencia del plan de evacuación». «Es de destacar que la empresa no proporcionó ni las filmaciones, ni el listado completo de víctimas, ni la nómina de empleados que estaban trabajando ese día». El Dr. López Goldaracena afirmó que “es obligación jurídica específica para toda empresa de la industria química contar con un plan de previsión de riesgos y de contingencias para el caso de siniestrosque en el caso el laboratorio no tenía o no había puesto en conocimiento de los empleados.Consecuentemente, los responsables que tenían el poder de dirección de la empresa habrían incurrido en el delito de RESPONSABLIDAD PENAL EMPRESARIAL (art. 1 de la Ley 19.196), por haber incumplido la normativa de prevención de riesgos en casos de siniestro, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderles, además, por acción u omisión, en la explosión». las víctimas están en seguro de paro, con estrés postraumático y perciben la total impunidad de los responsables. Confían en la justicia como aguardamos que en los próximos días haya avances en la investigación de la Fiscalía y que las autoridades de la empresa sean convocadas para afrontar su responsabilidad».