Don Guido perdió la memoria

En política, la memoria no es un detalle menor: es un ejercicio de responsabilidad. 

Cuando un dirigente señala errores ajenos, cuestiona decisiones administrativas o reclama explicaciones públicas, debería empezar por repasar su propia gestión y la de su entorno. 

Por eso sorprende —o quizás no tanto— la llamativa “falta de memoria” de Guido Manini Ríos al referirse al caso Cardama, omitiendo un dato elemental: durante ese período, el subsecretario de Defensa era Rivera Elgue, dirigente de Cabildo Abierto de su propio partido.

La crítica política es legítima. La exigencia de transparencia, también. Pero cuando se ejerce desde la desmemoria selectiva, pierde consistencia. El Ministerio de Defensa no es una estructura abstracta ni un territorio ajeno a responsabilidades compartidas. Las decisiones, los controles y los procesos administrativos son resultado de una cadena jerárquica en la que participan autoridades políticas concretas. Pretender ubicar los hechos en un limbo institucional, como si no hubiera actores identificables, debilita la credibilidad del discurso.

El caso Cardama —que generó cuestionamientos y debates públicos— no ocurrió en el vacío. Se desarrolló en un contexto político determinado, bajo una conducción ministerial específica y con un equipo de gobierno que incluía representantes de Cabildo Abierto en puestos clave. Recordar ese dato no es una operación partidaria; es simplemente situar los hechos en su marco real.

La política uruguaya se ha caracterizado históricamente por una cultura de responsabilidad compartida, donde oficialismo y oposición asumen costos y defienden decisiones. Cuando esa tradición se erosiona y se reemplaza por una narrativa que selecciona recuerdos según conveniencia, el debate público se empobrece. No se trata de distribuir culpas, sino de evitar la tentación de reescribir el pasado reciente.

Más aún, cuando se reclama ética en la gestión pública, el estándar debe ser el mismo para todos. Si hubo errores, deben investigarse y aclararse sin distinción partidaria. Pero si se pretende instalar la idea de que determinadas decisiones fueron ajenas a la fuerza política que integraba el propio ministerio, el argumento pierde fuerza ante la opinión pública.

La coherencia es un activo político. Y la coherencia exige asumir que formar parte de un gobierno implica compartir tanto los logros como las controversias. La memoria selectiva puede rendir en el corto plazo, pero a largo plazo erosiona la confianza ciudadana.

En tiempos donde la sociedad reclama mayor transparencia y menos confrontación retórica, sería saludable que los líderes políticos practiquen un ejercicio básico: recordar el contexto completo de los hechos antes de lanzar críticas. Porque la memoria, en democracia, no es un recurso opcional; es una obligación.