Uruguay atraviesa una ola de violencia que, en sus formas más visibles —homicidios, rapiñas, narcotráfico—, genera alarma en la población y ocupa espacios de importancia en todos los medios de comunicación. Es lógico que así sea. Pero existe otra violencia igualmente devastadora. Se trata del abuso infantil. Mientras el país encara opciones acerca de cómo frenar las balas y el crimen organizado, miles de niñas y niños sufren agresiones físicas, sexuales y psicológicas en hogares, escuelas e instituciones. Esta violencia, aunque oculta, no es menos letal: destruye vidas, perpetúa ciclos de pobreza y erosiona el tejido social.
Según el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV), el 60% de las víctimas de abuso desarrolla trastornos mentales graves y el 30% repite patrones de violencia en la adultez.
El fenómeno del abuso infantil es una herida que se despliega a nivel global en todos los países de mundo y está encubierta por un gran manto de silencio.
Cada año, uno de cada cuatro niños y niñas a nivel global sufre algún tipo de abuso, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto equivale a aproximadamente 1.000 millones de menores víctimas de violencia física, sexual o psicológica, una cifra que revela una pandemia de inmensas proporciones. El abuso infantil no es sólo un acto de crueldad individual: es un ejercicio de poder asimétrico, donde el agresor —en posición de autoridad o confianza— explota la vulnerabilidad de quien debería proteger.
El 80% de los casos ocurren en entornos familiares, con padres, padrastros, tíos o hermanos como principales agresores (UNICEF, 2023).
Existen instituciones cómplices tales como los internados, las iglesias y los clubes deportivos que han sido escenarios históricos de abusos. Por ejemplo, un informe de la Comisión Australiana Real (2017) documentó 4,500 casos de abuso sexual en instituciones religiosas entre 1980 y 2015. En el mundo de los deportes, el escándalo de la gimnasia estadounidense (caso Larry Nassar) expuso cómo sistemas jerárquicos facilitan la impunidad.
El abuso infantil prospera bajo un triple silencio:
– El silencio del agresor mediante amenazas, manipulación emocional o chantaje.
– El silencio social a través del estigma, que de manera frecuente opera mediante la culpa hacia la víctima en cabeza de la propia víctima (“¿Por qué no habló antes?”) o bien la normalización de la violencia.
– El silencio institucional a través del encubrimientos para proteger reputaciones, tal como revelaron múltiples casos de la Iglesia Católica o los boarding schools británicos.
Las secuelas del abuso infantil trascienden lo físico.
El 60% de las víctimas desarrolla depresión, ansiedad o trastorno de estrés postraumático, según lo consigna la OMS.
Esa organización internacional pone de manifiesto que quienes han sufrido abusos están expuestos a un mayor riesgo de adicciones e inclusive, al suicidio. En tal sentido se ha podido determinar que las víctimas de abuso sexual tienen doce veces más probabilidades de intentarlo y también quedan con una mayor propensión a la repetición de patrones violentos.
La OMS estima que el abuso infantil cuesta al mundo USD 7 billones anuales en gastos médicos, pérdida de productividad y cobertura de costos en los sistemas judiciales.
En Uruguay, según datos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en 2022 se recibieron aproximadamente 3,500 denuncias por maltrato y abuso sexual infantil, pero se estima que solo el 20% de los casos ha sido reportado. Esto implica que, en realidad, cerca de 17,500 niños y niñas podrían sufrir violencia anualmente en un país donde la población menor de 18 años es de aproximadamente 800,000 personas. De hecho, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, SIPIAV, intervino en 7.473 situaciones de violencia y ello significa que debió actuar a razón de 20 veces por dia. Y del análisis de tales actuaciones se pudo determinar que el 92% de los agresores eran familiares directos o personas que convivían con las víctimas.
En efecto, en lo relativo al perfil de los agresores, al igual que lo que consigna la OMS en relación a los registros mundiales, el 75% son familiares o personas cercanas (padres, padrastros, tíos, vecinos), según el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
Desde la perspectiva de las instituciones que han facilitado el abuso y la violencia hacia menores destacan casos emblemáticos, como los abusos en el Colegio Monseñor Isasa de Montevideo (2021) o en clubes deportivos, los cuales revelan patrones de encubrimiento que facilitan la impunidad.
El 40% de los casos se concentra en barrios vulnerables como Cerro Norte o Casavalle, donde la falta de privacidad y de recursos agrava la vulnerabilidad.
Ello se ve reforzado por la existencia de una cultura del silencio, donde el estigma y la normalización de la violencia intrafamiliar perpetúan el secreto. Un estudio de la Universidad de la República (UdelaR), señala que el 60% de las víctimas no habla por miedo a represalias o a la desintegración familiar.
El 30% de las víctimas atendidas en el Hospital Pereira Rossell presenta intentos de suicidio antes de los 18 años. Otro rasgo que acompaña este flagelo es la deserción escolar. El 25% de los niños abusados abandona la educación básica, según información suministrada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Uruguay cuenta con un marco legal sólido para combatir el abuso infantil, basado en principios internacionales de derechos humanos y enfoques integrales de protección.
El Código de la Niñez y Adolescencia (Ley 19.747) en su Artículo 7 establece el interés superior del niño como principio rector; el Artículo 17 obliga a toda persona a denunciar situaciones de maltrato o abuso y el Artículo 52 autoriza al INAU a retirar al menor de su entorno familiar si existe riesgo inminente.
La Ley 19.580 (Ley Integral de Violencia de Género) incluye a niñas y adolescentes como sujetos de protección, especialmente en casos de violencia intrafamiliar y establece medidas cautelares para separar al agresor del hogar.
El Código Penal (Ley 9.763) en su Artículo 272 penaliza el abuso sexual con penas de 2 a 12 años de prisión, agravadas si el agresor es familiar o tiene la custodia de la víctima. El Artículo 273 tipifica la corrupción de menores, con penas de 3 a 16 años y el Artículo 275 sanciona el grooming (acoso sexual en línea) con 6 meses a 6 años de prisión. La Ley 19.924 (Prevención y Combate de la Trata de Personas) protege a menores víctimas de explotación sexual o laboral, con penas de 4 a 16 años.
También está vigente la Denuncia Obligatoria por parte de profesionales de la salud, educación y funcionarios públicos, los cuales deben reportar sospechas de abuso (Art. 17,Ley 19.747). Existe la Línea Azul del INAU (0800 5050) qute es un servicio gratuito y confidencial para denuncias casos de violencia y abuso infantil. También abarca correo electrónico y mensajería instantánea.
El marco institucional para hacerle frente al problema de los abusos está conformado por el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay), el cual coordina hogares de acogida, programas de reinserción y de atención psicológica.
También cabe destacar la existencia de la red de Centros de Atención a la Infancia y la Familia, CAIF, para la prevención comunitaria.
En el ámbito de la justicia operan los Juzgados Especializados en Familia, los cuales priorizan casos de abuso y aplican medidas cautelares.
Existen Cámaras Gesell para evitar la revictimización durante las declaraciones. Una de ellas está emplazada en el Palacio de los Tribunales de Montevideo y también opera una en el INAU.
El Hospital Pediátrico del Pereira Rossell tiene protocolos para atender a menores víctimas de violencia y cuenta con espacios adaptados para entrevistas protegidas.
En el interior del país, en ciudades como Artigas, Maldonado, Paysandú, Rivera y Salto cuentan con espacios para el tratamiento judicial de violencia hacia menores.
En lo relativo a las medidas conducentes a la protección de las víctimas, se establece la separación del agresor, mediante orden de restricción o exclusión del hogar. Tambien está previsto el acompañamiento psicológico, que consiste en terapia gratuita en centros del INAU o del Ministerio de Salud Pública. Rige también la protección de identidad, para evitar que las víctimas sean expuestas ante la opinión pública.
Entre los aspectos que deben mejorarse destaca la necesidad de profundizar la capacitación profesional hacia jueces, fiscales y docentes en el enfoque de género y niñez.
Es particularmente necesario abatir las demoras judiciales en el tratamiento de los casos de abuso, pues el 70% de los mismos supera los dos años en ser resueltos. También la necesidad de crear más centros de atención psicológica especilizada, pues solamente hay 15 en todo el país.
Otro aspecto a corregir es el subregistro y la falta de datos, toda vez que no existe un registro unificado de casos, hecho que dificulta el diseño de políticas basadas en evidencia.
También es necesario tomar nota del hecho que solo el 10% de las comisarías cuenta con equipos especializados en niñez.
De igual modo, es necesario tener presente la carencia de psicólogos infantiles, dado que hay un profesional por cada 5,000 niños en el sistema público (INAU, 2023).
Los talleres de ESI (Educación Sexual Integral) solo alcanzan al 30% de las escuelas públicas y esta es una línea de trabajo fundamental para mejorar la prevención y la conciencia ciudadana acerca del fenómeno del abuso sexual contra menores.
Es necesario encarar programas masivos de capacitación para vecinos o líderes comunitarios pues esa es una de las principales barrereas de contención. Esto debe encararse en zonas críticas como por ejemplo, Marconi, La Teja, para sensibilizar a la población en la identificación de señales y en el acompañamiento de denuncias. .
En tal sentido se debería evaluar la conveniencia de Estrategias para romper el manto de silencio, a través de acciones comunitarias pero tambien utilizando en forma eficiente las tecnologias digitales disponibles, como por ejemplo promover la instalación de una app segura (como es el caso de Denuncia Protegida en Chile) con geolocalización y cifrado de datos.
En la lógica de dinamizar la participación ciudadana en los ámbitos municipales y barriales, debe alentarse la promoción de auditorias sociales, donde las organizaciones civiles como las que dan soporte al Plan CAIF, evalúen la oportunidad y calidad de las respuestas estatales, a fin de lograr una mayor y más eficiente interacción entre Estado y sociedad civil en la prevención y contencion de este fenómeno.
Uruguay ha avanzado en construir un marco legal sólido contra el abuso infantil, pero persisten brechas en implementación y recursos. La funcionalización de los espacios locales a través de los municipios es de enorme importancia para lograr una mejor gestión de la seguridad ciudadana.
El abuso infantil es un monstruo que muerde en las sombras. Aunque las políticas existen, su alcance es limitado y la sociedad aún mira hacia otro lado. El silencio no es neutral: es cómplice. Para frenar esta violencia que “pega y pega muy fuerte”, se necesita un pacto social donde el Estado, las familias y los vecinos asuman que proteger a la niñez no es una opción, sino una urgencia de vida o muerte.
