Las investigaciones judiciales abiertas por presuntas maniobras para acceder al dólar oficial a precios subsidiados volvieron a colocar bajo la lupa un rasgo característico de los años del cepo cambiario: mientras para la mayoría de los ciudadanos la compra de divisas estaba prácticamente vedada, un grupo reducido habría conseguido adquirir dólares al tipo de cambio oficial en un contexto de brecha muy elevada con el mercado paralelo. Esa diferencia, según fuentes judiciales, habría habilitado negocios rápidos, opacos y de enorme rentabilidad.
Información recolectada por Diario La R Argentinas indica que el mecanismo investigado va desde operaciones de arbitraje con el dólar blue hasta el fortalecimiento de redes informales de cambio y el movimiento de grandes volúmenes de efectivo. En las últimas semanas, tres juzgados federales dispusieron al menos 60 allanamientos en bancos, casas de cambio y financieras para rastrear maniobras presuntamente realizadas entre 2022 y 2023.
La hipótesis central sostiene que parte de los dólares obtenidos al valor oficial no habrían sido destinados a los fines declarados, sino derivados al mercado informal para aprovechar la brecha. El esquema bajo sospecha incluye tres pasos: primero, el acceso a divisas a través de entidades e intermediarios habilitados; luego, el retiro en efectivo de montos millonarios, lo que rompe la trazabilidad; finalmente, la colocación del dinero en cuevas o redes paralelas para capturar la ganancia.
Un informe preliminar detectó que varias casas de cambio realizaron retiros en efectivo por cientos de millones de dólares en pocos meses. El uso intensivo de circulante habría servido, según los investigadores, para borrar huellas contables y dificultar cualquier reconstrucción posterior.
La investigación más voluminosa, a cargo de la jueza María Servini y del fiscal Carlos Stornelli, analiza operaciones por aproximadamente USD 1.500 millones realizadas entre enero y octubre de 2023. El período es especialmente sensible por coincidir con la campaña electoral y con un clima de fuerte presión cambiaria. El expediente se inició tras reportes de inteligencia del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera, que alertaron sobre movimientos inusuales y posibles inconsistencias.
Otra línea de pesquisa apunta a la importación de aviones privados. En abril de 2023 se allanaron empresas vinculadas a la compra de 32 aeronaves por un total de USD 22 millones, bajo sospecha de sobrefacturación. Declarar valores artificialmente altos habría permitido justificar un mayor acceso a dólares oficiales.
La causa se amplió en 2024, cuando se denunció que más de 200 aeronaves presuntamente importadas no tenían matriculación comprobable. La hipótesis es que, en muchos casos, las operaciones habrían funcionado como una pantalla financiera: los bienes no habrían ingresado efectivamente al país, pero sí habrían habilitado negocios especulativos con la brecha cambiaria.
Tras los operativos, el ex presidente del Banco Central, Miguel Pesce, sostuvo que durante su gestión se realizaron sumarios y se clausuraron operadores de cambio irregulares, y deslindó responsabilidades hacia los mecanismos de control propios del organismo monetario, antes que del Ministerio de Economía.
La Justicia intenta ahora establecer si se trató de episodios aislados o de un sistema aceitado que convirtió al dólar oficial en una puerta de acceso privilegiada a rentas extraordinarias para un grupo minoritario, mientras el resto de la población quedaba fuera del mercado formal y veía deteriorarse su poder adquisitivo.
