La Intendencia de Canelones avanza en una estrategia integral para enfrentar uno de los principales desafíos del departamento: el acceso a la vivienda y la convivencia urbana en un territorio que no deja de crecer.
Con más de 100.000 nuevos habitantes desde 2011 y una realidad habitacional marcada por asentamientos, expansión urbana desordenada y presión sobre los servicios públicos, la Agencia de Vivienda y Convivencia Ciudadana se convirtió en una pieza fundamental dentro de la gestión departamental.
En entrevista con Diario La R, el Director General de la Agencia, Rodrigo Amengual, repasó el trabajo que viene realizando la comuna, defendió la necesidad de convertir las políticas de vivienda en una verdadera política de Estado y adelantó que este período tendrá “la mayor ejecución en políticas de vivienda en la historia de Canelones”, con inversiones que rondarán los 1.200 millones de pesos.
Vivienda y convivencia
Amengual explicó que la creación y fortalecimiento de la Agencia responde a una visión que comenzó durante la administración de Marcos Carámbula, continuó con Yamandú Orsi y que ahora busca profundizarse bajo la gestión de Francisco Legnani.
“Marcos puso los cimientos, Yamandú siguió construyendo este edificio, esta estructura institucional y estas políticas, y ahora ‘Pancho’ Legnani con su impronta profundizará”, expresó.
Según detalló, el crecimiento acelerado del departamento obligó a la Intendencia a cambiar el enfoque tradicional de gestión. “La Intendencia resolvió que para poder lograr la mayor cantidad de soluciones habitacionales necesitaba tener una dirección, un equipo que articulara con los diferentes organismos y que trabajara transversalmente las políticas de vivienda”, sostuvo.
Para Amengual, el concepto de vivienda no puede reducirse únicamente a la construcción de casas ya que tiene un “proceso social y una enorme infraestructura detrás”.
En ese sentido, remarcó que cada intervención implica obras de saneamiento, iluminación, redes de agua y electricidad, aperturas de calles, soluciones hidráulicas, espacios públicos y servicios estatales.
Afirmó que, de la mano de más personas viviendo en el departamento “viene la necesidad de comisarías, hospitales, centros educativos, CAIF y escuelas. Tener una concepción integral es algo que han impulsado las últimas gestiones del gobierno departamental”.
El crecimiento demográfico y los desafíos urbanos
El último censo reveló que Canelones sumó cerca de 100.000 habitantes desde 2011, de los cuales el 95% proviene de Montevideo. Ese crecimiento acelerado impactó directamente sobre la infraestructura, el ordenamiento territorial y la demanda habitacional.
Amengual señaló que el departamento arrastra “deudas históricas” y que hoy enfrenta nuevos desafíos vinculados a la expansión urbana.
En ese contexto, reconoció que existen más de 120 asentamientos en el territorio departamental y explicó que la priorización de las intervenciones se realiza a partir de indicadores sociales, económicos y estructurales.
“La vivienda es un derecho humano”
Amengual insistió en que las políticas habitacionales deben trascender los períodos de gobierno y transformarse en acuerdos de largo plazo.
Además, sostuvo que el acceso a una vivienda digna “blinda otros derechos” porque repercute directamente en la seguridad, la higiene, la alimentación y el desarrollo de niños y adolescentes.
El jerarca planteó que Uruguay necesita un “pacto social y político” que garantice mayores recursos y continuidad para las políticas habitacionales. Y señaló que “no alcanza con lindos discursos o buenas voluntades. Esto requiere grandes presupuestos y acuerdos sostenidos en el tiempo”.
Y sumó que “no es legítimo que Uruguay, con la riqueza humana y productiva que tiene, siga teniendo uruguayos viviendo en estas condiciones”. Reconoció también que muchas familias de clase media quedan atrapadas entre el costo de los alquileres y la imposibilidad de ahorrar para acceder a créditos que le permitan adquirir su vivienda.
A su entender, facilitar el acceso a la vivienda para sectores medios también impactaría positivamente sobre el mercado inmobiliario y ayudaría a “descomprimir los cuellos de botella” existentes.
Asentamientos, realojos y regularizaciones
El director explicó que las intervenciones sobre asentamientos no son uniformes y que cada caso requiere soluciones específicas.
Entre los criterios utilizados aparecen el nivel socioeconómico de las familias, la precariedad habitacional, el hacinamiento y las condiciones ambientales de los terrenos.
Uno de los factores determinantes es la inundabilidad. En otros casos, explicó que la estrategia pasa por regularizar barrios ya consolidados, mejorar la infraestructura y garantizar servicios básicos. Afirmó que “con algunos ajustes y obras de infraestructura se puede lograr que el barrio tenga una mejor calidad de vida”.
El problema del crecimiento desordenado
Amengual también se refirió al crecimiento irregular de algunas zonas costeras y particularmente al “fenómeno de Ciudad de la Costa”. Aseguró que “en América Latina se estudia el fenómeno de Ciudad de la Costa como lo que no hay que hacer: crecer sin planificación y sin previsión del Estado”.
Según explicó, la falta de planificación obliga luego al Estado a realizar inversiones mucho más costosas en infraestructura, saneamiento y servicios. Además remarcó que “prever y pensar el crecimiento del departamento a 10, 15 o 20 años es sano y estratégico”, remarcó.
El acceso a la tierra y las viviendas abandonadas
Otro de los ejes planteados por Amengual fue la necesidad de discutir nuevas herramientas de acceso a la tierra. Sostuvo que el costo del suelo es hoy una de las principales barreras para el acceso a la vivienda y valoró iniciativas que buscan reutilizar inmuebles abandonados o en desuso. “Hay una montaña enorme de viviendas desocupadas o en situaciones ruinosas”, expresó.
A su juicio, aprovechar predios ya integrados a zonas con infraestructura y servicios permitiría abaratar los costos de las soluciones habitacionales. “Tenemos una montaña de asentamientos y seguir desarrollando infraestructura nueva tiene un costo altísimo. Pensar en lugares donde ya hay servicios termina siendo más barato”, explicó.
Coordinación con OSE, UTE y otros organismos
Consultado sobre la coordinación entre organismos públicos, Amengual aseguró que la Intendencia busca mejorar la articulación con OSE, UTE y otras dependencias estatales.
Explicó que la comuna instaló una mesa de trabajo interna donde distintas direcciones se reúnen periódicamente para resolver “cuellos de botella” y coordinar proyectos.
Además, destacó el intercambio permanente de planificación con OSE y UTE para acompasar obras de saneamiento, electricidad e iluminación.
Entre las localidades con proyectos en distintas etapas mencionó Pando Norte, Toledo, Paso Carrasco, Barros Blancos, 18 de Mayo, Progreso, Santa Lucía, San Bautista, San Jacinto, Cerrillos, Aguas Corrientes y San Luis.
Amengual también remarcó el trabajo conjunto con la Jefatura de Policía y el Ministerio del Interior.
“Hemos intentado tener una presencia de Estado real en los barrios y actuar rápidamente cuando aparecen problemas de convivencia o situaciones delictivas”, afirmó.
Nuevos proyectos con inversión de $1.200 millones
Para finalizar, el director anunció una fuerte línea de trabajo vinculada a escrituraciones pendientes de períodos anteriores. “Vamos a tener una línea importante de trabajo sobre escrituraciones. Ya tenemos previsto intervenir en cinco proyectos”, adelantó.
Asimismo, confirmó que el departamento alcanzará una inversión cercana a los 1.200 millones de pesos en políticas de vivienda.
Parte de esos recursos también estarán destinados a la ruralidad, un aspecto que la administración considera prioritario debido a que Canelones concentra el 27,5% de la población rural del país.
Actualmente, la Intendencia finalizó obras en San Bautista y Castellanos, culminó intervenciones en Tala y mantiene proyectos en ejecución en Cerrillos y Aguas Corrientes, además de nuevos llamados previstos para San Jacinto.
Para Amengual, el desafío principal sigue siendo consolidar políticas permanentes y sostenidas en el tiempo. “Las políticas de vivienda no pueden ser refundacionalistas. Son políticas de la gente y para la gente”, concluyó.
