El mecanismo de acoso laboral como instrumento político de las autoridades del Consejo de Formación en Educación

En unos pocos meses, el Consejo de Formación en Educación (CFE) ha  comenzado a utilizar como herramienta de gestión política de disciplinamiento el instrumento de impulsar denuncias de acoso laboral por parte de funcionarios sindicalizados y del partido de gobierno, con el objeto disciplinar,  castigar y cesar directores.

Este método está siendo utilizado en al menos dos casos.  Uno de ellos se produjo en el Instituto de Formación Docente de Artigas, donde fue separada de su cargo la Directora Mag. Lorena Rodriguez.

En este caso, la denuncia fue formulada por 7 personas, la jurídica del CFE  tomó declaraciones a 19 personas entre las cuales denunciantes, y la parte demandada a efectos de probar su inocencia presento 12 testigos. El Instructor en este contexto propuso levantar la separación del cargo y reintegrar a la directora separada. Sin embargo el Consejo aceptó  como válida la información de las 7 personas atacando a la Directora sin aportar una sola probanza lo que desde ya es de sumo peligro, pues es solo algunas personas ponerse de acuerdo para atacar o denunciar a un jerarca para que se forme un expediente sumario buscando su separación del cargo causando un daño moral y funcional importante. En este caso, donde el sumario recayó en la División Jurídica de la Dirección General de Educación Técnica y Profesional, quien informó que siendo las medidas preventivas (separación del cargo) de naturaleza cautelar, principalmente para preservar la prueba, no encontró en los obrados razones para mantenerla, y en tal sentido sugirió su levantamiento. Sin embargo, el Consejo de Formación en Educación, sin ningún argumento jurídico, resolvió no hacer lugar y mantener la separación del cargo de la directora, cuya efectividad había sido obtenido por concurso, y con el segundo puntaje a nivel nacional en el llamado para Directores.

El otro caso también reciente y en curso, se produjo en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES) donde algunos funcionarios, uno de los cuales ya no trabaja allí sino en la secretaria política de la Consejera Donya e impulsado por una militante de la ATD y secretaria administrativa armó una  denuncia de acoso laboral (exceso de trabajo) y que recabó la firma entre sus dependiente, también utilizó este argucia de denuncia, para que el Consejo de Formación en Educación me separara del cargo con retención en medio sueldo y apertura de sumario, al igual que a la Directora de Artigas. Al menos una de las personas firmantes, había participado en otra ocasión en la presentación de otra denuncia por acaso laboral contra otra Directora. En ambos casos la denuncia tuvo claras  motivaciones políticas y hubo un accionar protagónico protagónico de  miembros del Consejo de Formación Docente,  no se pudo acceder fácilmente a la denuncia, o se agregaron denuncias inclusive sin que los denunciados conocieran las pruebas.

En mi caso, aunque se peticionó el otorgamiento de copia del expediente, la repuesta fue negativa por parte de la Secretaria General, por lo cual se tuvo que recurrir a formular una solicitud de acceso público a la información en el marco de la ley de acceso público ante la ANEP.   Como defenderse sin poder tener el expediente de la denuncia plantea tanto una arbitrariedad absoluta como una clara indefensión jurídica.

En nuestro sistema educativo, conflictivizado y politizado y bajo una gobernanza de gremialistas, la norma es usada claramente como instrumento político. Estas denuncias de acoso laboral, casi que de cumplir el trabajo, son  utilizadas por las autoridades para apartar, sancionar o desgastar a funcionarios y directores críticos de la línea de gestión o incómodos. La herramienta se torna una forma de disciplinamiento político administrativo encubierto y arbitrario, y se apoya en la falta de pruebas directas sino de supuestos afectados que reciben la solidaridad de sus compañeros de trabajo por motivos políticos, y con acción activa de su supervisor directo. Así, este marco de protección planteado para verdaderos acosos es vulnerable a denuncias infundadas o maliciosas. Aunque la ley y sus protocolos reglamentarios abordan el tema de las denuncias falsas o maliciosas, y disponen que si se comprueba que es infundada y se actuó pretendiendo incurrir en error, hay consecuencias para el denunciante, probar la malicia es un estándar jurídico alto. Por suerte el Código Penal prevee caminos para sanciones

Así, una normativa que busca proteger la dignidad laboral, en su aplicación práctica con intereses políticos y sindicales cruzados, como el educativo, se  volvió  instrumento de disciplinamiento y para sacar a directores por concurso por política.