El PIT-CNT presentó su propuesta para cobrar un impuesto al 1 % más rico de la población

La iniciativa busca introducir una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF), no un impuesto completamente nuevo.

El umbral que marca quién paga: personas físicas cuyo patrimonio fiscal supere el millón de dólares. Esa cota sería considerada —aproximadamente— “el 1 % más rico” de Uruguay.

La recaudación derivada de esta sobretasa se depositaría en un fondo estatal destinado a financiar políticas específicas para reducir la pobreza infantil y adolescente.

Según las estimaciones presentadas, la medida alcanzaría a unas 25.000 personas con patrimonio alto.

El documento técnico plantea esquemas progresivos (es decir, tasas crecientes según el nivel de patrimonio) —no una tasa única — con alícuotas que podrían llegar hasta un 1,5 %.
La propuesta incluye salvaguardas: los activos productivos quedarían excluidos de la sobretasa; se gravarán preferentemente bienes de “riqueza acumulada” (inmuebles, capital financiero, inversiones, etc.), no los bienes ligados a la producción económica.
Como señaló la central sindical, la propuesta no debe entenderse como un plan cerrado sino como un “punto de partida” para un debate más amplio sobre la estructura impositiva y la distribución de la riqueza en el país.

 Qué pretende lograr — Motivaciones de fondo

Según el PIT-CNT, la medida apunta a combatir la desigualdad estructural y a que quienes concentran una parte significativa de la riqueza del país contribuyan proporcionalmente más.
El objetivo inmediato es reducir la pobreza infantil y adolescente. En 2024 se estimó que la incidencia de pobreza para niños de 0 a 6 años rondaba el 32,2 %.La central argumenta que la acumulación de riqueza en pocas manos convive con niveles elevados de pobreza, lo que considera “injusto” y “insostenible” desde lo social y ético.
También se plantea como un paso hacia una reforma más amplia del sistema tributario uruguayo, haciéndolo más progresivo.
Qué se dice desde distintos sectores

Entre quienes apoyan la medida, algunos sectores de la izquierda (como el Partido Socialista) la califican como “viable, justa y necesaria”.

Por otro lado, hay economistas que advierten que la carga tributaria en Uruguay ya es alta y sugieren que, en lugar de crear nuevos impuestos, debería optimizarse el gasto público.

Críticos señalan que una sobretasa al patrimonio puede incentivar la evasión, el traslado de capitales o la migración fiscal, poniendo en riesgo la recaudación esperada.

También hay cuestionamientos respecto a la eficiencia: algunos argumentan que recaudaciones adicionales no garantizan per se una mejora en las condiciones estructurales de pobreza infantil, sin una gestión pública efectiva.
Recientemente, un dirigente con pasado económico —Mario Bergara— consideró que la propuesta “es razonable” y que no necesariamente implicaría una fuga de inversiones, lo que muestra que también hay apoyos fuera del tradicional espectro sindical/político.

Estimar patrimonios elevados con precisión siempre es difícil, por lo que la recaudación esperada (y su distribución) está sujeta a incertidumbres. El propio documento admite que los cálculos sobre recaudación “son complejos” por la falta de información completa.
La efectividad de la medida depende de que los recursos sean administrados con transparencia, y que el fondo estatal realmente se canalice hacia políticas sociales eficaces. La corrupción, la mala gestión o decisiones arbitrarias podrían reducir su impacto.
Esta sobretasa podría repercutir en inversiones, aunque sus defensores sostienen que afecta principalmente al patrimonio no productivo. Pero ese equilibrio siempre está en tensión.Más allá del tributo puntual, la propuesta abre la puerta a un debate más amplio: ¿cómo construir un sistema tributario más equitativo y sostenible? ¿Qué otras reformas estructurales acompañarán esta medida para que tenga un impacto social real?