El silencio del Palacio: crónica de un poder sin voz

En el viejo Palacio Piria, donde alguna vez resonaron los ecos solemnes de la justicia, hoy se escuchan los pasos arrastrados de los funcionarios que apagan las luces antes del mediodía para ahorrar energía. No es una metáfora ni una exageración: es el síntoma visible de una enfermedad institucional que avanza en silencio, como esas dolencias que los viejos médicos del interior llamaban “mal de la austeridad”.

El Poder Judicial uruguayo, que alguna vez fue el orgullo de una república que presumía de su equilibrio entre los tres poderes, lleva años sobreviviendo con un presupuesto que apenas le alcanza para mantener abiertas sus puertas. En un país que destina millones a carreteras, subsidios y campañas de imagen, los juzgados del interior aún se sostienen con escritorios carcomidos y expedientes que se amontonan en pasillos sin ventilación. No hay papel, no hay tinta, y a veces —lo juran los propios jueces— tampoco hay justicia.

El drama no es nuevo, pero sí cada vez más visible. Los jueces ganan menos que los gerentes de empresas estatales, los defensores públicos trabajan con veinte causas por día, y los edificios de los tribunales parecen escenarios detenidos en los años sesenta. En medio de todo, el gobierno y el Parlamento discuten el presupuesto con la frialdad de quien revisa una planilla de gastos domésticos. Nadie parece advertir que un poder judicial pobre es una república herida.

Gabriel García Márquez decía que los pueblos se parecen a sus tribunales: cuando los jueces hablan bajo, la corrupción grita. En Uruguay, la justicia habla cada vez más bajo. No porque haya perdido la voz, sino porque se le ha recortado el aire. Los funcionarios judiciales marchan por la avenida 18 de Julio con carteles que piden lo que antes era un derecho elemental: recursos para trabajar, no favores. Pero la burocracia ministerial responde con el mismo murmullo de siempre: “no hay fondos”.

La paradoja es cruel. En un país donde se discute la transparencia y el combate al delito, el poder encargado de garantizar esos principios se encuentra al borde de la anemia presupuestal. Las fiscalías carecen de técnicos, las pericias se demoran meses, los expedientes se digitalizan a medias y los procesos judiciales envejecen como vino agrio. Las víctimas esperan justicia; los victimarios, prescripción.

Quizás algún cronista del futuro narre que esta fue la época en que el poder judicial se volvió invisible. No porque dejara de existir, sino porque fue cubierto por la pátina del olvido. Los uruguayos siguen creyendo en la justicia como idea, pero desconfían de ella como institución. Y esa distancia —ese desencuentro entre la fe y la realidad— es lo que marca el fin de una época y el comienzo de otra, más incierta.

El Palacio Piria, con su fachada majestuosa y sus vitrales apagados, parece una metáfora de todo el sistema: grandioso por fuera, agotado por dentro. Allí donde antes se proclamaban sentencias con solemnidad, hoy se oyen los lamentos de quienes deben administrar justicia sin las herramientas mínimas. Y en ese silencio institucional, cada recorte presupuestal se convierte en una puñalada al corazón mismo de la democracia.

Porque sin justicia no hay república, y sin presupuesto no hay justicia. Lo demás —los discursos, los actos, los informes— son solo literatura administrativa. De la peor clase: la que se escribe para justificar el olvido.