Empresas públicas

La sola idea de colocar ventas de acciones de las empresas del Estado, sea en micro o en macro, es entrar en un mercado económico de privatizaciones de las empresas públicas uruguayas hoy mayoritariamente rentables.

Esto reabre un debate en Uruguay que parecía saldado, al menos en términos políticos. Más aún si se plantea una excepción selectiva, como el caso de Ancap, históricamente cuestionada por su desempeño financiero. El impacto económico de una decisión de este tipo no puede medirse únicamente en términos de ingresos inmediatos: implica revisar la arquitectura productiva, fiscal y social del país.

Empresas como UTE, Antel y OSE no solo generan resultados positivos en sus balances, también cumplen funciones estratégicas en la regulación de precios, la universalización de servicios y la estabilidad macroeconómica. Privatizarlas -total o parcialmente- implicaría transferir al sector privado no solo activos, sino también capacidades de intervención que hoy están en manos del Estado.

Empresas públicas: mucho más que balances

Desde una perspectiva estrictamente fiscal, la venta de estas empresas podría representar un ingreso extraordinario para las arcas públicas. En un contexto de restricciones presupuestarias, esa inyección de recursos podría destinarse a reducir deuda o financiar políticas sociales. Sin embargo, ese beneficio sería, por definición, transitorio. A cambio, el Estado perdería flujos constantes de ingresos futuros, provenientes de utilidades que hoy contribuyen al financiamiento público. Es el clásico dilema entre liquidez inmediata y sostenibilidad a largo plazo.

Pero el impacto económico no se agota en las cuentas fiscales. Las empresas públicas uruguayas han sido históricamente instrumentos de política económica. UTE, por ejemplo, ha liderado la transformación de la matriz energética hacia fuentes renovables, posicionando a Uruguay como un referente internacional. Antel ha impulsado la expansión de la fibra óptica y el acceso a internet de alta velocidad, reduciendo brechas digitales. OSE garantiza el acceso al agua como un derecho, no como un bien de mercado.

La privatización podría alterar estos equilibrios. Las empresas privadas, por definición, responden a incentivos de rentabilidad. Si bien pueden ser más eficientes en ciertos aspectos, también tienden a concentrarse en segmentos más lucrativos, dejando en segundo plano aquellas áreas menos rentables pero socialmente necesarias. Esto podría traducirse en aumentos de tarifas, reducción de inversiones en zonas periféricas o una menor capacidad de respuesta ante crisis.

El caso de Ancap introduce una variable adicional. Su exclusión del proceso de privatización sugiere un reconocimiento implícito de sus debilidades estructurales, pero también plantea una contradicción: si el criterio es la eficiencia, ¿por qué mantener en manos del Estado la empresa más cuestionada y desprenderse de las más sólidas? Esta selectividad podría interpretarse más como una decisión política que económica, lo que añade incertidumbre al proceso.

En el plano macroeconómico, la entrada de capitales privados -especialmente si son extranjeros- podría tener efectos positivos en términos de inversión y modernización tecnológica. Sin embargo, también implicaría una mayor salida de utilidades hacia el exterior, afectando la balanza de pagos.

No menos relevante es el impacto en el empleo. Las empresas públicas uruguayas son importantes generadoras de trabajo, con condiciones laborales que suelen estar por encima del promedio del sector privado.

Procesos de privatización en otros países han estado acompañados de reestructuraciones, reducción de plantillas y cambios en las condiciones laborales. Esto no solo tiene implicancias sociales, sino también efectos económicos, al afectar el consumo interno.

Lecciones del espejo internacional

La experiencia internacional ofrece lecciones ambivalentes. En algunos casos, las privatizaciones han mejorado la eficiencia y la calidad de los servicios. En otros, han generado concentración de mercado, aumento de tarifas y conflictos regulatorios. La clave suele residir en el diseño institucional: marcos regulatorios sólidos, organismos de control independientes y contratos bien estructurados. Sin estos elementos, el riesgo de capturas regulatorias y abusos de posición dominante se incrementa.

En Uruguay, además, existe un componente cultural y político difícil de soslayar. Las empresas públicas forman parte de la identidad nacional y han sido defendidas en instancias plebiscitarias. Cualquier intento de privatización enfrentaría no solo desafíos técnicos, sino también una fuerte resistencia social y sindical. Este factor puede traducirse en incertidumbre política, con efectos sobre la inversión y la estabilidad económica.

Por otro lado, es necesario preguntarse si el problema que se busca resolver es realmente la propiedad de las empresas o su gestión.

Análisis en cifras

En conjunto, las principales empresas públicas -UTE, Antel y OSE- han registrado en los últimos años utilidades anuales que oscilan entre los 500 y 900 millones de dólares, dependiendo del ejercicio y de factores como el precio de la energía o el nivel de inversiones. Solo Antel ha llegado a aportar en algunos años más de 300 millones de dólares en ganancias, mientras que UTE ha tenido ejercicios con utilidades superiores a los 400 millones.

Estos resultados no son marginales: representan entre 1% y 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En términos fiscales, las transferencias de utilidades de estas empresas al Estado equivalen a una porción relevante del financiamiento público, comparable al presupuesto anual de varios ministerios.

La privatización implicaría, en el mejor de los casos, un ingreso extraordinario por la venta de activos. Estimaciones conservadoras ubican el valor conjunto de estas empresas en un rango de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, dependiendo del porcentaje accionario ofrecido, las condiciones del mercado y el apetito de los inversores. Esa cifra podría reducir la deuda pública -que ronda el 65% del PIB- en varios puntos porcentuales en el corto plazo.

Sin embargo, el costo de oportunidad es significativo. Si el Estado deja de percibir, por ejemplo, 700 millones de dólares anuales en utilidades, en una década habrá resignado ingresos equivalentes a 7.000 millones de dólares, sin contar el crecimiento potencial de esas ganancias. Es decir, en términos dinámicos, la venta podría “pagarse sola” en menos de 15 años, dejando luego una pérdida neta de recursos para el sector público.

Empleo supera los 30.000 trabajadores

En el plano del empleo, las empresas públicas concentran a más de 30.000 trabajadores directos. UTE emplea a unos 6.500 funcionarios, Antel a cerca de 5.000, y OSE a más de 4.000, a lo que se suman miles de empleos indirectos. Experiencias comparables en la región muestran que procesos de privatización suelen implicar reducciones de entre 10% y 30% de las plantillas, lo que podría traducirse en la pérdida de entre 3.000 y 9.000 puestos de trabajo.

Otro dato clave es el peso de estas empresas en la inversión pública. En algunos años, han representado hasta el 40% de la inversión estatal total, especialmente en infraestructura energética y telecomunicaciones. La eventual privatización podría mantener o incluso aumentar esos niveles de inversión, pero con un cambio de lógica, orientada prioritariamente a la rentabilidad y no necesariamente a la cobertura universal.

Uruguay se enfrenta así a una encrucijada. Privatizar no es solo vender activos, es redefinir el rol del Estado en la economía. Y esa es una decisión que, más allá de sus impactos financieros, condiciona el modelo de país. En un contexto global incierto, donde la intervención estatal ha vuelto a ganar relevancia, desprenderse de empresas estratégicas podría ser, más que una oportunidad, un riesgo difícil de revertir.

La discusión, por tanto, exige profundidad, evidencia y, sobre todo, una mirada de largo plazo. Porque lo que está en juego no es únicamente el balance de un ejercicio fiscal, sino la capacidad de Uruguay para sostener un desarrollo inclusivo, equilibrado y soberano en las próximas décadas.