Es inviable cerrar la Caja Profesional sin generar una grave crisis

¿Es viable cerrar la Caja de Profesionales sin generar una grave crisis? A primera vista, la pregunta parece técnica; al analizarla, se convierte en una decisión política que toca bienestar, confianza y estabilidad fiscal. La Caja de Profesionales (CJPPU) no es un organismo marginal: reúne a decenas de miles de afiliados y administra derechos previsionales construidos por décadas. Su función y dimensión —histórica y operativa— deben ser el punto de partida del debate.

Cerrar una institución así no es sólo apagar una oficina: implica reubicar pasivos (jubilaciones y pensiones), reasignar activos y —sobre todo— garantizar que las personas que hoy cobran una prestación mantengan ingresos. En Uruguay, donde la seguridad social es pilar de la estabilidad social, cualquier cambio abrupto en un subsistema previsional puede desatar un efecto dominó: demandas judiciales, reclamos masivos, presión fiscal adicional y pérdida de confianza entre profesionales que aportan hoy. Eso por sí solo aconseja prudencia extrema.

Los datos recientes muestran además que la Caja enfrenta problemas de sostenibilidad que han obligado a la intervención política: durante 2025 se aprobaron medidas y transferencias estatales extraordinarias para evitar un colapso inmediato, con desembolsos presupuestados por el Ejecutivo para sostener prestaciones en el corto plazo. Ese “salvataje” revela dos cosas: primero, el déficit no es hipotético; segundo, el cierre sin un plan alternativo sería caro y caótico.

¿Entonces, es imposible? No necesariamente, pero exigirá condiciones que hoy no están garantizadas. Para cerrar la Caja sin crear una crisis habría que:

• diseñar una transición ordenada de pasivos y activos (quién asume las jubilaciones actuales y cómo se financia esa asunción),
• garantizar que los aportes acumulados no se pierdan ni se pulvericen por cambios administrativos,
• ofrecer mecanismos legales y contractuales que eviten litigios masivos, y
• disponer de fuentes de financiamiento claras y sostenibles para cubrir déficits transitorios.

Sin esas garantías, el resultado más probable es un aumento de la carga fiscal o la reducción de prestaciones, con impacto directo en cientos de beneficiarios y efecto político inmediato.

Además, el cierre no resolvería los problemas estructurales que llevaron a la crisis: composición demográfica, régimen de aportes, evasión, y cómo interactúa la Caja con el resto del sistema previsional (BPS y otros regímenes). Es decir: cerrar puede ser una decisión de forma que deja intacta la causa de fondo. El desafío razonable es más bien una reforma profunda y transicional, que preserve derechos adquiridos y mejore la sostenibilidad.

Cerrar la Caja de Profesionales sin una arquitectura legal y financiera robusta es una receta para una grave crisis social y fiscal. La alternativa responsable pasa por combinar reformas estructurales, políticas de ajuste pactadas con los afiliados y, si hace falta, intervenciones temporales financiadas con claridad. Si el objetivo es proteger a los afiliados y al Estado, la discusión debe ser menos ideológica y más técnica, con prioridad absoluta en no transferir el costo del ajuste al bolsillo de quienes hoy dependen de esas jubilaciones.